IMBABURA – Un convoy que transportaba ayuda humanitaria fue atacado el domingo por la noche al ingresar en la provincia de Imbabura, en medio de las movilizaciones contra la eliminación del subsidio al diésel.

En el blindado que encabezaba la caravana viajaba el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien no sufrió heridas. Así lo informó el gobierno, mientras el país cumple ocho días consecutivos de protestas.

El epicentro de la agitación social está justamente en Imbabura, a dos horas de Quito, donde decenas de manifestantes bloquearon caminos y se enfrentaron con las fuerzas de seguridad.

Según la vocera de la Presidencia, Carolina Jaramillo, en el convoy, además de Noboa, viajaban los ministros del Bloque de Seguridad, el nuncio apostólico, la embajadora de la Unión Europea, la coordinadora residente de Naciones Unidas en Ecuador y el embajador de Italia.

“Esta comitiva fue recibida por violentos que no representan al pueblo ecuatoriano; fue atacada con bombas molotov, piedras, fuegos artificiales y obstáculos en la ruta para impedir que la ayuda llegara a la población de Imbabura”, señaló Jaramillo.

“No se trata de manifestaciones pacíficas, sino de actos terroristas. Rechazamos la violencia contra convoyes humanitarios y la destrucción de bienes públicos y privados”, agregó.

El presidente Noboa condenó el ataque, al que calificó como una “emboscada”. En su cuenta de X escribió: “Se niegan a que el Ecuador avance y eligieron la violencia. Nosotros seguimos adelante: Ecuador no puede retroceder”.

La Embajada de Italia confirmó a los medios que su representante diplomático no resultó herido. Más tarde, en un comunicado publicado en X, condenó el hecho como un “acto terrorista dirigido contra el Jefe de Estado ecuatoriano” y precisó que el ataque fue perpetrado “con la intención de infligir el mayor daño posible” a los integrantes del convoy.

Mientras tanto, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) denunció la muerte de Efraín Fuerez, un hombre de 46 años de la comunidad kichwa, durante enfrentamientos en Cotacachi, también en la provincia de Imbabura. La organización calificó el hecho como “una gravísima violación a los derechos humanos” y “una ejecución directa en medio de la represión contra el paro nacional”.

La Fiscalía abrió de oficio una investigación por el “presunto deceso” y anunció que será llevada adelante “con base en protocolos internacionales” por la unidad especializada en uso ilegítimo de la fuerza.

El presidente de la Conaie, Marlon Vargas, dijo que las protestas continuarán hasta que el gobierno derogue el decreto que elimina el subsidio al diésel. Además, exigió bajar el IVA del 15% al 12%, liberar a los detenidos durante las manifestaciones y “respeto a la protesta y soluciones a la crisis sanitaria”.

“Convocamos a nuestro pueblo a sostener con firmeza las movilizaciones en las calles; no retrocederemos con la represión ni con el miedo. El pueblo no se arrodilla. Unidad, resistencia y lucha hasta construir paz y democracia. Exigimos que escuchen los verdaderos reclamos”, afirmó Vargas.

De acuerdo con las Fuerzas Armadas, doce militares resultaron heridos mientras protegían un convoy con alimentos y otros diecisiete fueron retenidos en Cotacachi. Por ahora se desconoce su paradero y en qué condiciones se encuentran.