BUENOS AIRES - La familia del fotógrafo Pablo Grillo solicitó este martes la elevación a juicio oral del gendarme Héctor Jesús Guerrero, acusado de haber efectuado el disparo que le provocó heridas gravísimas durante la represión a una protesta de jubilados frente al Congreso, el 12 de marzo de 2025.
El pedido fue presentado ante la jueza federal María Servini y se sumó al requerimiento formulado un día antes por el fiscal Eduardo Taiano, quien sostuvo que el integrante de Gendarmería actuó de manera “desproporcionada e irracional” y violó los protocolos sobre uso de la fuerza.
Para la querella —integrada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre— Guerrero debe ser juzgado por “tentativa de homicidio agravado”. La fiscalía, en cambio, pidió que enfrente un debate oral por los delitos de lesiones gravísimas agravadas por abuso de su función y abuso de armas agravado.
Según la investigación judicial, el cabo primero realizó seis disparos con una pistola lanza gases entre las 17:05 y las 17:25, “sin que existiera un contexto de agresión” que justificara el accionar. Los peritajes determinaron además que efectuó los disparos en ángulo horizontal, algo expresamente prohibido por los reglamentos de actuación.
El disparo que impactó en Grillo ocurrió a las 17:18. De acuerdo con la reconstrucción realizada en la causa, el fotógrafo estaba agachado, detrás de una barricada improvisada y a unos 47 metros de distancia de las fuerzas de seguridad cuando recibió el impacto en la cabeza.
A raíz de la herida, Grillo sufrió fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica. Permaneció varios meses internado y fue sometido a múltiples intervenciones quirúrgicas. Los informes médicos incorporados al expediente advierten sobre secuelas neurológicas permanentes y un marcado deterioro de sus funciones cognitivas y comunicativas.
En su dictamen, Taiano afirmó que Guerrero tenía capacitación específica sobre el uso del arma y conocía los protocolos vigentes. “No existe posibilidad alguna de que desconociera las normas”, sostuvo el fiscal al rechazar la hipótesis de un accidente o una negligencia involuntaria.
La querella también pidió profundizar la investigación sobre la cadena de mandos que intervino en el operativo de seguridad desplegado aquella tarde frente al Congreso. El planteo alcanza a jefes de Gendarmería, efectivos de la Policía Federal y funcionarios del Ministerio de Seguridad, entonces encabezado por Patricia Bullrich.
Ahora será Servini quien deberá definir si hace lugar al pedido de elevación a juicio oral y si amplía la pesquisa sobre las responsabilidades políticas y operativas detrás del operativo represivo.
