BRUSELAS – Tres meses de negociaciones en el Parlamento Europeo mantienen en vilo a los productores de soja argentinos.

En la capital política de la Unión Europea, donde se toman decisiones que impactan sobre los 27 países miembros y sus 450 millones de habitantes, se define una cuestión clave para uno de los principales complejos exportadores de la Argentina.

En las últimas semanas, funcionarios del Gobierno nacional viajaron a Bruselas y en los próximos días se sumarán representantes del sector privado con un objetivo concreto: intentar modificar el desenlace de una propuesta de la Comisión Europea que podría dejar al biodiésel elaborado a partir de soja argentina sin acceso a los beneficios que hoy impulsan su demanda en el bloque.

La decisión final deberá adoptarse antes del 10 de agosto. Tanto el Parlamento Europeo como el Consejo de la Unión Europea podrán únicamente aprobar o rechazar el texto presentado por la Comisión, sin posibilidad de introducir cambios.

El 10 de abril, la Comisión Europea propuso que los biocombustibles producidos a partir de soja dejen de computarse para el cumplimiento de las metas de descarbonización del bloque, en una medida similar a la aplicada en 2019 al aceite de palma.

Según Bruselas, la expansión mundial del cultivo de soja contribuye a la deforestación y a la transformación de ecosistemas capaces de almacenar carbono. Por ese motivo, considera que reducir los incentivos al uso de biodiésel derivado de esta oleaginosa ayudaría a disminuir la pérdida de bosques.

La iniciativa no implica una prohibición de importación. El biodiésel de soja podrá seguir ingresando al mercado europeo, donde se utiliza mezclado con gasoil convencional para el transporte terrestre y para maquinaria agrícola e industrial. Sin embargo, al dejar de ser considerado una herramienta válida para alcanzar los objetivos de energías renovables, perdería buena parte de su atractivo comercial.

La normativa contempla una eliminación gradual de los incentivos, que quedaría plenamente vigente a partir de 2030.

Para la industria argentina del biodiésel, lo que está en juego es significativo. Según estimaciones del sector, el país podría exportar alrededor de 1.400 millones de dólares anuales si lograra aprovechar por completo el cupo de 1,2 millones de toneladas asignado por la Unión Europea. Actualmente, las ventas externas rondan los 400 millones de dólares.

En 2024, la Argentina exportó a la Unión Europea unas 280.000 toneladas de biodiésel por un valor de 350 millones de dólares. A eso se suman 45.000 toneladas de aceite de soja destinadas a usos industriales, por otros 50 millones de dólares. Los datos fueron aportados por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).

Hoy, la Unión Europea es el único mercado externo para el biodiésel argentino, una dependencia que vuelve al sector especialmente vulnerable ante cualquier modificación regulatoria. La propuesta, en cambio, no afecta a la harina de soja, principal producto de exportación del complejo agroindustrial nacional.

El origen de esta discusión se remonta a 2019, cuando la agenda ambiental ganó peso dentro de las instituciones europeas. Ese año, la Unión Europea determinó que el aceite de palma, producido principalmente en Malasia e Indonesia, estaba asociado a un alto riesgo de deforestación y resolvió excluirlo progresivamente de los incentivos destinados a los biocombustibles.

La decisión generó la reacción de ambos países asiáticos, que llevaron el caso ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), al considerar que se trataba de una barrera comercial encubierta bajo argumentos ambientales.

La legislación europea, sin embargo, prevé revisiones periódicas de las materias primas consideradas de riesgo. De ese proceso de actualización, sometido a consulta pública entre enero y febrero de este año, surgió la incorporación de la soja.

Uno de los principales cuestionamientos de la Argentina apunta a la metodología utilizada por la Comisión Europea. Bruselas evaluó la expansión del cultivo de soja a escala global y no país por país.

Tanto el Gobierno argentino como las entidades empresarias sostienen que ese criterio perjudica al país, donde la superficie sembrada con soja viene disminuyendo desde hace más de una década y no registra un crecimiento asociado a procesos de deforestación.

Para Buenos Aires, incluir a la soja dentro de la categoría de materias primas de riesgo no refleja la realidad productiva local y podría tener consecuencias económicas importantes para una cadena que busca ampliar su participación en el mercado europeo.

Con la cuenta regresiva en marcha hacia la votación del 10 de agosto, el sector agroindustrial argentino redobla sus gestiones diplomáticas y de lobby en Bruselas con la esperanza de convencer a los eurodiputados de rechazar la propuesta de la Comisión y mantener abierto un mercado considerado estratégico.