BUENOS AIRES - La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) reclamó este lunes una “pronta solución a través de canales de diálogo y comprensión” ante la decisión del gobierno de Javier Milei de suspender el acceso a la Casa Rosada a periodistas acreditados.

El pronunciamiento se produjo luego de un encuentro entre representantes de la Iglesia y trabajadores de prensa afectados por el cierre temporal de la histórica sala “Decano Roberto Di Sandro”.

Según el comunicado difundido por el Episcopado, durante la reunión los periodistas subrayaron la importancia de ese espacio, que funciona “de manera casi ininterrumpida desde 1940”, y advirtieron que su clausura impacta directamente en el ejercicio cotidiano del oficio y en el derecho de la sociedad a recibir información.

La medida oficial, implementada desde el 23 de abril, alcanza a alrededor de sesenta cronistas que siguen diariamente la actividad presidencial.

De acuerdo con fuentes gubernamentales citadas por medios nacionales, la suspensión se enmarca en una investigación por una presunta infiltración en medios y en una denuncia penal contra dos periodistas de la señal Todo Noticias, acusados de espionaje ilegal tras la difusión de imágenes grabadas dentro de la sede gubernamental.

Como parte de la decisión, el Ejecutivo revocó la prórroga de acreditaciones para 2025 y ordenó la eliminación de las huellas digitales registradas para el ingreso, lo que en la práctica bloquea el acceso a la Casa Rosada “hasta nuevo aviso”. Hasta el momento, no hubo un comunicado oficial detallando los alcances de la medida.

Desde el sector periodístico advirtieron que la restricción constituye un hecho inusual en la historia institucional argentina, ya que la sala de prensa permaneció operativa incluso durante gobiernos de facto. En este contexto, los trabajadores continúan desempeñando sus tareas desde oficinas cercanas a Plaza de Mayo.

Durante el encuentro con la Iglesia, los periodistas también plantearon la necesidad de garantizar el respeto al derecho al trabajo, la libertad de expresión y el acceso a la información, al tiempo que alertaron sobre posibles vulneraciones a principios constitucionales.

El Episcopado, por su parte, acompañó estos planteos y sumó un llamado a “erradicar los discursos de odio”, en línea con recientes mensajes del papa León XIV, quien instó a “desarmar las palabras y abandonar expresiones ofensivas”.

La controversia se da en paralelo a la denuncia presentada por la Casa Militar ante el juzgado federal N°4 de Comodoro Py, a cargo de Ariel Lijo, por la difusión de imágenes de áreas internas del edificio gubernamental.

El presidente Milei, que se encontraba en Israel al momento de la emisión del informe televisivo, calificó a los periodistas involucrados como “delincuentes” y reclamó avanzar en la investigación para determinar responsabilidades.