RÍO GALLEGOS - El Gobierno nacional dictó la conciliación obligatoria por 15 días en el conflicto petrolero de Santa Cruz y frenó, al menos de manera momentánea, el paro por tiempo indeterminado que había lanzado el sindicato del sector. La medida desactiva la protesta en lo inmediato, pero deja intacto el trasfondo de una crisis que viene acumulando tensión en la principal actividad económica de la provincia.

El paro había sido definido en una asamblea masiva con más de 6.000 trabajadores del Sindicato de Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables (SIPGER), en un contexto marcado por la caída de la actividad, la falta de inversiones y el temor creciente por la pérdida de puestos de trabajo. La medida amenazaba con paralizar la producción en los yacimientos y encendió alarmas tanto en el ámbito nacional como provincial.

La conciliación obligatoria, dispuesta por la Secretaría de Trabajo, obliga al gremio a suspender la medida de fuerza y a las empresas a no tomar represalias, mientras se abre una instancia de negociación. El objetivo oficial es evitar una escalada del conflicto en un sector considerado estratégico, pero el escenario de fondo aparece mucho más complejo.

Uno de los puntos centrales del reclamo sindical es la falta de perforación. Según advierten desde el gremio, en Santa Cruz no se registra actividad de nuevos pozos desde hace casi dos años, lo que impacta directamente en la producción y en la estabilidad laboral. A eso se suma el cuestionamiento a las operadoras por el incumplimiento de compromisos de inversión asumidos en los últimos años.

El conflicto también se inscribe en un proceso más amplio de reconfiguración de la industria. El desplazamiento de inversiones hacia Vaca Muerta y el retroceso en áreas convencionales como las de Santa Cruz profundizaron el deterioro de la actividad, especialmente en zonas donde los yacimientos requieren mayores esfuerzos para sostener los niveles de extracción.

En ese contexto, la provincia enfrenta una doble presión: la necesidad de atraer capitales para reactivar la producción y, al mismo tiempo, contener el impacto social de la caída del empleo en una economía fuertemente dependiente del petróleo.

La tensión alcanza también al plano político. El gobernador Claudio Vidal, con pasado en el sindicalismo petrolero, queda atravesado por un conflicto en el que debe equilibrar la relación con los trabajadores y la necesidad de garantizar inversiones. El reclamo gremial incluso apunta a la posible reversión de áreas a empresas que no cumplan con sus compromisos, lo que suma un elemento adicional de disputa.