PUERTO PRÍNCIPE — El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, envió desde fines de octubre más de 2.000 soldados a Haití, el país más pobre del continente y hoy dominado en buena parte por bandas armadas. La operación nació como una misión de rescate de cuatro técnicos de la Fuerza Aérea salvadoreña desaparecidos en una emboscada, pero en pocas semanas se transformó en una ofensiva abierta contra las pandillas, con helicópteros, blindados y hasta perros robot armados, que el mandatario exhibe a diario en sus redes sociales.
Los cuatro salvadoreños integraban la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por su sigla en inglés), la misión multinacional autorizada por la ONU que reemplazó a la fuerza policial encabezada por Kenia. El 18 de octubre volvían a su base desde un mercado cuando el vehículo blindado en el que viajaban fue atacado con disparos y explosivos en Croix-des-Bouquets, en las afueras de Puerto Príncipe. Días después, la policía haitiana halló los restos calcinados del camión, pero de los técnicos no hay rastro. Un jefe pandillero llegó a afirmar que están muertos, algo que nadie confirmó.
San Salvador respondió por etapas: primero llegaron unos 100 efectivos de fuerzas especiales, luego cerca de 1.000 y, hacia fin de mes, el contingente ya superaba los 2.000. “Ya terminamos con las pandillas en El Salvador, y podemos terminar con ustedes también”, advirtió Bukele en X a las bandas haitianas. El 10 de noviembre anunció que sus helicópteros habían destruido la casa de Wilson Joseph, alias “Lanmò Sanjou”, y el cuartel general de 400 Mawozo, una de las bandas más poderosas del país, que en 2021 se hizo conocida por el secuestro de 17 misioneros estadounidenses y canadienses. Tres días más tarde, una operación conjunta recuperó el estadio Sylvio Cator, en manos de las pandillas desde febrero de 2024, y Bukele anunció que allí funcionará una base para avanzar sobre otros territorios.
El primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, respalda el despliegue y, según la cancillería salvadoreña, fue informado por el propio Bukele. Fils-Aimé aseguró que las fuerzas extranjeras actúan bajo autoridad haitiana y que no llegaron para reemplazar al Estado, mientras Bukele presenta cada operativo como una acción conjunta con la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas de Haití y la Task Force, un grupo armado bajo mando del Gobierno. También República Dominicana, que comparte con Haití la isla La Española, se sumó con apoyo logístico y de inteligencia, y su presidente, Luis Abinader, pidió a la GSF que coordine sus acciones con los salvadoreños.
Detrás de esa coordinación, el marco legal es difuso: según la ONU, apenas unos 200 soldados salvadoreños están bajo jurisdicción de la GSF y el resto opera por fuera de la misión multilateral. Amnistía Internacional reclamó que se haga público el acuerdo que habilitó el ingreso de las tropas. Incluso el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, aliado de Bukele, tomó distancia: aseguró que Washington no participa de la operación y alertó sobre el riesgo de choques armados entre la GSF y los soldados salvadoreños por la falta de una cadena de mando clara. Médicos Sin Fronteras, en tanto, advirtió que la escalada de combates dejó 30 heridos en ocho días, entre ellos mujeres y niños.
El interés de Bukele por Haití viene de marzo de 2024, cuando las bandas unificadas tomaron buena parte de la capital y el mandatario ofreció “arreglar” el país, aunque entonces condicionó su ayuda a un mandato de la ONU. Su carta de presentación es el régimen de excepción que rige en El Salvador desde 2022: con la suspensión de garantías constitucionales y la detención de más del 1% de la población, desarticuló a las maras, a costa de denuncias de abusos masivos por parte de organismos de derechos humanos.
Según analistas consultados por la agencia AP, la ofensiva también responde a la política interna, de cara a las elecciones salvadoreñas de febrero. El Congreso oficialista adelantó a 2027 los comicios previstos para 2029, y Bukele, con una aprobación que supera el 90%, buscará un nuevo mandato tras la eliminación de los límites a la reelección. “Venden una película de los Avengers”, resumió el estratega Roberto Dubón, para quien Haití funciona como campo de prueba de su modelo a escala internacional. Tiziano Breda, de ACLED, anticipa demostraciones rápidas de fuerza antes de una retirada y advierte que el costo puede generar malestar en un país donde una de cada cuatro personas es pobre.
El escenario haitiano, además, es mucho más complejo que el salvadoreño: el país no tiene presidente electo desde el asesinato de Jovenel Moïse en julio de 2021, y desde el 7 de febrero, cuando expiró el Consejo Presidencial de Transición, el Poder Ejecutivo quedó en manos de Fils-Aimé y su gabinete. Las pandillas controlan cerca del 90% de Puerto Príncipe y avanzan sobre zonas rurales.
Según la Organización Internacional para las Migraciones, casi 1,5 millones de personas debieron abandonar sus hogares, y unos 5,9 millones de haitianos sufren hambre aguda. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, contabilizó al menos 5.700 muertos y heridos en lo que va del año. En ese contexto, las elecciones generales, las primeras en una década, volvieron a postergarse, del 13 de diciembre al 18 de julio de 2027, mientras la GSF, que cuenta con apenas unos 2.000 de los 5.500 efectivos previstos, renovó su mandato por seis meses.
La llegada de los salvadoreños despertó entusiasmo en las calles de la capital, donde miles de haitianos marcharon para agradecer a Bukele. Entre los especialistas, en cambio, predomina la cautela: Diego Da Rin, analista de International Crisis Group, duda de que el modelo salvadoreño sea replicable y advierte que la presión de las tropas podría empujar a las bandas rivales a unirse, con un riesgo alto para los civiles si los soldados no operan bajo reglas estrictas.