BUENOS AIRES – En un mundo digital sin fronteras, la Justicia también se ve obligada a trascender los límites geográficos e institucionales para responder a los desafíos que impone la tecnología.

Las distintas formas de violencia que se desarrollan en el ciberespacio, especialmente aquellas que afectan a mujeres y menores de edad, exigen marcos normativos actualizados, una mayor articulación entre países y un intercambio permanente de experiencias entre quienes trabajan en el sistema judicial.

Con ese objetivo se realizaron los encuentros impulsados por la Academia Juris Roma y la Universidad del Salvador (Usal), centrados en la violencia de género, la protección de las víctimas, las nuevas modalidades de violencia digital y la cooperación jurídica internacional, con la participación de representantes de la magistratura argentina y brasileña.

El 26 de mayo se llevó a cabo en la sede de la Usal una conferencia dedicada a las experiencias de Brasil y Argentina, que reunió a jueces y especialistas de ambos países.

Entre los principales expositores estuvieron la jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcela De Langhe; la presidenta de la Sala II de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Carla Cavaliere; y la jueza del Tribunal Penal N.º 8, Natalia Molina.

Durante las presentaciones se abordó la cuestión de los derechos humanos de las mujeres a la luz de los sistemas internacionales de protección, con especial atención a la aplicación concreta de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) y de la Convención de Belém do Pará, analizando su impacto en las políticas públicas y en las decisiones judiciales de América Latina.

Magistradas argentinas y brasileñas participaron de las jornadas de trabajo.

Marcela De Langhe destacó la importancia de la cooperación internacional en esta materia y señaló que el intercambio de conocimientos y experiencias abrió nuevos espacios de colaboración en áreas estratégicas, como las políticas de cuidado y la lucha contra la violencia digital.

“El derecho comparado no es un mero ejercicio técnico, sino la base fundamental sobre la cual construimos la cooperación jurídica internacional en materia de violencia de género”, afirmó.

Por su parte, Natalia Molina advirtió sobre las dificultades que genera la ausencia de normativas específicas capaces de responder adecuadamente a los delitos que se producen en el ciberespacio. Según explicó, el anonimato que ofrecen las herramientas digitales amplifica las posibilidades de agresión contra las víctimas.

“Jueces y fiscales tienen la obligación moral, académica y profesional de actualizar permanentemente sus conocimientos para afrontar estas nuevas circunstancias”, sostuvo, al señalar que tanto Brasil como Argentina todavía presentan vacíos legislativos frente a las nuevas formas de violencia que afectan a mujeres y menores.

Carla Cavaliere remarcó que la cooperación internacional y la incorporación de una perspectiva de género y de protección de la infancia son elementos indispensables para impulsar cambios culturales e institucionales que permitan combatir la violencia de manera efectiva.

Los expositores del segundo encuentro realizado en la Usal.

Las actividades continuaron el 28 de mayo con una mesa redonda, también en la sede de la Universidad del Salvador. Participó el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el consejero Luis Duacastella Arbizu, junto con autoridades de la Usal y de la Academia Juris Roma.

Durante su exposición, Duacastella Arbizu presentó las principales políticas públicas de género impulsadas por el Consejo de la Magistratura y las iniciativas desarrolladas en el ámbito de la Justicia porteña. También expuso el trabajo realizado por el Centro de Justicia para la Mujer, que coordina desde hace más de ocho años, y destacó el papel de la institución en la asistencia y protección de las víctimas de violencia.

Otra de las intervenciones ofreció ejemplos concretos sobre la aplicación de estrategias y mecanismos jurídicos de prevención destinados a promover la igualdad y fortalecer los instrumentos de defensa de los derechos de las mujeres.

La jornada continuó con las exposiciones de la jueza de la Cámara de Casación y Apelaciones en materia Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, Natalia Marcela Molina, y de la funcionaria de la Cámara Federal de Casación Penal y capacitadora de la Corte Suprema en cursos sobre perspectiva de género, Malena Errico.

Las reflexiones surgidas durante los encuentros adquieren una relevancia particular frente a los casos que siguen poniendo en evidencia las dificultades de los sistemas judiciales para garantizar una protección efectiva a las víctimas de violencia.

Precisamente este miércoles, el colectivo feminista Ni Una Menos volvió a movilizarse para reclamar verdad, justicia y reformas concretas, en el marco de un caso que generó una fuerte conmoción pública y dejó al descubierto numerosas falencias en los mecanismos de prevención, protección y respuesta institucional.

La movilización volvió a poner sobre la mesa la urgencia de los temas debatidos durante las jornadas: profundizar la cooperación entre instituciones, actualizar las herramientas legales y garantizar una protección real y efectiva para las víctimas.