BUENOS AIRES - El Gobierno dio un paso más en la disputa por el financiamiento de las universidades públicas y llevó el tema a la Corte Suprema. A través de la Procuración del Tesoro, presentó un recurso extraordinario para intentar suspender la aplicación de la ley que obliga a actualizar salarios y garantizar el funcionamiento del sistema.

La presentación se hizo ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, con la intención de que el expediente llegue al máximo tribunal. El pedido incluye que se frene la ejecución de la norma, lo que en los hechos permitiría postergar el envío de fondos.

El movimiento se produce después de que la Justicia ordenara cumplir con la ley. Por eso, aunque el recurso ya está en marcha, el Estado sigue formalmente obligado a hacer las transferencias si la Corte no concede la suspensión.

En la Casa Rosada sostienen que la norma no se puede aplicar. Señalan que no fija de dónde salen los recursos y que su implementación impactaría sobre el equilibrio fiscal. También cuestionan el fallo judicial por considerar que avanza sobre decisiones presupuestarias que corresponden al Ejecutivo y al Congreso.

El trasfondo es un conflicto institucional que se viene encadenando desde el año pasado. La ley fue aprobada por el Congreso, vetada por Javier Milei y luego ratificada con mayoría especial. El Ejecutivo intentó frenarla por decreto y la Justicia lo obligó a aplicarla. Ahora, la definición podría quedar en manos de la Corte.

El reclamo también se expresó en la calle. El viernes, docentes, estudiantes y trabajadores universitarios marcharon con antorchas hacia el Obelisco para exigir que se cumpla la ley. La convocatoria fue impulsada por gremios del sector y tuvo como eje la pérdida salarial y la falta de financiamiento.

La protesta forma parte de un plan de lucha que se viene sosteniendo desde el inicio del ciclo lectivo. El 2 de marzo, en el arranque de las clases, hubo un paro nacional convocado por los gremios docentes en reclamo por la situación salarial y el ajuste presupuestario en el sistema universitario.

Con el correr de las semanas, se sumaron otras medidas. En abril, docentes y médicos de la UBA realizaron un “paro a la japonesa”, con clases y atención gratuita en la vía pública. La iniciativa buscó visibilizar el estado del Hospital de Clínicas y de las facultades, en un contexto que desde el sector califican como crítico.

Desde las universidades advierten que la situación es cada vez más delicada. Denuncian una caída sostenida de los recursos en términos reales y un deterioro del poder adquisitivo de los salarios. Si no hay una respuesta, anticipan nuevas medidas.

El Gobierno ya había adelantado que no está dispuesto a avanzar con el esquema actual. En paralelo al conflicto judicial, envió al Congreso un proyecto alternativo que reduce el alcance de la recomposición salarial y elimina la actualización automática por inflación.

La pelea por los fondos universitarios se suma a otros frentes abiertos con el Congreso. En los próximos días, el oficialismo buscará avanzar con cambios en la ley de Discapacidad, una reforma en Salud Mental y el tratamiento de la llamada “Ley Hojarasca”, un paquete de desregulación impulsado por Federico Sturzenegger.