BUENOS AIRES — Dos jueces se presentaron hoy ante la Comisión de Acuerdos del Senado, el organismo que evalúa a los candidatos a jueces federales antes de que la Cámara alta vote si los confirma. Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola fueron elegidos por el Gobierno de Javier Milei para ocupar la Sala I de la Cámara Federal de Comodoro Py —como se conoce, por la calle porteña donde está su sede, al edificio que reúne a los principales tribunales federales de Buenos Aires—, uno de los fueros con mayor peso institucional del país.
Ese tribunal no es uno más: revisa en instancia de apelación las decisiones de los jueces de primera instancia en las causas que más incomodan al oficialismo.
Entre ellas, la del caso $LIBRA —la criptomoneda que Milei promocionó en su cuenta de X y que derivó en una causa penal donde están imputados el propio Presidente y su hermana Karina Milei—, la de ANDIS, la agencia estatal de discapacidad señalada por sobreprecios en la compra de medicamentos, y la de presunto enriquecimiento ilícito del exjefe de Gabinete Manuel Adorni.
La audiencia de hoy es apenas una pieza de un engranaje mucho más grande. Desde marzo, el Poder Ejecutivo envió al Senado 203 “pliegos” —así se llama, en la jerga legislativa argentina, al expediente con los antecedentes de cada candidato a juez, fiscal o defensor— para cubrir vacantes judiciales. Ya se aprobaron 103. La Casa Rosada apunta a resolver unas 300 designaciones antes de fin de año, en una ofensiva que se aceleró con la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia.
Bertuzzi no es un desconocido en ese tribunal: ya lo integra. Llegó en 2018, cuando el entonces presidente Mauricio Macri lo trasladó por decreto desde otro tribunal, sin pasar por el Senado. Ese mecanismo terminó en un fallo de la Corte Suprema —conocido como “Bertuzzi”— que en 2020 declaró que esos traslados son transitorios y que, para quedarse en el cargo de forma definitiva, los jueces deben ganar un concurso público de antecedentes y obtener el aval del Senado. Seis años después, Bertuzzi cumplió con ese trámite: se presentó al concurso, quedó entre los finalistas y hoy defendió su continuidad ante el mismo Congreso que en su momento podría haber frenado su llegada.
El otro candidato viene de un lugar distinto. Yadarola es juez en lo penal económico y aspira a ocupar la vacante que hoy tiene Leopoldo Bruglia, compañero de ruta de Bertuzzi en la controversia de 2018. Bruglia no se resigna: presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para frenar el concurso que podría reemplazarlo, con el argumento de que se trata de una destitución selectiva.
Yadarola arrastra su propio historial sensible. En 2020 viajó a la estancia de Lago Escondido —una propiedad en la Patagonia del magnate británico Joe Lewis, que se volvió sinónimo de los vínculos poco transparentes entre jueces, funcionarios y grandes grupos de medios— junto al hoy ministro Mahiques y directivos del Grupo Clarín, el mayor conglomerado mediático del país.
El viaje derivó en una imputación judicial de la que ambos fueron sobreseídos cuando el expediente pasó a los tribunales porteños. Además, en su fuero especializado en delitos financieros, tributarios y aduaneros, Yadarola tiene bajo su lupa la investigación por un avión privado vinculado al empresario Leonardo Scaturicce, cercano al asesor presidencial Santiago Caputo, uno de los hombres de mayor influencia en el entorno de Milei, según reconstruyó La Nación.
La audiencia de hoy transcurrió sin sobresaltos y con la ausencia del bloque de senadores kirchneristas —el sector del peronismo alineado con la ex presidenta Cristina Kirchner—, lo que allana el camino para que ambos pliegos avancen en comisión. Si el oficialismo consigue los votos, la Casa Rosada habrá completado buena parte del rompecabezas judicial que más le importa: el tribunal que decide, en instancia de apelación, qué causas siguen y cuáles se caen.