BUENOS AIRES — Dos detenciones, una red de contactos bajo investigación y una recompensa de 20 millones de pesos. Se amplía la pesquisa por la fuga de Leonardo Bertulazzi, de 74 años, exmilitante de las Brigadas Rojas.

El martes 10 de noviembre escapó de la prisión domiciliaria que cumplía en Buenos Aires, cuando su extradición a Italia parecía inminente.

La Policía Federal Argentina detuvo en la provincia de Entre Ríos, en la frontera con Uruguay, a un ciudadano uruguayo y a una mujer salvadoreña, sospechados de haber colaborado con la evasión. Ambos fueron interceptados cuando se preparaban para cruzar la frontera, después de que los investigadores solicitaran a la Dirección Nacional de Migraciones que reforzara los controles en los pasos internacionales.

Según La Nación, se trata de Marcos González Rodríguez y Ethel Villalta de Rodríguez, quienes habrían mantenido vínculos directos con Bertulazzi.

El hombre, en particular, habría visitado con frecuencia al exbrigadista durante su detención en dependencias de la Policía Federal. Los investigadores sostienen, además, que en agosto de 2024 habría intentado obstaculizar su arresto con maniobras de distracción.

Estos elementos aún están bajo análisis de la Justicia, que deberá determinar qué papel desempeñaron ambos en la cinematográfica fuga.

El portal Infobae publicó fotografías de las sogas, un mosquetón y el arnés utilizados. También existe una grabación de una cámara de seguridad que muestra el tramo final de la huida, cuando Bertulazzi cae sobre la vereda, se levanta y se aleja.

Una conversación grupal en una aplicación de mensajería también vincularía a los dos detenidos con Bertulazzi. Las primeras reconstrucciones de Clarín mencionaban un grupo de WhatsApp de 14 integrantes, mientras que La Nación, con fuentes de la investigación, informó después sobre un chat de Signal llamado “Bla”, en el que también participaban otras 17 personas.

En los mensajes se habría hablado de la inminente extradición del exbrigadista. Todavía no se determinó si la conversación se utilizó para organizar la evasión.

Durante el operativo policial se secuestraron seis teléfonos celulares, dos computadoras portátiles, ocho pendrives, cinco discos externos, numerosos documentos de identidad y dinero en efectivo en distintas monedas. El material informático quedó en manos de especialistas de la fuerza para reconstruir los contactos de los sospechosos y verificar la posible existencia de una red de apoyo.

Mientras tanto, continúa la búsqueda de Bertulazzi, cuyo paradero sigue sin conocerse. El Ministerio de Seguridad Nacional ofrece una recompensa de 20 millones de pesos, unos 11.500 euros, por información que permita capturarlo.

Los investigadores concentran su atención en los posibles contactos del exbrigadista en Entre Ríos, donde había vivido cuando contaba con el estatus de refugiado político.

Las características de la fuga parecen sacadas de una película. Bertulazzi se encontraba en el quinto piso de un edificio del centro de Buenos Aires, bajo vigilancia de agentes de la Policía Federal y con una tobillera electrónica. Según la reconstrucción publicada por La Nación, habría logrado quitarse el dispositivo y colocarlo en un recipiente con carne de cerdo y una fuente de calor para simular la temperatura corporal y evitar que se activara la alarma.

El hombre de 74 años —con experiencia como montañista, según declaró su hija Claudia— descendió desde el quinto piso con sogas y un arnés. Primero habría llegado a una terraza del segundo piso y luego a un terreno lindero, desde donde trepó una reja para salir a la calle. Una cámara de seguridad registró los últimos instantes de la fuga. En las imágenes, difundidas por medios argentinos, se ve a un hombre que salta a la vereda, cae, se levanta y se aleja a la carrera. Todo habría ocurrido alrededor de las 6 de la mañana, en una ciudad cuya atención estaba puesta en la presencia del Papa.

Otra de las hipótesis que investigan es la posibilidad de que Bertulazzi haya llegado al nordeste argentino. Según un testimonio recogido por los investigadores y difundido por ANSA, un camionero lo habría trasladado hacia la zona comprendida entre Corrientes y Entre Ríos. Se intensificaron los controles en las rutas y las terminales de ómnibus, mientras sigue abierta la posibilidad de que haya intentado cruzar la frontera con Uruguay. Por el momento, sin embargo, no hay confirmaciones sobre su ubicación.

El caso también representa un problema para el gobierno de Javier Milei, que en agosto de 2024 le había revocado a Bertulazzi el estatus de refugiado político, otorgado veinte años antes. Esa decisión permitió reactivar el procedimiento de extradición solicitado por Italia. En julio de 2025, la Corte Suprema argentina había autorizado su entrega, pero la defensa continuó con los planteos contra la revocación de la protección internacional y las garantías procesales ofrecidas por las autoridades italianas.

Bertulazzi había llegado a la Argentina en 2002, después de un largo período como prófugo durante el cual también estuvo en Francia y El Salvador. Detenido por primera vez a pedido de Italia, recuperó la libertad porque la Justicia argentina consideró insuficientes las garantías relativas a su derecho de defensa, ya que había sido condenado en ausencia. En 2004 obtuvo el estatus de refugiado político y en los años siguientes vivió en el país, donde también trabajó como luthier.

Su historia judicial se remonta a los años de plomo. Militante de la columna genovesa de las Brigadas Rojas, Bertulazzi recibió una condena firme de 27 años de prisión por integrar una banda armada y por el secuestro del empresario Pietro Costa, capturado en Génova en enero de 1977. Por su liberación se pagó un rescate de alrededor de mil millones de liras.

Las Brigadas Rojas utilizaron parte de ese dinero para comprar el departamento de la calle Montalcini, en Roma, donde al año siguiente mantuvieron cautivo a Aldo Moro. Sin embargo, Bertulazzi no fue condenado por el secuestro ni por el asesinato del dirigente democristiano, hechos en los que no estuvo involucrado.

La extradición, que según el abogado Rodolfo Yanzón estaba prevista para el jueves 12 de noviembre, había encontrado en los últimos días otro obstáculo: el estado de salud del exbrigadista. El letrado declaró ante los medios que Bertulazzi habría sufrido tres accidentes cerebrovasculares durante los últimos dos años de detención y que los médicos del Hospital Ramos Mejía, en Buenos Aires, habían indicado nuevos estudios.

La defensa había solicitado a la jueza federal María Servini una evaluación del Cuerpo Médico Forense para determinar si el detenido estaba en condiciones de afrontar el largo viaje en avión a Italia. Según Yanzón, el pedido fue rechazado. El abogado describió la fuga como una decisión desesperada, que su defendido tomó después de que le comunicara que el traslado era inminente.

También sigue abierta una controversia jurídica sobre la posibilidad de que Bertulazzi acceda a un nuevo juicio en Italia una vez extraditado. Según la reconstrucción de Repubblica, el Ministerio de Justicia italiano y la Fiscalía General de Génova garantizaron a las autoridades argentinas que el exbrigadista podrá solicitar un nuevo juicio de apelación dentro de los 30 días posteriores a su entrega.

Esa interpretación fue cuestionada por Cuno Tarfusser, exjuez de la Corte Penal Internacional, quien sostuvo, en un dictamen solicitado en la Argentina, que el plazo para presentar el pedido habría vencido en 2003. La discrepancia afecta directamente las garantías previstas en el tratado de extradición entre ambos países y, según sus familiares, habría contribuido a alimentar el temor de Bertulazzi a pasar el resto de su vida en prisión.

La fuga también abrió un frente interno en las fuerzas de seguridad argentinas. El Ministerio admitió que Bertulazzi logró manipular el dispositivo electrónico y anunció una revisión integral del sistema de monitoreo para verificar su funcionamiento y reforzar los controles. Aún debe esclarecerse cómo un hombre bajo vigilancia permanente pudo salir del edificio sin ser interceptado y si contó con una organización externa preparada para ayudarlo.

Las dos detenciones en Entre Ríos podrían aportar las primeras respuestas. El análisis de los teléfonos y los dispositivos secuestrados permitirá reconstruir los contactos del exbrigadista en las horas previas y posteriores a la evasión. Por ahora, sin embargo, no se determinó si los sospechosos participaron en los preparativos de la fuga o si intervinieron después.

A casi cincuenta años del secuestro de Costa, el caso Bertulazzi vuelve a entrelazar la historia del terrorismo italiano con la Justicia argentina y las relaciones diplomáticas entre Roma y Buenos Aires. Mientras los investigadores intentan reconstruir la red de contactos del prófugo, sigue sin resolverse la cuestión que atravesó todo el proceso judicial: cómo conciliar el cumplimiento de una condena firme con las garantías procesales y los derechos de una persona juzgada en ausencia.