SAN SALVADOR – El Ejecutivo salvadoreño redobla su apuesta en la ofensiva contra la delincuencia al implementar una de las disposiciones más discutidas del último tiempo: la opción de sentenciar a reclusión de por vida a menores, a partir de los 12 años, ante hechos de extrema gravedad.

La reforma, avalada por una Asamblea Legislativa bajo control del oficialismo, altera profundamente el régimen de justicia adolescente de esa nación. De ahora en más, los jóvenes que tengan entre 12 y 18 años podrán recibir una pena de cárcel perpetua si se los halla culpables de homicidio, terrorismo, abuso sexual o por integrar asociaciones ilícitas.

Este giro representa una ruptura total con el esquema previo, donde las condenas para este grupo etario poseían topes mucho más bajos, que solían oscilar entre los 10 y 20 años para los escenarios más complejos.

La flamante regulación, en cambio, equipara en ciertas circunstancias el tratamiento de los menores al de los mayores de edad, consolidando una transformación radical en el paradigma punitivo del país centroamericano.

Desde la administración central sostienen que la determinación resulta indispensable para frenar la participación de niños y adolescentes en las pandillas, un problema estructural que históricamente fue el motor de la inseguridad en ese territorio. La modificación se acopla a la política de control social que inició Bukele en 2022 bajo el régimen de excepción, herramienta que permitió detenciones masivas y otorgó mayores facultades a la policía y el ejército.

Si bien las estadísticas estatales muestran un desplome en la tasa de asesinatos —factor que apuntaló la popularidad del mandatario—, la "mano dura" convive con las advertencias de organismos internacionales que exponen arrestos injustificados, falta de debido proceso y hacinamiento en los penales.

Distintas entidades remarcaron que el presidio vitalicio para menores colisiona con los parámetros globales, que exigen castigos razonables que prioricen la resocialización. Al mismo tiempo, crece la inquietud por la posibilidad de fallos erróneos dentro de un sistema judicial saturado por la enorme cantidad de personas tras las rejas.