BUENOS AIRES - La Ciudad de Buenos Aires puso en marcha un protocolo de actuación en las escuelas y reforzó los controles tras una serie de amenazas de violencia que alteraron el normal funcionamiento de las clases y generaron preocupación en la comunidad educativa. Al menos tres episodios derivaron en operativos policiales y son investigados por la Justicia.
Según informaron autoridades porteñas, ante las alertas se activaron mecanismos de intervención que incluyen la articulación con el Ministerio Público Fiscal, áreas de niñez y fuerzas de seguridad. El objetivo es resguardar la integridad de estudiantes y docentes y establecer criterios de actuación frente a este tipo de situaciones.
El jefe de Gobierno, Jorge Macri, buscó marcar una posición firme frente a los hechos: “No vamos a naturalizar que las amenazas de violencia alteren la vida y el ritmo escolar. Generar una situación de miedo o pánico es una conducta que tiene consecuencias”, sostuvo, y remarcó que “no se trata de una broma pesada, es un delito”.
En esa línea, explicó que desde el primer momento se convocó a distintas áreas del Estado para coordinar la respuesta y avanzar con las denuncias correspondientes. También señaló que las investigaciones apuntan a determinar responsabilidades tanto de los autores como de su entorno familiar.
Macri puso además el foco en el rol de las familias y el impacto de las redes sociales: “Muchas de estas situaciones nacen en las redes sociales como un espacio de reproducción y difusión. Tendencias virales que convierten la violencia en contenido”, advirtió. Y agregó: “Hay algo que es irremplazable: la conversación en casa. Necesitamos volver a hablar, a preguntar, a escuchar y a involucrarnos en lo que a los chicos les está pasando”.
La respuesta oficial incluye mayor supervisión en las escuelas, refuerzo de los equipos de acompañamiento institucional y un enfoque en la salud mental y socioemocional de los estudiantes, en un contexto atravesado por la exposición a pantallas, la presión por la validación en redes y situaciones de ansiedad.
El fenómeno no se limita a la Ciudad. En Mendoza, la provincia enfrenta una escalada de más de 100 amenazas de tiroteos en escuelas, lo que derivó en la adopción de medidas excepcionales. Los mensajes aparecieron tanto en baños de establecimientos como en redes sociales, con características similares que alimentan la hipótesis de una reproducción sistemática.
Frente a esta situación, la Dirección General de Escuelas mendocina dispuso inspecciones en espacios comunes, controles de pertenencias y mayor presencia policial en los ingresos. En algunos casos, además, se restringió el uso de mochilas: los alumnos deben concurrir con útiles en la mano o en bolsas transparentes para facilitar las revisiones, según el nivel de riesgo definido por cada institución.
El impacto en la vida escolar fue significativo: en determinados establecimientos el ausentismo llegó a rondar el 60% y se registraron episodios de ansiedad entre estudiantes. Como respuesta, también se implementaron charlas sobre el uso responsable de redes sociales y las implicancias legales de difundir amenazas.
En paralelo, la Justicia mendocina avanzó con imputaciones a varias personas, incluidos menores de edad, mientras el gobierno provincial analiza endurecer sanciones a través de cambios en el Código Contravencional.
Al cerrar su mensaje, Macri buscó llevar tranquilidad a la comunidad educativa: “Sabemos que hay angustia en las familias y queremos acompañarlas. Los tres poderes del Estado tenemos el compromiso de cuidar la vida, la seguridad, la integridad y la educación de nuestros chicos”.