BUENOS AIRES - El presidente Javier Milei adelantó que el Gobierno prepara un paquete de reformas económicas e institucionales que incluye cambios profundos en la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y una nueva regla fiscal que impediría al Poder Ejecutivo ejecutar gastos una vez consumido el presupuesto aprobado por el Congreso.

Durante una entrevista por streaming, el mandatario aseguró que la iniciativa buscará blindar la independencia del Banco Central y prohibir de manera expresa cualquier mecanismo de financiamiento monetario del Tesoro.

Según explicó, el proyecto establecerá sanciones penales para quienes autoricen la emisión de dinero destinada a cubrir el déficit fiscal. “Emitir para financiar al Estado es una estafa”, sostuvo el jefe de Estado, quien consideró que la legislación vigente permite un uso indebido de la autoridad monetaria.

Milei también cuestionó el diseño actual de la Carta Orgánica del BCRA, modificada por última vez en 2012, al sostener que asigna múltiples objetivos a una institución que, a su criterio, debería concentrarse exclusivamente en preservar el valor de la moneda. En ese marco, reveló que mantendrá reuniones con el ministro de Economía, Luis Caputo, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili, para avanzar en la redacción definitiva del proyecto, que también estará vinculado con otras iniciativas oficiales sobre mercado de capitales, seguros, régimen tributario y reglas fiscales.

El Presidente confirmó además que el Ejecutivo analiza incorporar un mecanismo similar al denominado “government shutdown” de Estados Unidos. La propuesta apunta a impedir que el Estado continúe comprometiendo gastos cuando las partidas presupuestarias ya hayan sido agotadas. “Cuando se termina el presupuesto, no se puede gastar más y se apaga el Estado”, afirmó al confirmar que el Gobierno trabaja en un proyecto de ley para instrumentarlo.

En Estados Unidos, un “shutdown” ocurre cuando el Congreso no aprueba a tiempo las leyes de financiamiento o una prórroga presupuestaria. En esos casos, los organismos federales que no prestan servicios esenciales suspenden sus actividades hasta que se aprueba una nueva norma de gastos.

Uno de los antecedentes más conocidos se produjo entre diciembre de 2018 y enero de 2019, durante la primera presidencia de Donald Trump, cuando un desacuerdo con el Congreso por el financiamiento del muro fronterizo con México derivó en un cierre parcial del gobierno durante 35 días.

En Argentina, una medida de estas características requeriría cambios legales, ya que el sistema presupuestario vigente prevé que, si el Congreso no aprueba una nueva ley de Presupuesto, continúe rigiendo la del ejercicio anterior con las adecuaciones correspondientes.

Por ese motivo, la alternativa que analiza el Gobierno no implicaría una paralización automática de la administración pública, sino impedir que el Poder Ejecutivo asuma nuevos compromisos de gasto una vez agotadas las partidas autorizadas, salvo en áreas consideradas esenciales o expresamente exceptuadas.

Las definiciones de Milei generaron cuestionamientos de exautoridades del Banco Central. Miguel Pesce y Mercedes Marcó del Pont sostuvieron que la reforma responde a compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y cuestionaron el alcance de las modificaciones que impulsa el Gobierno.