BUENOS AIRES — El consorcio liderado por Rowing presentó la oferta más alta para adquirir el 90% de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la empresa estatal que presta los servicios de agua potable y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano.

La propuesta alcanzó los 340,2 millones de dólares y superó los 285 millones ofrecidos por Roggio Roas, el otro grupo que llegó a la etapa económica de la licitación nacional e internacional convocada por el Ministerio de Economía.

La apertura de los sobres, realizada el 8 de octubre, dejó a Rowing como el candidato mejor posicionado. Sin embargo, la privatización todavía no fue adjudicada. La Comisión de Evaluación deberá revisar la documentación y emitir su dictamen antes de que el Gobierno formalice la transferencia.

El consorcio está integrado por Rowing S.A., la argentina Transclor, la brasileña Arcos Saneamento e Participações y PHX Aqua AR BV, una sociedad radicada en los Países Bajos. La participación internacional permite al grupo acreditar la experiencia operativa exigida por el pliego.

Transclor pertenece al empresario Mauricio Filiberti y abastece desde 2009 a AySA de policloruro de aluminio, un insumo utilizado en la potabilización, según informó Infobae. Si la propuesta resulta adjudicada, uno de los proveedores de la empresa pasará a formar parte de su grupo controlador.

La operación comprende la totalidad de las acciones estatales, equivalentes al 90% del capital. El 10% restante continuará en manos de los empleados mediante el Programa de Propiedad Participada. AySA mantendrá su estructura societaria, sus obligaciones y el contrato para prestar el servicio.

El proceso fue autorizado por la Ley Bases y reglamentado mediante el Decreto 494/2025. En mayo de este año, el Ministerio de Economía lanzó la licitación sin establecer un precio mínimo. Tras superar la evaluación técnica, los dos consorcios compitieron exclusivamente mediante el monto ofrecido.

La propuesta de Rowing quedó por debajo de los 450 millones de dólares que el Ministerio de Economía esperaba recaudar, según publicó La Nación. El precio de referencia elaborado por el Banco de Inversión y Comercio Exterior no era vinculante y permaneció reservado hasta la apertura de los sobres.

El futuro concesionario deberá ejecutar entre 2027 y 2031 un Plan de Acción valuado en 2,89 billones de pesos, a precios de diciembre de 2025 y sin IVA. El programa distribuye 1,13 billones en obras, 1,15 billones en mantenimiento, 315.761 millones en mejoras y 296.166 millones en gastos de operación.

El Gobierno presentó esas obligaciones como inversiones superiores a los 2.000 millones de dólares. La conversión, sin embargo, varía según el tipo de cambio utilizado. Las estimaciones publicadas por medios nacionales ubican el programa entre 1.878 y 1.940 millones de dólares.

Las metas iniciales de expansión son limitadas. Para 2031, la cobertura de agua deberá alcanzar el 75,3% del área concesionada y la de cloacas, el 63,9%. Los niveles actuales se encuentran alrededor del 74,5% y el 63%, respectivamente. Los objetivos más ambiciosos, de 90% para agua y 75% para saneamiento, deberán cumplirse al finalizar los 30 años de concesión, con posibilidad de una prórroga de diez años.

Durante el primer ciclo tarifario, el contrato prevé que las tarifas permanezcan estables en términos reales. Esto permitirá actualizaciones vinculadas con la inflación y las excepciones establecidas en el acuerdo. Entre diciembre de 2023 y septiembre de 2026, las boletas acumularon un incremento del 538%, mientras que alrededor de 1.200 trabajadores dejaron la compañía mediante retiros voluntarios, según publicó El País.

El Ministerio de Economía justificó la privatización por los 13.400 millones de dólares que AySA recibió del Tesoro entre 2006 y 2023, las pérdidas de agua no contabilizada y los problemas de cobertura. El Ejecutivo sostiene que el ingreso de capital privado permitirá reducir la dependencia de fondos públicos.

El Ente Regulador de Agua y Saneamiento deberá controlar anualmente el cumplimiento del contrato. Las inversiones tendrán que ser certificadas por un auditor técnico independiente y los incumplimientos graves podrán derivar en multas o en la pérdida de la concesión.

AySA volverá a manos privadas dos décadas después de su creación, en 2006, tras la rescisión del contrato con el grupo francés Suez.