BOGOTÁ — A tres días del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia, el presidente Abelardo de la Espriella declaró este miércoles la emergencia económica, social y ecológica en el país. La medida, contemplada en la Constitución colombiana, le permite al Gobierno destinar recursos y tomar decisiones excepcionales sin pasar primero por el trámite ordinario del Congreso, con el objetivo declarado de agilizar la reconstrucción de las zonas afectadas.
“He decidido hacer uso de la emergencia económica”, anunció el mandatario desde el Palacio de San Carlos, sede presidencial en Bogotá. La declaratoria tiene un límite constitucional de 30 días por decreto, con un tope de 90 días acumulados en el año, y debe llevar la firma de todos los ministros.
Como parte del anuncio, De la Espriella confirmó la creación del “Fondo Milagro”, un instrumento pensado para canalizar tanto los aportes del Estado como las donaciones internacionales, con foco en la reconstrucción de hospitales, escuelas y viviendas en Chocó, Caldas, Risaralda, Quindío y el norte del Valle del Cauca. El Gobierno adelantó, además, que la emergencia no vendrá acompañada de una suba de impuestos.
El anuncio llegó horas después de que el propio presidente actualizara el balance de víctimas: 265 muertos, 3.494 heridos y 496 desaparecidos, una cifra que, según reconoció, "ha subido de manera alarmante" en las últimas horas. De la Espriella habló también de 25.872 familias afectadas, unas 53.816 personas en total. Colombia se acerca así a las 72 horas que los equipos de rescate consideran la "ventana de vida" para encontrar sobrevivientes con posibilidades reales entre los escombros.
La ayuda internacional también generó controversia en las últimas horas. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) confirmó que Colombia formalizó pedidos de apoyo en materia de búsqueda y rescate únicamente a cuatro países: Estados Unidos, Israel, El Salvador y Ecuador. "Solo estaremos aceptando el apoyo por parte de estos países", explicó David Tamayo, director de la UNGRD, quien justificó la decisión en que esos equipos cumplen protocolos internacionales reconocidos.
La versión de que Colombia había cerrado la puerta a otros países generó cuestionamientos de la oposición, que la vinculó con afinidades ideológicas del nuevo gobierno. El canciller Omar Bula salió a responder: "Trabajamos con países sin ninguna consideración ideológica ni política", dijo, y aclaró que la restricción rige solo para los equipos oficiales de rescate, no para el resto de la asistencia humanitaria.
De hecho, la ayuda de otros países sí está llegando por otras vías. Ecuador ofreció 47 rescatistas, perros entrenados y equipos de bomberos de Quito. El Salvador envió dos aviones con 100 toneladas de ayuda humanitaria, en un gesto que el propio presidente Nayib Bukele difundió en X.
Perú despachó un avión con 12,5 toneladas de suministros y 62 rescatistas. México, aunque no fue parte de la lista formal, envió medicamentos y ayuda humanitaria, y un grupo de rescatistas voluntarios, los Topos Aztecas, llegó a Cali por cuenta propia luego de haber trabajado en los terremotos de La Guaira, en Venezuela. El Banco Mundial giró una donación de 200.000 dólares para financiar la evaluación de daños, y la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe aportó otros 500.000 dólares para necesidades humanitarias.
Con la emergencia económica ya declarada y la ventana de las 72 horas por vencer, la pregunta que empieza a instalarse en Colombia es si la ayuda alcanzará a tiempo para las miles de familias que todavía esperan una respuesta bajo los escombros.
