BUENOS AIRES — En tres días, Massimo Dell’Utri recorrió unos 1.200 kilómetros entre Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Rosario, buena parte del trayecto en minibús. “Volvimos a las excursiones escolares”, bromeó el subsecretario de Relaciones Exteriores de Italia en una entrevista con Il Globo, horas antes de emprender el regreso a Roma. En el camino encontró una colectividad que le recordó a la de Australia, donde la comunidad italiana lo había dejado “maravillado”.

Abogado de formación, Dell’Utri ocupa desde hace seis meses el cargo que dejó Giorgio Silli en la Farnesina, como se conoce a la cancillería italiana. Su delegación principal es la de los italianos en el mundo, pero no es la única. “En mis delegaciones hay un poco de todo: las adopciones internacionales, las relaciones directas con muchos países, entre ellos los de América Central, Canadá, la cuestión de Cuba, México, Australia, Nueva Zelanda”, resumió.

Entre esas tareas figura la vicepresidencia de la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana (IILA), creada por iniciativa de Amintore Fanfani, dirigente democristiano nacido en 1908 que fue varias veces primer ministro de Italia. “Es una realidad hermosísima. Fue una idea genial de Fanfani”, dijo. “Es inimaginable que hace 60 años un hombre haya tenido la genialidad de pensar una iniciativa internacional de representación geopolítica que hoy es actualísima. Es la única mesa donde los 20 países de América Latina, gracias a Italia, se sientan, hablan, porque muchas veces también les cuesta dialogar, y trabajan juntos”.

Otra de sus carpetas, la de asuntos internacionales de mar, energía y ambiente, lo conecta con un tema que en la Argentina tiene nombre propio. “Cuando se habla de energía, la prioridad del G7 y del G20 son los minerales críticos —explicó—. La experiencia de Vaca Muerta es importante para la Argentina, pero con más razón es fundamental para Italia, porque para nosotros la energía, las fuentes alternativas y las renovables son realmente la prioridad”.

A eso se suman el Ártico y la Antártida, en una agenda que, según anticipó, va a estar marcada por las emergencias climáticas en tres grandes áreas del planeta: el Ártico, la Antártida y el Himalaya. “Italia participa con un rol de primer plano en el Arctic Circle”, explicó, en referencia a un foro internacional de diálogo y cooperación sobre el futuro de la región. Además, el país es observador en el Consejo Ártico, un organismo intergubernamental. “Reconocieron que Italia, gracias a las iniciativas que lleva adelante, tiene un rol primario”, afirmó Dell’Utri. “Es más, nos invitaron a asumir un rol de iniciativa en el mundo ártico”.

Pero lo que más lo sorprendió de la gira, contó, fue el fuerte vínculo de la colectividad con Italia. “Lo que más me impactó de toda esta experiencia es el gran sentido de italianidad que hay en todas las comunidades —dijo— . El deseo de Italia y las ganas de reconocerse en todo el patrimonio cultural e intelectual italiano son algo hermoso. Es gratificante para Italia, aunque nosotros no lo entendamos, y también para estas comunidades”.

Ese entusiasmo convive con un clima menos amable. En los últimos dos años, la colectividad ítalo-argentina recibió dos reformas que leyó como un portazo. La primera fue la ley de ciudadanía de 2025, que restringió la transmisión por sangre y que el canciller Antonio Tajani defendió con un argumento que cayó mal en Sudamérica. En septiembre, durante un encuentro con la colectividad en el Círculo Italiano de Buenos Aires, aseguró que muchos solo quieren el pasaporte italiano “para ir a Miami”. La segunda llegó el 8 de octubre, cuando el Parlamento aprobó una nueva ley electoral que fusiona la circunscripción sudamericana con el resto del continente, África, Asia y Oceanía para elegir diputados, y crea una única circunscripción mundial para el Senado.

¿Qué puede decirle un funcionario del gobierno de Giorgia Meloni a una comunidad que siente que Roma le cierra puertas? Dell’Utri eligió un camino doble. Defendió el espíritu de las reformas, pero también subrayó que muchas de esas decisiones no son del gobierno, sino del Parlamento, o vienen de leyes anteriores.

Ante la pregunta de si el Ejecutivo evalúa exigir el idioma para el reconocimiento de la ciudadanía por descendencia, Dell’Utri aclaró primero que se trata de un tema “más legislativo que de gobierno” y que él llegó al cargo después de aprobada la ley. Luego dio su opinión, a título personal. “No es porque hablo o no hablo italiano que soy o no soy italiano”, afirmó. En su recorrida, dijo, encontró a muchos descendientes de segunda y tercera generación (en la Argentina, muchos son incluso de sexta generación) que hablan poco el idioma pero viven su italianidad “por cultura, por tradiciones familiares, por formación y por una visión de la sociedad que no necesariamente está ligada a la lengua”. También planteó un problema práctico. “¿Cómo se demuestra que uno habla italiano? Iríamos hacia un mecanismo de certificaciones o autodeclaraciones muy exigente, si no irrealizable”.

Sobre una eventual modificación de la ley, advirtió: “Quizás le digo algo distinto de lo que dicen todos, pero responde a mi formación de abogado, de alguien que conoce y vive la aplicación práctica”. La norma, recordó, ya resistió dos fallos de la Corte Constitucional italiana y está a la espera de un pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. “Si modificamos un texto que está bajo revisión, corremos el riesgo de cambiarlo en un sentido opuesto al que después indique la Corte”, explicó. Por eso prefiere esperar. Como muestra de que el texto ya se corrigió, citó un cambio introducido durante el trámite parlamentario a favor de los menores de edad: gracias a esa modificación, según le informaron en Rosario, en una sola mañana se presentaron allí 4.000 solicitudes. “Nada es perfecto y todo es perfectible”, dijo, y aseguró que el gobierno no tiene “ninguna objeción de antemano” para revisar otros aspectos.

Admitió, de todos modos, que el malestar existe, aunque lo relativizó. A su juicio, la legislación italiana es todavía “particularmente generosa” en comparación con otras. “Las quejas están, porque es parte de nosotros, los italianos, quejarnos”, dijo con tono distendido. Agregó que la situación cambia según el país, y que en la Argentina muchos abuelos todavía están vivos, a diferencia de Brasil, donde el problema se concentra en la tercera generación.

En materia consular, descartó que haya problemas de funcionamiento. Atribuyó los cambios de personal a rotaciones habituales del servicio diplomático y destacó que la Farnesina hizo unas 2.000 contrataciones, buena parte de ellas destinadas al exterior, con un nuevo concurso previsto para diciembre. Anticipó además que los consulados podrán emitir el documento de identidad electrónico, y no solo pasaportes, y que el objetivo es digitalizar todos los trámites mediante una aplicación antes del fin de la legislatura. También mencionó convenios en preparación con la asociación de bancos italianos (ABI), la de aseguradoras (ANIA) y el instituto de previsión social (INPS). “Ese gran sentido de italianidad hace que se le pida algo a Italia, y Italia tiene que estar preparada”, dijo. “La primera respuesta, desde la primera ventanilla, es tratar de dar el mejor servicio consular posible”.

El mismo razonamiento apareció cuando la conversación pasó a los Comites, los comités de italianos en el exterior que se renuevan el 4 de diciembre. Para presentar una lista hacen falta más de 200 firmas reunidas en un mes, en general en el propio consulado, un requisito que en muchas ciudades desalienta a nuevos candidatos. Dell’Utri reconoció que el sistema es “engorroso” y que a él “el primero” no le gusta. Pero recordó que proviene de una ley de 2003 y que el gobierno había propuesto postergar las elecciones para reformarlo, algo que el Parlamento rechazó. “Una ley la tengo que seguir —resumió—. Que un mecanismo ideado hace 23 años haya sido pensado para favorecer hoy a fulano o a mengano me parece ilógico”.

Con la nueva ley electoral repitió la distinción: no la hizo el gobierno, sino el Parlamento. Ante la duda de cómo un legislador electo en una circunscripción mundial podrá conocer los problemas de cada comunidad, sostuvo que esa tarea no recae solo en los parlamentarios. “Le puedo garantizar que cualquier problema de una comunidad en el exterior los diplomáticos lo hacen presente, y con fuerte vehemencia”, afirmó. Y devolvió la pregunta: “Si decimos que con esta reforma los territorios no están representados, entonces ¿para qué sirven los Comites? ¿Para qué sirve el CGIE?”, en referencia al Consejo General de los Italianos en el Exterior. Planteó el dilema en términos de números: “¿Es justo que el representante de un territorio sea electo con 2.000 preferencias y que quien sacó 50.000 se quede afuera de la banca?”. A título personal, dijo, prefiere un equilibrio entre representación territorial y numérica.

El punto más sensible para la Argentina fue el voto por correo, el sistema con el que los italianos en el exterior eligen a sus legisladores desde 2006. El país fue escenario de los casos más resonantes de irregularidades. Por el fraude en las elecciones de 2018, el Senado italiano destituyó en 2021 al senador Adriano Cario, y en 2022 aparecieron unas 25.000 boletas falsas en el escrutinio de los votos argentinos, detectadas por un error de ortografía. La nueva ley mantiene el voto por correspondencia pero suma un código de lectura óptica en cada boleta, la firma del votante y controles contra el voto múltiple.

Dell’Utri no esquivó el tema. “Que hubo un problema es un dato de la realidad, es inútil darle vueltas”, admitió. Pero descartó las dos alternativas que suelen reclamarse desde la colectividad. Del voto electrónico sostuvo que también admite fraudes, y que prefiere el código QR. El voto presencial en los consulados le parece posible en la teoría pero casi imposible en la práctica. Según sus cifras, en Brasil hay 900.000 votantes, en la Argentina 1.100.000 y solo en San Pablo 400.000. “¿Cuántas mesas hay que armar para 400.000 personas, y cómo se organizan? Hace falta una megaestructura, y los consulados tienen un número limitado de empleados”, explicó. A eso sumó el costo y el traslado de los votos. “En teoría es practicable, en la práctica sería realmente difícil, si no irrealizable”.