BUENOS AIRES – Todas las miradas están puestas en ella: Cristina Kirchner. Mañana deberá presentarse en los tribunales de Comodoro Py para cumplir la condena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Está en duda si le otorgarán la prisión domiciliaria, a la cual los fiscales ya se opusieron. Ahora la decisión está en manos de los jueces. Según trascendidos, la domiciliaria sería concedida y notificada por Zoom en estas horas, para evitar las movilizaciones anunciadas.

Para su abogado, Carlos Beraldi –quien habló el sábado en una conferencia de prensa organizada por el Partido Justicialista (PJ)– la prisión domiciliaria ni siquiera debería estar en discusión.

“Cristina tiene más de 70 años, el informe socioambiental sobre el domicilio donde cumpliría la pena fue positivo, nunca se planteó riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la causa —explica Beraldi—. Además, como expresidenta, la ley obliga al Estado a brindarle custodia permanente”. Una condición incompatible con una detención común.

¿Qué se espera entonces para mañana? “Cristina se va a presentar, acompañada de sus abogados —continúa Beraldi—. Debería ser un trámite rápido. Se notificará y no se perderá tiempo en cuestiones como la acreditación de identidad. Desde nuestro punto de vista, debería volver a su casa para comenzar a cumplir la pena”.

Siempre y cuando no llegue hoy mismo la notificación de la domiciliaria. En ese caso, Cristina ni siquiera tendría que salir de su casa.

De izquierda a derecha: Carlos Beraldi, Teresa García y Felipe Solá, ex canciller. (Foto: F. Capelli)

Hay un aspecto que preocupa a su defensa. “Esperamos que todo se dé sin humillaciones innecesarias, como persona y como mujer”, subraya Beraldi, recordando el clima posterior al atentado de 2022, perpetrado por Fernando Sabag Montiel, aún bajo proceso. “Hechos —agrega el abogado— que deberían ser un argumento más a favor de la prisión domiciliaria”.

Para mañana a las 10 de la mañana se convocó una marcha de apoyo a Cristina, para acompañarla hasta el tribunal y expresarle solidaridad. Si no tuviera que ir, la movilización se mantiene igual.

“Esta condena es un golpe directo al peronismo”, dice Teresa García, secretaria del PJ, quien considera que se trata de un caso de lawfare (el uso del poder judicial para eliminar a un adversario político), como ocurrió con Lula en Brasil, Rafael Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia.

“Por eso —continúa— llamamos a la movilización de los partidos, de la sociedad civil, de todos los sectores sociales para la marcha de mañana”.

Mientras tanto, aunque el caso ya llegó a la instancia más alta y definitiva en el país, la defensa no detiene su estrategia judicial.

A Carlos Beraldi, que además es docente de Derecho Procesal Penal en la UBA, el diario Il Globo le preguntó si los próximos pasos apuntarán al fondo de la causa (la inocencia o culpabilidad de Cristina) o a aspectos procesales.

“Estamos trabajando en ambos frentes”, respondió el abogado, que señala lo que considera graves irregularidades en la aplicación del derecho.

Para empezar, la Corte Suprema resolvió los recursos cuando estaba integrada solo por tres jueces (de los cinco que establece la ley), todos con vínculos con el macrismo y hostiles a Cristina.

“Son jueces —acusa— que nunca ocultaron su ‘relación promiscua’ con el poder y con sectores antikirchneristas”. Además, señala, resolvieron con una rapidez inusual: “rechazaron nueve recursos en apenas 30 días. Consideramos que no se respetó el derecho a ser juzgada por un juez natural e imparcial”.

No solo eso. En el juicio, afirma, se usaron como prueba en su contra actos públicos en los que Cristina nunca participó y en años en los que no tenía ningún cargo en la provincia de Santa Cruz.

“Y en muchas ocasiones ni siquiera le permitieron declarar —agrega—. Tampoco se entiende por qué hechos ocurridos en Santa Cruz, que deberían haber sido juzgados primero por la justicia provincial, pasaron directamente al ámbito federal. Más aún cuando el ministro provincial de Obras Públicas fue absuelto con todos los cargos”.

Por último, aunque el juicio ya terminó en Argentina, los abogados analizan presentar un reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, si ésta lo admite, ante la Corte Interamericana.

A la derecha, Máximo Kirchner y Gustavo Menéndez, secretario de Relaciones Internacionales del PJ. (Foto: F. Capelli)

¿Y cómo está Cristina por estas horas? “Es muy fuerte, ya lo sabíamos —dice su hijo, Máximo Kirchner, diputado nacional—. La decisión de la Corte Suprema obviamente la golpeó, no olvidemos que tiene 72 años, pero la vi mucho más afectada después del atentado de 2023. Ya demostró su entereza cuando murió Néstor. A veces me pregunto de dónde saca tanta energía”.