LA PAZ — El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció la eliminación de la subvención al diésel pocas horas después de que el Parlamento aprobara un acuerdo de 1.900 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El mensaje, grabado y difundido en la madrugada de este sábado por el canal estatal y las redes del mandatario, establece un precio único para el combustible, atado a la cotización internacional.

Hasta ahora regía un esquema diferenciado, con una tarifa de 16,50 bolivianos para los grandes consumidores y de 9,80 para los transportistas. Paz explicó que el nuevo valor fluctuará con el mercado mundial y podrá bajar si los precios caen afuera. También vinculó la decisión con el combate al contrabando, porque, según dijo, las diferencias de precio alimentaban el desvío de combustible hacia el mercado negro y hacia los países vecinos.

Para compensar el impacto, el Gobierno prometió un paquete de diez medidas. Incluye el bono Pepe II, que alcanzará a unos 2,9 millones de beneficiarios, y hasta 800 millones de bolivianos en créditos preferenciales para transportistas de carga pesada, gremiales, artesanos y comerciantes minoristas.

Además sube el bono Juancito Pinto, una ayuda para la escolaridad, de 200 a 300 bolivianos, se eliminan aranceles a la importación de bienes de capital e insumos y se extiende por 120 días el “perdonazo” tributario, una regularización de deudas con el fisco que alcanzará a 200.000 contribuyentes. Habrá además obras de pavimentación con promesa de miles de empleos.

El anuncio se adelanta al calendario que se conocía. Según Infobae, entre los compromisos asumidos ante el FMI figura eliminar la subvención a los combustibles desde 2027, y los precios fijos del diésel y la gasolina debían regir hasta diciembre. Todavía no está claro qué pasará con la gasolina. El Ejecutivo ya había enfrentado protestas por el tema. A comienzos de septiembre, productores agrícolas bloquearon rutas para exigir que se derogara un decreto que encarecía el diésel.

El acuerdo con el FMI se sancionó el viernes en el Senado como Ley 723, un día después de la aprobación en Diputados. Autoriza un financiamiento de 1.369 millones de derechos especiales de giro, la unidad de cuenta del organismo, equivalentes a los 1.900 millones de dólares. El plazo de devolución llega a diez años desde cada desembolso, con una tasa de 3,47% variable, y la amortización empieza a los cuatro años y seis meses. El ministro de Economía, Christian Morales, dijo ante los senadores que el programa habilita otros 5.000 millones de dólares de organismos multilaterales, como el Banco Mundial, la CAF y el BID, y que los fondos no se usarán para gasto corriente.

El Gobierno se fijó dos metas: bajar el déficit fiscal al 2% y llevar las reservas internacionales a 9.000 millones de dólares en 2031. El punto de partida es difícil. Bolivia arrastra escasez de divisas, pasó el 29 de junio a un tipo de cambio flexible tras 15 años de régimen fijo y recién ahora devuelve a los ahorristas los dólares que tuvo restringidos durante dos años.

Para el lector argentino, la receta resulta conocida: recorte de subsidios con respaldo del FMI y compensaciones focalizadas. Bolivia además es un vínculo cercano. Pablo Quirno contó en su entrevista con Infobae que la Argentina fue el país que más ayudó a La Paz durante un bloqueo de casi dos meses.