MADRID — Ya tienen nombre las dos víctimas italianas del accidente ferroviario de Urda, en la provincia de Toledo (en el centro de España), ocurrido el 28 de octubre, en el que murieron al menos 69 personas.

Así lo confirmaron a Ansa, la principal agencia de noticias italiana, fuentes al tanto del caso. Se trata de la italoargentina Ana Martina Conte Grand, de 32 años, oriunda de San Juan, que vivía en Andalucía desde 2025. Su hermano, que viajaba con ella en uno de los dos trenes involucrados, resultó herido. La segunda italiana identificada es Daniela Millán Parlanti, de 40 años, italovenezolana nacida en Caracas.

Ambas víctimas fueron identificadas a partir de sus huellas dactilares y su ADN. Sus familias reciben asistencia de las autoridades españolas – que habían montado un centro de atención para los familiares de las víctimas y de los desaparecidos en la Casa Sacerdotal de Toledo – y del Consulado General de Italia en Madrid, en nombre de la Embajada de Italia en España y de la Farnesina (la Cancillería italiana).

El trágico accidente ocurrió a las 8:53 (4:53 en la Argentina) del 28 de octubre, cuando un AVE, el tren de alta velocidad de la empresa estatal Renfe, chocó contra una formación de la compañía privada Iryo que estaba detenida sobre la vía, en la línea Madrid-Sevilla.

Ana Martina Conte Grand, de 32 años, italoargentina y oriunda de San Juan, había llegado a España con sus padres para visitar a su hermano Jeremías, de 36 años, radicado en Torrejón, en la Comunidad de Madrid, a quien no veía hacía dos años, y para conocer a su bebé de pocos meses. Tenía raíces piamontesas: su bisabuelo era de la provincia de Turín y algunos parientes lejanos por línea materna todavía viven en Alba, en el Piamonte (noroeste de Italia). Era podóloga, egresada de la Universidad de Buenos Aires.

Conte Grand fue una de las dos víctimas argentinas de la tragedia. La otra fue Agustín Randazzo, porteño de 51 años, radicado en España desde 2002, que viajaba por trabajo en el coche ocho del AVE. Su muerte se confirmó el jueves 29 de octubre.

La italovenezolana Daniela Millán Parlanti, de 40 años, había nacido en Caracas en una familia oriunda de Montecatini Terme, en la provincia toscana de Pistoia. Vivía en Madrid desde 2019 con su pareja y sus hijos. Trabajaba para Philips España en el área de tecnologías médicas. El día de la tragedia viajaba a Sevilla por motivos laborales.

Durante días, su familia buscó desesperadamente noticias suyas, con pedidos de ayuda en las redes sociales y volantes con su foto. Hasta que el domingo 1° de noviembre se confirmó su identificación entre las víctimas.

Con Ana Martina y Daniela, ascendían a 66 de 69 las víctimas identificadas por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real, según informó el Centro Integrado de Datos (CID), el organismo que centraliza la información oficial sobre las víctimas. El lunes 2 de noviembre, el CID completó la identificación de los 69 fallecidos: 54 españoles y 15 extranjeros.

En cuanto a los heridos, según el último parte sanitario del gobierno de Castilla-La Mancha (la comunidad autónoma, algo así como una provincia argentina, donde ocurrió el choque), 26 personas seguían internadas este martes a la mañana en hospitales de esa región, siete de ellas en terapia intensiva. Son tres menos que el lunes. En la Comunidad de Madrid, otras diez permanecían internadas, según el último dato oficial.

Una avería del sistema de seguridad y control ferroviario LZB (de origen alemán, regula en forma automática la velocidad y la distancia entre los trenes) habría desencadenado una cadena de fallas que terminó en un presunto error humano en el centro de control de Adif, la empresa estatal que administra la infraestructura ferroviaria española, en Madrid.

Según explicó el viernes 30 de octubre el ministro de Transportes español, Óscar Puente, el LZB registró 170 interrupciones desde comienzos de 2026. “La caída no es infrecuente – afirmó – y el sistema de seguridad está diseñado para gestionarla”.

Sin embargo, tras la caída del LZB, desde el centro de control se habría ordenado primero al AVE y después a la formación de Iryo reanudar la marcha “a velocidad normal”, en lugar de avanzar “a la vista”, a 40 km/h, como establece el procedimiento.

Iryo, la empresa privada en la que participa FS International (la rama internacional de Ferrovie dello Stato, los ferrocarriles estatales italianos), pidió a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) de España que revise los protocolos de seguridad.

La propuesta de Iryo de modificar los protocolos, con una reanudación de la marcha a no más de 40 km/h, coincide con los reclamos del Semaf, el sindicato español de maquinistas. Por su parte, también la estatal Renfe trabaja en un documento con instrucciones para sus conductores, que indica no retomar la circulación a velocidad ordinaria si se interrumpe el sistema LZB.

En una carta a la AESF, Iryo pidió en particular limitar a 40 kilómetros por hora la velocidad de los trenes de alta velocidad cuando, por una falla, deja de funcionar el sistema automático de protección y seguridad LZB y la circulación pasa al sistema BSL (bloqueo de señalización lateral), con protección ASFA (el sistema básico español de frenado automático ante señales), lo que en la jerga técnica se llama “circulación en modo degradado”. Según fuentes de la empresa citadas por la agencia española EFE, se pide “reevaluar” las condiciones de operación cuando cae el LZB.

Este martes 3 de noviembre, el Consejo de Ministros español aprobó un real decreto-ley (una norma de emergencia con fuerza de ley que dicta el Poder Ejecutivo) con 30 millones de euros para las víctimas: 15 millones en ayudas directas y otros 15 en adelantos de las indemnizaciones de los seguros. La familia de cada fallecido recibirá 72.121 euros de ayuda directa y una suma igual como anticipo del seguro.

Ese mismo día, Puente se presentó ante la Diputación Permanente del Congreso, el único órgano parlamentario en funciones tras la disolución de las Cortes por las elecciones generales anticipadas del 29 de noviembre, en medio de pedidos de renuncia de la oposición y de aliados del gobierno de Pedro Sánchez. Allí anunció que la línea Madrid-Sevilla podría volver a funcionar en un plazo máximo de diez días desde que la jueza que investiga el caso autorice las obras de reconstrucción en Urda.

Se trata del accidente ferroviario más grave en España desde el de Angrois, en Galicia, que en 2013 dejó 80 muertos, y del segundo en la red de alta velocidad en apenas diez meses: en enero, el choque de Adamuz, en Córdoba, sobre la misma línea, había causado 46 víctimas fatales.