SANTIAGO DE CHILE - Hasta este año, el Estado chileno tenía una sola oficina dedicada a buscar a los niños que fueron arrancados de sus madres y entregados en adopción en el extranjero durante la dictadura de Augusto Pinochet. Se llamaba Unidad de Búsqueda de Orígenes y Familiares de Personas Afectadas por Adopciones Ilegales, Forzadas o Irregulares (Ubafi), dependía del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y se creó en febrero de este año, un mes antes de que terminara el gobierno de Gabriel Boric.

A mediados de año, en el marco de los recortes del gasto público ordenados por Kast, fue desarticulada.

Para las víctimas fue un golpe difícil de asimilar. El ministerio, en cambio, presentó el cierre como un reordenamiento interno destinado a ahorrar recursos y aseguró que la búsqueda no se detuvo.

Ana María Olivares, vicepresidenta de la Fundación Hijos y Madres del Silencio, que reúne a madres e hijos separados por esas adopciones, contó a Prensa Latina que la oficina había recibido presupuesto en enero y “estaba recién inaugurada” cuando la cerraron, y que la Subsecretaría de Derechos Humanos no mostró intención de reabrirla.

El cierre no fue un hecho aislado: en mayo, el gobierno ya le había quitado cerca de un millón de dólares al área que financia el Plan Nacional de Búsqueda de detenidos desaparecidos,y el proyecto de Presupuesto 2027 que envió al Congreso recorta un 25,3 por ciento los fondos del programa Sitios de Memoria.

A partir de las denuncias que recibió, la justicia chilena ya contabiliza más de 23.400 chicos que salieron del país, una cifra que los investigadores consideran muy por debajo de la real. El mecanismo se repetía: mujeres pobres, muchas de ellas mapuche, a las que en el hospital les decían que el bebé había nacido muerto o que no podían mantenerlo.

El destino de esos niños fue, en buena medida, Europa y Estados Unidos. Estados Unidos concentra la mayor cantidad de casos detectados por la fundación, unos 8.000. Le siguen Suecia, con más de 2.200, y la isla italiana de Cerdeña, con alrededor de 500, mientras que en Francia y Dinamarca se cuentan por centenas. En total, ya ubicaron chilenos adoptados en veinte países. El tema también llegó a otros gobiernos: en junio, una comisión oficial de Noruega reconoció que entre 1985 y 2016 ese país recibió 314 menores chilenos adoptados de manera irregular.

En los tribunales, los avances llegaron tarde y son pocos. Recién en 2025 la justicia chilena dio por probado que durante el régimen funcionó una red de tráfico de niños, y sometió a proceso a cinco personas por sustracción de menores, las primeras en esa situación. Los reencuentros también son escasos: según el Poder Judicial, apenas un millar de los niños adoptados de forma irregular en la dictadura pudo reencontrarse con su familia. Por su parte, la fundación asegura haber facilitado unos 400 reencuentros con su trabajo.

Con el Estado en retirada, las madres buscaron ayuda del otro lado de la cordillera. Esta semana, cuatro integrantes de Hijos y Madres del Silencio viajaron a Buenos Aires para firmar un convenio de cooperación con Abuelas de Plaza de Mayo.

Del lado argentino firmaron la vicepresidenta del organismo, Buscarita Roa, que nació en Chile, y su secretario, Manuel Goncalves, uno de los nietos que recuperaron su identidad. Lo que las chilenas buscan en las Abuelas, después de casi cinco décadas de trabajo, es sobre todo un método. 

La fundación le hace dos pedidos al gobierno chileno: que vuelva a abrir la oficina de búsqueda y que ponga en marcha el Banco de Huellas Genéticas, un registro de ADN pensado para cruzar datos de madres e hijos y facilitar los reencuentros.

El Estado se comprometió en febrero a ponerlo en funcionamiento, pero según la fundación todavía no opera. Y el tiempo apremia: en los últimos años murieron varias madres sin saber qué había sido de sus hijos, y la mayoría de las que siguen buscando ya son mujeres mayores.