SAN JOSÉ – Tras el anuncio del presidente Daniel Ortega de que en Nicaragua no volverán a celebrarse elecciones, se consolida, según los opositores exiliados, el desmantelamiento definitivo de la democracia en el país centroamericano.
La declaración, formulada el 19 de julio durante los actos por el 47º aniversario de la Revolución Sandinista, fue interpretada como la confirmación de que el Gobierno ya abandonó cualquier intento de conservar una apariencia de sistema democrático.
Las palabras del mandatario no sorprendieron a los referentes opositores refugiados en Costa Rica, quienes desde hace años denuncian la progresiva concentración del poder en manos de la pareja presidencial Ortega-Murillo. Por el contrario, reforzaron su convicción sobre la necesidad de aumentar la presión internacional para impulsar una transición democrática.
El principal núcleo de la oposición en el exilio se encuentra precisamente en Costa Rica, donde reside la comunidad más numerosa de refugiados políticos nicaragüenses.
Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), el país alberga a más de 194.000 solicitantes de asilo procedentes de Nicaragua y a más de 9.200 ciudadanos nicaragüenses que obtuvieron el estatus de refugiados. La cifra representa más de la mitad del total de la población nicaragüense obligada a abandonar su país.
El anuncio de Ortega también aceleró los contactos entre las distintas organizaciones opositoras, distribuidas en varios países y a menudo divididas por diferencias ideológicas, aunque unidas por el objetivo de poner fin al Gobierno de Ortega y Rosario Murillo mediante una transición democrática.
En un principio, Nicaragua debía celebrar elecciones generales en noviembre de este año. Sin embargo, las modificaciones constitucionales que entraron en vigencia a comienzos de 2025 extendieron el mandato presidencial de cinco a seis años y postergaron los comicios hasta 2027.
Más recientemente, la Asamblea Nacional presentó una nueva propuesta de reforma constitucional para ampliar el período de gobierno a siete años, con la posibilidad de nuevas prórrogas.
Las declaraciones del presidente provocaron reacciones inmediatas en la comunidad internacional.
El Gobierno de Costa Rica ratificó su respaldo a la realización de elecciones libres, transparentes y pluralistas en Nicaragua y manifestó su preocupación por el progresivo cierre de los espacios cívicos y la persecución de las voces disidentes. San José también recordó que no reconoció los resultados de los comicios de 2021, al considerar que no estaban garantizadas las condiciones democráticas mínimas.
La Unión Europea también se pronunció y exhortó a las autoridades nicaragüenses a respetar el cronograma electoral previsto y garantizar comicios acordes con los estándares internacionales de transparencia, inclusión y credibilidad.
Managua, sin embargo, rechazó las críticas procedentes de Bruselas y reiteró su oposición a cualquier injerencia externa. En un comunicado oficial, el Gobierno afirmó: “Nicaragua es libre, toma sus propias decisiones sobre el ordenamiento institucional y elige sus propios caminos y modelos para ejercer la democracia, que tanta sangre ha costado”.
Estados Unidos también endureció su postura. El secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo que las palabras de Ortega confirman abiertamente el carácter autoritario del Gobierno nicaragüense y eliminan incluso la apariencia de consenso popular.
Rubio, además, instó a la comunidad internacional a coordinar sus acciones para demostrar que Nicaragua no puede continuar manteniendo relaciones normales con otros países mientras sigue socavando los principios democráticos del hemisferio.
