ROMA — Giorgia Meloni eligió la escuela como terreno de disputa. Desde el escenario de “Fenix”, la fiesta de Gioventù Nazionale, la juventud de Fratelli d’Italia, la primera ministra italiana anunció este domingo una medida que llegará “pronto” al Consejo de Ministros, la reunión del gabinete donde se aprueban los decretos.

“Está por llegar al Consejo de Ministros un proyecto que introduce por ley el número de estudiantes extranjeros por clase. El número máximo, se entiende, claramente”, dijo en un discurso de unos 40 minutos centrado en escuela y universidad.

El paquete tiene tres patas. La primera es el tope por aula. La segunda, la obligación de aprender italiano para los padres de alumnos extranjeros con “problemas graves de inserción escolar”. La tercera, la prohibición del burqa y el niqab en las escuelas.

El burqa es la prenda que cubre todo el cuerpo y deja apenas una rejilla a la altura de los ojos. El niqab tapa el rostro y deja una abertura para la mirada. Ambos son distintos del hiyab, el pañuelo que cubre el cabello y el cuello pero deja la cara libre, que no figura en el anuncio.

Meloni sumó una cuarta iniciativa, más simbólica: que los institutos técnico-profesionales pasen a llamarse “liceos”, porque quiere que quede claro “desde el nombre” que son escuelas “de igual valor” y que quienes las frecuentan también lo son.

El discurso completo de Giorgia Meloni.

El eje del discurso fue la idea de que los niños italianos se estarían volviendo minoría en algunas aulas. “No existe que en una clase italiana se sientan en un rincón niños italianos porque pasaron a ser minoría. No se puede hacer”, afirmó. Calificó de “mentira cómoda” llamar integración a esa situación, una mentira “para quien vive de ideología, para quien nos da lecciones de moral desde los salones y después manda a sus propios hijos a escuelas donde este problema no existe”.

A su juicio, un chico “debe aprender nuestra lengua, conocer nuestra cultura y respetar nuestras reglas. Es la única manera seria de acoger”. Sobre los padres advirtió que si no aprenden italiano “lo único que esos chicos corren el riesgo de aprender es la marginación”.

Y sobre el velo, el tono fue igual de tajante: “A la escuela se va con el rostro descubierto y en Italia nadie, en nombre de una tradición verdadera o presunta, puede decidir que una joven deba esconderse. La igualdad entre hombre y mujer no es negociable. No lo es en nuestras calles, no lo es en nuestras escuelas”. 

Lo que Meloni no dijo es tan relevante como lo que dijo. El tope numérico no fue precisado. Desde 2010 rige una circular administrativa que recomienda un máximo del 30% de alumnos extranjeros por clase, pero según Antonello Giannelli, presidente de la Asociación Nacional de Directores de Escuela, “no pudo aplicarse”.

Según Il Mattino, la iniciativa convertiría ese límite en ley, aunque no alcanzaría a todos los alumnos sin ciudadanía italiana, sino sobre todo a quienes no dominan el idioma. Skuola.net adelantó que quedarían fuera del cómputo los alumnos con pasaporte de la Unión Europea y los nacidos en Italia que hablan bien la lengua, pero nada de eso fue confirmado. Tampoco se explicó cómo se haría cumplir la obligación para los padres.

El ministro de Educación, Giuseppe Valditara, ya había anticipado la medida en agosto y la prohibición del velo integral había sido propuesta meses atrás por Fratelli d’Italia y la Lega.

El anuncio llegó en una jornada en la que distintos espacios de derechos hicieron actos públicos. Matteo Salvini reunía a la Lega en Pontida y el general Roberto Vannacci, con su espacio soberanista, hacía lo propio en Orvieto. Una movida que diversos medios locales interpretaron como un intento de Meloni de frenar el ascenso de Vannacci, quien se declaró “absolutamente de acuerdo”, aunque dijo que las medidas “debieron llegar hace años”, según ANSA.

La inmigración es un terreno conocido para la primera ministra. En campaña, en 2022, prometió un “bloqueo naval” que, como tal, no se concretó y derivó en acuerdos con países del norte de África, como el memorando con Túnez de 2023. Tras el naufragio de Cutro, en febrero de 2023, el Gobierno reunió allí a su gabinete, endureció las penas para los patrones de las embarcaciones y Meloni dijo que iría a buscarlos “a lo largo de todo el globo terráqueo”.

Después vino el acuerdo con Albania, con centros de retención inaugurados en octubre de 2024 que la justicia romana frenó y que en marzo de 2025 el Gobierno reconvirtió en centros de repatriación. Ese mismo paquete incluyó una restricción de la ciudadanía que apuntaba a reforzar la exigencia de un vínculo efectivo con Italia para los hijos de italianos nacidos en el exterior.

En abril de 2026, tras perder el referendo sobre la justicia, el Gobierno volvió a apoyarse en la inmigración como pilar de su agenda, según el mismo medio.

Los números pintan un cuadro más matizado. Según el tablero del Ministerio del Interior, citado por Secolo d’Italia, cercano al oficialismo, llegaron 21.827 migrantes por mar en lo que va de 2026, contra 49.314 un año atrás, una caída del 56%. En 2023 los desembarcos superaron los 150.000, y en 2024 y 2025 rondaron los 66.000 por año.

Pero el tope escolar no apunta a quienes llegan, sino a quienes ya viven en Italia. Según el ISTAT, a comienzos de 2026 residían en el país 5,56 millones de extranjeros, el 9,4% de la población, y Tecnica della Scuola contabiliza 931.323 alumnos extranjeros, el 11,6% del total. Ese medio estimó también que las alumnas con burqa serían entre 500 y 600 en todo el país.

La oposición reaccionó de inmediato. Elly Schlein, líder del Partido Demócrata, habló de “propaganda” y recordó que los propios directores de escuela ya calificaron el tope de “irrealizable”. El PD, Avs, +Europa e Italia Viva acusan a la primera ministra de “perseguir” al general.

La alcaldesa de Florencia, Sara Funaro, habló de “puro populismo” en vísperas de la campaña electoral y advirtió que en las aulas de su ciudad hay chicos “nacidos en Italia, que hablan florentino”, a los que la ley actual igual computa como extranjeros.

Giannelli consideró el planteo “fundado” en lo didáctico, pero de difícil aplicación: si en un barrio predominan las familias extranjeras, preguntó, “¿qué hacemos, los mandamos afuera?”.

La coordinadora nacional de docentes por los derechos humanos (CNDDU) planteó en un comunicado que la ciudadanía, por sí sola, no es un buen indicador, porque agrupa a alumnos nacidos y escolarizados en Italia y a recién llegados. Propuso que el umbral funcione como alerta para reforzar recursos y no como cupo.

Un repaso de Il Fatto Quotidiano sobre Francia, Alemania, España y el Reino Unido concluye que ninguno de esos países fijó un tope de este tipo.