BUENOS AIRES — La Corte Suprema argentina volvió a quedar en el centro de la polémica por la llamada ley de tierras. El martes 6 de octubre, sus tres integrantes —Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— no alcanzaron un criterio común frente a un nuevo reclamo y resolvieron sumar a dos conjueces, magistrados de otros tribunales que se incorporan para completar las mayorías.

El sorteo, realizado entre los presidentes de las cámaras federales de apelaciones, designó al juez de Casación Diego Barroetaveña y al camarista de Mendoza Juan Ignacio Pérez Cursi. El tribunal tiene cinco cargos, pero hoy funciona con solo tres jueces, de modo que cualquier diferencia entre ellos deja sin votos suficientes para fallar.

Para entender el conflicto hay que volver a 2011, cuando el Congreso sancionó la ley 26.737, que limitaba la propiedad extranjera de tierras rurales: fijaba un tope del 15 por ciento a nivel nacional, provincial y departamental y un máximo de mil hectáreas por titular en la zona agrícola más productiva del país. A fines de 2023, apenas asumido, el presidente Javier Milei derogó esa norma por medio del artículo 154 del DNU 70/2023, un decreto de necesidad y urgencia, la herramienta que permite al Ejecutivo legislar en casos excepcionales sin pasar por el Congreso.

La derogación fue frenada en la Justicia. El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim), una agrupación de veteranos de la guerra de 1982, presentó un amparo, y en 2024 la Cámara Federal de La Plata declaró inconstitucional ese artículo. El 29 de septiembre pasado, la Corte revocó ese fallo por unanimidad con un argumento procesal: el Cecim no estaba legitimado para presentar la demanda.

El resultado práctico fue inmediato. Desde entonces no rige ningún límite para que personas, empresas o Estados extranjeros compren tierras rurales en el país.

Los excombatientes acusaron al tribunal de haberle resuelto al gobierno un problema político, juristas y dirigentes de la oposición cuestionaron la decisión y hubo protestas frente a la Corte.

Dos días después del fallo circuló un comunicado en el que el tribunal aclaró que solo había resuelto una cuestión de legitimación y no de contenido, que la constitucionalidad de la derogación seguía pendiente y que otras personas podían pedir medidas cautelares. El texto también apuntó contra quienes, para presionar, promovían “discursos de odio y descalificación en las redes sociales”. El documento no se difundió por los canales oficiales y Rosenkrantz no habría participado en su redacción ni la habría consentido.

El nuevo expediente es, en parte, consecuencia de esa aclaración. Lo impulsan la Asociación Civil Árbol de Pie, dos comunidades mapuche —Lafkenche y Lof Fcta Anecon— y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda, que presidió el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Su demanda empezó en un juzgado federal de Bariloche y se tramitó junto con la del Cecim. Ahora piden que la Corte precise si el fallo de septiembre también los alcanza. Sostienen que su legitimación es distinta: no invocan la defensa de la soberanía, sino derechos colectivos ambientales y los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales.

Si la Corte admite que el caso puede seguir, tiene dos caminos: devolver el expediente a los tribunales de La Plata o de Bariloche, o resolver ella misma el pedido de medida cautelar, algo que solo haría ante una urgencia excepcional. Por ahora, la convocatoria de los conjueces no implica ninguna definición sobre el fondo.

La discusión también se juega en el Congreso. En agosto, el gobierno tuvo que retirar del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo que modificaba el régimen de tierras para lograr la media sanción del Senado. Tras el fallo, la oposición amenazó con impulsar el rechazo de todo el DNU 70/2023 en Diputados, aunque todavía no reúne los votos necesarios para sesionar. Mientras tanto, los campos argentinos siguen a la venta sin restricciones para compradores del exterior.