ROMA – La decisión de la Corte de Casación italiana de anular el pedido de extradición de la exdiputada federal brasileña Carla Zambelli, referente de la ultraderecha bolsonarista y destituida de su cargo, volvió a poner en discusión la ciudadanía italiana, las garantías constitucionales y la cooperación judicial entre Brasil e Italia en causas de fuerte impacto político.
Condenada en Brasil por invadir el sistema electrónico del Consejo Nacional de Justicia, portación ilegal de armas y delitos económicos, Zambelli huyó del país y reclamó la protección del Estado italiano por su doble ciudadanía. Desde el 29 de junio estaba detenida mientras se analizaba el pedido de extradición.
La defensa de la exlegisladora sostuvo ante la Justicia italiana que el proceso judicial en Brasil estuvo marcado por parcialidad y cuestionó la legitimidad de la condena, argumentos que la Corte de Casación tomó en consideración al revisar el planteo presentado por las autoridades brasileñas.
Después de que la Justicia italiana rechazara la extradición y ordenara su liberación, el expediente entró en una nueva etapa. El ministro de Justicia, Carlo Nordio, tendrá ahora 45 días para decidir si confirma o no el fallo que dejó sin efecto la entrega de Zambelli a Brasil.
La exdiputada dejó la cárcel en Italia, aunque su situación judicial todavía no quedó resuelta de manera definitiva. El caso sigue bajo análisis de las autoridades italianas y podría abrir nuevos capítulos diplomáticos y jurídicos entre ambos países.
Para Renata Bueno, abogada internacional ítalo-brasileña, exdiputada italiana y especialista en relaciones institucionales entre Brasil e Italia, el caso representa una instancia relevante para debatir los límites de las extradiciones que involucran a ciudadanos con doble nacionalidad.
“Cuando una persona tiene ciudadanía italiana, el Estado italiano tiene obligaciones constitucionales de protección jurídica, independientemente de posiciones políticas o ideológicas. Es un debate técnico, jurídico y diplomático que requiere serenidad y un profundo conocimiento de las normas internacionales”, afirmó Renata.
La exlegisladora recordó además otros casos emblemáticos de extradición entre ambos países, como los de Cesare Battisti y Henrique Pizzolato, episodios que movilizaron tanto a las autoridades brasileñas como italianas alrededor de cuestiones vinculadas a la soberanía, los derechos fundamentales y la cooperación penal internacional.
El futuro del caso Zambelli probablemente seguirá generando repercusiones políticas y judiciales, especialmente por las discusiones que puede abrir en torno a la competencia de los tribunales, la doble ciudadanía y el alcance internacional de las condenas dictadas por otros Estados.
