BUENOS AIRES – Una reciente reforma sanitaria italiana permitirá a los ciudadanos que viven fuera de la Unión Europea conservar algunos servicios del sistema público de salud mediante el pago voluntario de 2.000 euros anuales. La medida generó preocupación entre los italianos residentes en la Argentina, donde comenzó a circular la versión errónea de que se trataba de un pago obligatorio para todos los inscriptos en el AIRE (Registro de Italianos Residentes en el Exterior).

“Lo primero que hay que desmentir es eso”, afirmó Fabio Porta, diputado del Partido Democrático (PD) elegido por la circunscripción de América del Sur. “Se trata de una contribución completamente voluntaria para los inscriptos en el AIRE, que permite conservar el médico de cabecera, comprar medicamentos abonando el ticket correspondiente en lugar del precio completo y acceder a prestaciones especializadas”.

En otras palabras, la reforma crea una posibilidad adicional para quienes viven fuera de Italia y desean mantener determinados beneficios del sistema sanitario nacional. No implica ninguna obligación para los residentes en el exterior ni modifica los derechos que ya tienen garantizados.

La medida tampoco afecta la atención de urgencias, que seguirá siendo gratuita. El sistema sanitario italiano mantiene su carácter universal y garantiza las prestaciones de emergencia independientemente del lugar de residencia.

“Además, una cobertura básica, con acceso a guardias y prestaciones elementales, puede reactivarse en la oficina sanitaria local correspondiente por un período máximo de 90 días durante una estadía temporal -explicó Porta-. Y, en caso de regresar definitivamente a vivir en Italia, se restablece la cobertura completa del Servicio Sanitario Nacional”.

La ley fue impulsada principalmente por Andrea Di Giuseppe, diputado de Fratelli d’Italia elegido por la circunscripción de América del Norte y Central. El proyecto surgió pensando especialmente en países donde la atención médica tiene costos muy elevados, como Estados Unidos, una realidad muy distinta de la que existe en la mayor parte de Sudamérica.

“Para la Argentina, que además tiene acuerdos bilaterales con Italia, no cambia absolutamente nada -remarcó Porta-. Los derechos adquiridos no se modifican y, desde nuestro punto de vista, es una norma completamente innecesaria. No amplía derechos ni tampoco los elimina, pero sí contribuye a generar mucha confusión. Por eso el PD se abstuvo en la votación”.

El legislador también cuestionó la utilidad práctica de la medida. Considerando que en muchas regiones de Italia los turnos para consultas y estudios en la sanidad pública pueden demorarse meses e incluso años, resulta difícil imaginar que un residente en el exterior pueda organizar durante unas vacaciones una serie de controles médicos concentrados en pocos días.

“También sigue existiendo el problema de las enormes diferencias de ingresos entre los distintos países fuera de la Unión Europea - señaló Porta-. Estados Unidos, la Argentina y Brasil no son lo mismo”. Mientras que en Nueva York 2.000 euros pueden equivaler al costo de una tomografía, en gran parte de América Latina esa cifra representa un desembolso mucho más significativo.

“Por eso creemos que, si realmente se buscaba una solución equitativa, el aporte debería haberse calculado en función del nivel de ingresos de cada país”, concluyó. “Tal como está planteada hoy, la propuesta podría resultar atractiva únicamente para jubilados que viven en lugares como Túnez, Kenia o República Dominicana, que no permanecen allí todo el año, regresan a Italia durante determinadas épocas y no quieren perder el médico de cabecera ni los beneficios vinculados a las recetas médicas”.