ASUNCIÓN — El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó este jueves su renuncia al cargo, acorralado por el colapso de Ueno Bank, el primer banco nativamente digital del país, con cuyo grupo controlante mantuvo vínculos societarios hasta el año pasado. El anuncio llegó al mediodía en un mensaje grabado, mientras la Cámara de Diputados debatía su juicio político.

"He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República, lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas", dijo el mandatario, que además pidió disculpas por si en algún momento había fallado. Poco después, el ministro del Interior, Enrique Riera, entregó la nota formal en el Congreso.

La dimisión no frenó el proceso. Con 78 votos a favor y ninguno en contra, Diputados aprobó el libelo acusatorio por mal desempeño de funciones que habían presentado el día anterior 35 legisladores opositores y colorados disidentes, y lo giró al Senado, que actúa como tribunal. La misma mayoría oficialista que acompañó la acusación contra Peña rechazó, por 48 votos contra 30, la que pesaba sobre el vicepresidente Pedro Alliana, incluido en el pedido original. Así quedó despejado el camino para que asuma la jefatura de Estado y complete el mandato, que vence en agosto de 2028.

La palabra final sobre la renuncia la tiene el Congreso reunido en sesión conjunta de ambas cámaras, donde alcanza la mayoría simple de los presentes. La sesión fue convocada para esta tarde y, según anticipó el titular de Diputados, Raúl Latorre, el plan es aceptar la dimisión y tomar juramento a Alliana a continuación. Después los legisladores deberán elegir un nuevo vicepresidente, cargo para el que suenan los senadores colorados Antonio Barrios y Gustavo Leite. Desde el oficialismo argumentan que rechazar la renuncia prolongaría la incertidumbre hasta un mes, el tiempo que podría demandar el juicio en la Cámara alta.

En esa decisión se juega el futuro judicial de Peña. El artículo 189 de la Constitución paraguaya convierte a los expresidentes electos democráticamente en senadores vitalicios, con voz pero sin voto, salvo que hayan sido separados del cargo por juicio político. La renuncia le permitiría reclamar esa banca y, con ella, la inmunidad parlamentaria: para procesarlo haría falta un desafuero con dos tercios del Senado. Por eso la oposición, con figuras como la senadora Esperanza Martínez (Frente Guasu) y su par Líder Amarilla (PLRA), anticipó que votará en contra de aceptar la dimisión y denunció un acuerdo para garantizarle impunidad.

Una condena en el juicio político, que exige 30 de los 45 votos del Senado, le quitaría la senaduría vitalicia y lo dejaría a disposición de la Justicia sin trámite previo. El antecedente más cercano es el de Raúl Cubas Grau, que en 1999 dimitió en medio de un juicio político tras el asesinato del vicepresidente Luis María Argaña.

El giro decisivo fue político. El Partido Colorado, que gobierna Paraguay casi sin interrupciones desde hace siete décadas, le soltó la mano en pocas horas. Su presidente, el exmandatario Horacio Cartes, padrino político de Peña, anunció a primera hora que la fuerza acompañaría el juicio, y detrás de él se alinearon el jefe del Congreso, Basilio Núñez, y el líder de la bancada oficialista en el Senado, Natalicio Chase. Hacía tres días que miles de ahorristas, jubilados y estudiantes protestaban en el centro de Asunción.

La crisis estalló el lunes, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) abrió un procedimiento de resolución sobre Ueno tras constatar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido. Según la autoridad monetaria, las primeras irregularidades detectadas fueron créditos a empresas del Grupo Vázquez, dueño del banco, que deterioraron su liquidez.

Esa misma noche Peña pidió la renuncia del titular del BCP, Carlos Carvallo, que antes de llegar al cargo había presidido Financiera Ueno, la entidad que dio origen al banco. El Senado rechazó después al reemplazante propuesto por el Ejecutivo, Raúl Vera Bogado, y la entidad quedó en manos del director Pedro Acosta como presidente interino.

El impacto social es enorme. Ueno tiene cerca de tres millones de clientes en un país de poco más de seis millones de habitantes, entre ellos unos 32.000 jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS), y canalizaba dos de cada tres pagos electrónicos en los grandes comercios, según la cámara de importadores. De acuerdo con la prensa local, además, el banco administraba unos 850 millones de dólares de fondos públicos y previsionales, cuyos depósitos crecieron con fuerza durante la gestión de Peña. Una ley de emergencia habilitó el pago anticipado del Fondo de Garantía de Depósitos, de hasta 121,7 millones de guaraníes por ahorrista, que debería empezar este viernes.

En el frente penal, la Fiscalía imputó a 27 personas, entre ellas el principal accionista, Miguel Vázquez, que quedó con prisión preventiva junto a otros cinco procesados. En su casa, según reveló el diario ABC Color, los investigadores hallaron un documento con un presunto esquema para direccionar contratos públicos por 241 millones de dólares. El Ministerio Público confirmó además que analiza una denuncia contra Peña, que vendió en 2025 su participación en Ueno Holding tras una serie de investigaciones periodísticas y siempre negó cualquier relación con el banco.