BUENOS AIRES - La suerte judicial y política de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner podría definirse esta misma semana, con la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en el centro de todas las miradas. Mañana, 10 de junio, es la fecha que resuena con fuerza en los pasillos de Comodoro Py y en los despachos políticos, ante la posibilidad de que el máximo tribunal se expida sobre el futuro de la exmandataria en la resonante causa “Vialidad”.

Cristina Fernández fue condenada en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal 2 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por administración fraudulenta en la adjudicación de obras viales en Santa Cruz durante su presidencia. La Cámara de Casación Penal ratificó esta condena en 2024. Sin embargo, la defensa de CFK presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, que aún no ha sido resuelto y que tiene en vilo al escenario político nacional.

Las opciones de la Corte: entre lo jurídico y lo político

La CSJN se encuentra ante un abanico de posibilidades, cada una con profundas implicancias. La más drástica y rápida sería la aplicación del Artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que le permitiría rechazar el recurso de forma directa, sin entrar en los fundamentos del caso, al considerar que carece de “trascendencia institucional”.

Si esto ocurriera, la condena quedaría firme y CFK quedaría inhabilitada para presentarse como candidata a diputada por la Tercera Sección Electoral de la provincia Buenos Aires, una zona clave para el kirchnerismo, antes del 19 de julio de 2025. Una decisión de este tipo sería vista como “política” y arbitraria, dadas las dimensiones del caso.

Otra alternativa es que la Corte decida abrir el recurso extraordinario y analizar el fondo del caso. En este escenario, podría:

  • Ratificar la condena de seis años.
  • Incluso aumentar la pena a 12 años, si acepta la tesis de “asociación ilícita” propuesta por el fiscal Mario Villar.
  • Aunque menos probable según los analistas, también podría anular el fallo por irregularidades.

Finalmente, la CSJN podría optar por aceptar recursos de la defensa y dilatar el proceso. Esta estrategia permitiría a Cristina Fernández de Kirchner mantener sus derechos políticos hasta después de las elecciones y la definición de su situación judicial sería postergada.

Presiones y contexto político: un tablero complejo

El kirchnerismo, a través del Instituto Patria, se muestra convencido de que la CSJN fallará en contra de la expresidenta en el corto plazo, incluso anticipando una posible detención inmediata, aunque por su edad (más de 70 años) podría acceder a prisión domiciliaria. Ante este panorama, se preparan movilizaciones y se denuncia una "persecución judicial" para impedir su candidatura.

Desde el gobierno y la oposición, sectores anti-kirchneristas ejercen presión para que la condena se aplique antes de los comicios. Algunos peronistas trazan paralelismos con el caso de Lula en Brasil, sugiriendo que, incluso desde la cárcel, CFK podría mantener su influencia política.

La Corte Suprema, por su parte, ya rechazó la recusación contra el juez Ricardo Lorenzetti, quien había sido acusado de parcialidad por la defensa de CFK. Históricamente, el máximo tribunal ha evitado expedirse en años electorales, pero esta vez podría hacer una excepción, lo que añadiría aún más incertidumbre al escenario.

Escenarios posibles y su impacto electoral

Si la CSJN decide aplicar el Artículo 280 o ratificar la condena, Cristina Kirchner perdería su candidatura y enfrentaría una pena de prisión (probablemente domiciliaria). El kirchnerismo, sin duda, denunciaría “proscripción” y movilizaría a sus bases, generando un fuerte impacto social y político.

En cambio, si la Corte dilata la decisión o anula la condena, CFK podría competir en las próximas elecciones, donde tiene altas chances de obtener una banca, lo que representaría un revés político para el actual gobierno de Javier Milei. Un aumento de la pena a 12 años alargaría el proceso, pero con una condena de mayor gravedad.

La decisión de la Corte Suprema, sea cual fuere, se perfila como un fallo con un peso más político que jurídico. No solo definirá el futuro de Cristina Fernández de Kirchner, sino que también reconfigurará el mapa electoral de este año pudiendo consolidar una estrategia judicial contra el kirchnerismo, generar una crisis institucional con movilizaciones y tensiones sociales, o impactar directamente en las elecciones bonaerenses y nacionales.

Todos los ojos estarán puestos en la Corte Suprema, que, a partir de mañana, podría escribir un nuevo capítulo en la historia judicial y política de la Argentina.