BUENOS AIRES – Katherine Muñoz Turfo es una abogada con sólida formación en derecho constitucional y derechos humanos, Magíster por la Universidad de Bolonia y fundadora del Grupo Raddo, un estudio jurídico especializado en el reconocimiento de la ciudadanía italiana.

Desde hace años asiste a familias en todo el proceso de reconstrucción de la ciudadanía italiana, un tema que hoy está en el centro de la atención tras la introducción del nuevo decreto ley que limita el acceso para los descendientes.

La primera discusión sobre la conversión del decreto está prevista para el 9 de mayo en el Senado italiano y, según la experta, se abren distintos escenarios.

Aunque considera improbable un regreso a la normativa anterior –que permitía la transmisión sin límites generacionales– Muñoz Turfo no pierde la esperanza de posibles modificaciones: “Lo sabremos cuando los políticos anuncien si efectivamente han concedido una prórroga y por cuánto tiempo. Creo que no sería extraño, porque existen antecedentes legislativos al respecto. De todos modos, quiero subrayar que se trata de una hipótesis personal.”

Una prórroga, afirma, sería la vía más realista y, al mismo tiempo, útil para muchas familias que hoy se encuentran en dificultad: personas que ya han invertido tiempo y recursos para obtener los documentos, muchas veces vendiendo todo con el objetivo de trasladarse a Italia.

“Una prórroga que establezca un plazo razonable para quienes ya han invertido tiempo y dinero en el reconocimiento de la ciudadanía, sería uno de los escenarios más favorables –afirma–. Pero en ese caso deberemos estar atentos y no perder tiempo”.

Muñoz Turfo reconoce que muchos aspectos de la nueva normativa pueden considerarse inconstitucionales, pero también subraya lo poco probable que resulta una restauración completa de las reglas anteriores. “La decisión del Gobierno de limitar el acceso a la ciudadanía italiana es evidentemente inamovible”, afirma con realismo.

Aun así, hay un rayo de confianza hacia las instituciones: “Al principio, cuando en estos días los representantes de los italianos en el exterior decían que estaban trabajando para ‘mitigar el daño’, me pareció una postura algo débil –admite–. Pero en Roma realmente están luchando para obtener modificaciones que no vayan en contra de nuestros derechos.”

Finalmente, la experta señala que, en caso de que se conceda una prórroga, será más difícil para los abogados impugnar posteriormente la ley desde el punto de vista de la inconstitucionalidad.

Sin embargo, en lo inmediato sería un alivio para miles de personas que han quedado desconcertadas por las nuevas reglas: “En el panorama actual, una prórroga representaría el mejor escenario posible”.