BOGOTÁ – La transición presidencial en Colombia quedó envuelta en una fuerte escalada política luego de que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, decidiera interrumpir el proceso de traspaso de gobierno en medio de las denuncias del Pacto Histórico sobre presuntas irregularidades en las elecciones del 21 de junio.

De la Espriella y su vicepresidente, José Manuel Restrepo, se impusieron en un balotaje muy ajustado frente a la fórmula integrada por Iván Cepeda y Aida Quilcué, con una ventaja de poco más de 250.000 votos, equivalente a menos de un punto porcentual.

El resultado fue posteriormente validado por las autoridades electorales colombianas. Sin embargo, Gustavo Petro continuó denunciando supuestas irregularidades y manipulaciones informáticas, aunque hasta el momento no presentó pruebas concluyentes que respalden esas acusaciones.

La tensión aumentó cuando De la Espriella anunció la suspensión del proceso de empalme entre la administración saliente y la entrante. “No podemos sentarnos a la mesa con una banda de golpistas y corruptos”, afirmó en un video difundido en redes sociales, donde acusó al gobierno de intentar desconocer la voluntad popular expresada en las urnas.

En ese mismo mensaje también convocó a las Fuerzas Armadas a “proteger la Constitución y la democracia” y a no acatar eventuales órdenes del presidente saliente que consideren contrarias al orden constitucional. Sus declaraciones profundizaron aún más el enfrentamiento político.

El gobierno de Petro también dio por terminadas las reuniones de transición al sostener que ya no existen garantías institucionales para continuar el proceso. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, designado para coordinar el traspaso de mando, solicitó la intervención de la Procuraduría y de la Contraloría como organismos garantes.

Mientras no se reanude el diálogo entre ambas administraciones, el Ejecutivo analiza publicar los informes de gestión de cada ministerio a través de plataformas digitales y canales oficiales.

La crisis se agravó luego de que Restrepo acusara a Petro y a Cepeda de intentar promover un golpe político. El presidente respondió rechazando esas afirmaciones y cuestionó las referencias del gobierno electo a una eventual causa judicial en su contra.

“Abelardo no es un juez”, escribió Petro, al sostener que no enfrenta procesos que justifiquen las amenazas de cárcel o de extradición mencionadas por el presidente electo.

“Que me toquen un pelo y se encontrarán con las jaguaras y los jaguares de Colombia y del mundo”, publicó en X. Además, acusó a la futura administración de intentar iniciar una persecución contra un sector de la población por razones políticas. “Decir la verdad no es un golpe de Estado”, agregó.

En paralelo, Iván Cepeda anunció que encabezará una oposición frontal al próximo gobierno. El dirigente habló de una “desobediencia civil pacífica” y cuestionó algunas de las primeras medidas anticipadas por De la Espriella en materia de seguridad, entre ellas la instalación de bloqueos urbanos y la construcción de nuevas megacárceles.

La creciente confrontación también motivó llamados a la moderación desde sectores de centro. Uno de ellos fue el ex candidato presidencial Sergio Fajardo, quien advirtió sobre el riesgo de una explosión social en un país que continúa profundamente polarizado.

Petro, por su parte, respondió que el enfrentamiento actual es una disputa entre la democracia y el fascismo. Además, convocó a movilizaciones para el 20 de julio, fecha en la que pronunciará su discurso de despedida antes de abandonar la presidencia.

Pese a seguir cuestionando la legitimidad del triunfo de De la Espriella, el mandatario ratificó que entregará el mando el 7 de agosto, tal como establece la Constitución colombiana.