BUENOS AIRES – La Justicia argentina sigue avanzando en la investigación sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con nuevos elementos surgidos de las testimoniales tomadas en los últimos días en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Después del levantamiento del secreto fiscal y bancario dispuesto por el juez federal Ariel Lijo, el expediente está ahora puesto en reconstruir en detalle las operaciones financieras e inmobiliarias del funcionario, de su esposa Bettina Angeletti y de la firma AS Innovación Profesional.

Uno de los puntos centrales pasa por las declaraciones de Graciela Molina de Cancio y de su hija Victoria Cancio, ambas integrantes de la Policía Federal Argentina, que fueron escuchadas por el fiscal Gerardo Pollicita. Las dos mujeres confirmaron haberle otorgado a Adorni y a su esposa un financiamiento directo —por fuera del sistema bancario— de 100.000 dólares en noviembre de 2024 para la compra del departamento de Avenida Asamblea, en el barrio de Parque Chacabuco.

Según indicaron, al funcionario todavía le quedarían por pagar 70.000 dólares, además de los intereses. El acuerdo contemplaría una cuota mensual, con vencimiento final en noviembre de este año y una tasa anual del 11%. Del total, 85.000 dólares habrían sido aportados por Molina y 15.000 por su hija.

Ahora los investigadores intentan establecer si ambas contaban efectivamente con la capacidad económica necesaria para entregar esa suma, además de reconstruir la trazabilidad del dinero utilizado en las operaciones inmobiliarias.

Distinta es la versión de la escribana Adriana Nechevenko, quien certificó las operaciones vinculadas tanto al departamento como a la casa comprada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

De acuerdo con su testimonio, no habría existido un préstamo en efectivo: la operación se habría instrumentado como una compraventa con pago en cuotas, lo que configuraría un financiamiento directo entre las partes y no un aporte de capital externo. La profesional además descartó irregularidades y definió las operaciones como “normales”.

También sigue bajo análisis la segunda operación inmobiliaria, vinculada al departamento de unos 200 metros cuadrados de la calle Miró, en el barrio de Caballito. Para el miércoles 15 de abril está prevista la declaración de Beatriz Alicia Viegas, de 72 años, y Claudia Bibiana Sbabo, de 64, señaladas como vendedoras y acreedoras hipotecarias.

Según consta en el expediente, ambas jubiladas habían comprado la propiedad en mayo de 2025 por 200.000 dólares al exfutbolista Hugo Morales, para luego revendérsela seis meses después a Adorni y Angeletti por 230.000 dólares, otorgando al mismo tiempo una hipoteca no bancaria de 200.000 dólares. Morales ya declaró la semana pasada por videoconferencia.

Con el secreto fiscal ya levantado, la magistratura le pidió a ARCA y al Banco Central información detallada sobre movimientos financieros, ingresos declarados y patrimonio de las personas involucradas desde 2022. En paralelo, también se analizarán los teléfonos celulares de las testigos para detectar eventuales comunicaciones de interés para la causa.

El objetivo de la investigación es determinar si existe coherencia entre las operaciones informadas y la verdadera capacidad económica de los protagonistas, además de establecer con precisión qué tipo de financiamiento se utilizó en las compras inmobiliarias del jefe de Gabinete.