BUENOS AIRES – El Gobierno de Javier Milei formalizó este jueves la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA) al autorizar la venta del 90% del paquete accionario que permanece en manos del Estado nacional.
La medida fue oficializada mediante el Decreto 494/2026, publicado en el Boletín Oficial, y representa un nuevo paso en el proceso de transformación del servicio de agua potable y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
La norma, firmada por el presidente Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, habilita la transferencia de la compañía a través de una licitación pública nacional e internacional que será coordinada por el Ministerio de Economía junto con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.
Según el esquema definido por el Ejecutivo, la operación se realizará en dos etapas. En primer lugar se buscará transferir al menos el 51% de las acciones a un operador estratégico del sector, que asumirá el control operativo de la empresa. Posteriormente, el resto del capital accionario será ofrecido en bolsas y mercados locales.
La privatización de AYSA había quedado habilitada con la aprobación de la Ley Bases y comenzó a tomar forma durante 2025, cuando el Gobierno impulsó una profunda modificación del marco regulatorio de la empresa. Entre otros cambios, el Ejecutivo autorizó cortes del suministro por falta de pago, habilitó mecanismos automáticos de actualización tarifaria y amplió las facultades de la futura concesionaria.
Ahora, con el nuevo decreto, la administración libertaria avanza hacia el traspaso definitivo de la compañía al sector privado.
El Gobierno justificó la decisión con un diagnóstico crítico sobre el funcionamiento de la empresa desde su reestatización en 2006. Según cifras oficiales, AYSA recibió transferencias del Tesoro Nacional por alrededor de 13.400 millones de dólares entre 2006 y 2023.
En el decreto, el Ejecutivo sostiene que pese a esos aportes persistieron problemas de infraestructura, aumento de costos operativos y pérdida de productividad. También argumenta que el Estado no está en condiciones de afrontar las inversiones necesarias para ampliar y sostener el servicio sin comprometer la política de reducción del déficit fiscal.
“La intervención estatal (…) no ha dado los resultados esperados”, señala el texto oficial.
La discusión, sin embargo, remite inevitablemente a los antecedentes de los años noventa. En 1993, durante el gobierno de Carlos Menem, Obras Sanitarias de la Nación fue concesionada al consorcio Aguas Argentinas, encabezado por la empresa francesa Suez.
Aquella privatización fue presentada bajo argumentos similares a los actuales: necesidad de inversiones, modernización del sistema y mejora de la eficiencia del servicio. Sin embargo, con el paso de los años crecieron las denuncias por incumplimientos en los planes de obras, aumentos tarifarios y problemas de calidad del agua en distintas zonas del conurbano bonaerense.
En 2006, el gobierno de Néstor Kirchner rescindió la concesión y reestatizó el servicio mediante la creación de AYSA. Entre los fundamentos oficiales figuraban incumplimientos contractuales de la empresa y riesgos sanitarios asociados a altos niveles de nitratos detectados en algunas localidades.
Tras el regreso a la órbita estatal, la red de agua potable y cloacas se expandió a millones de hogares, aunque la empresa continuó dependiendo de subsidios públicos para sostener gran parte de sus operaciones y obras de infraestructura.
Treinta y tres años después de la primera privatización del servicio, AYSA vuelve así al centro de una discusión histórica sobre el rol del Estado en los servicios públicos esenciales y sobre el acceso al agua en un contexto de creciente liberalización económica.
