BUENOS AIRES - Luego de la masiva manifestación a favor de los jubilados a la que la semana pasada acudieron hinchas de fútbol para acompañarlos y protegerlos de la represión, el gobierno argentino envió al congreso el proyecto de Ley Antibarras.

“Hoy llegó a la Cámara de Diputados firmado por el presidente Javier Milei una ley que encuadra y tipifica los delitos de las barras bravas, y lo hace en un tipo de asociación ilícita especial, una organización criminal –explicó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en conferencia de prensa desde la Casa Rosada y acompañada por el director nacional de Seguridad en Eventos Deportivos, Franco Berlin–. Hace mucho tiempo que Argentina necesita solucionar un problema de violencia estructural que tiene en las barras bravas de fútbol”.

Bullrich explicó que la iniciativa amplía los alcances de la anterior ley de violencia en los espectáculos públicos, e incluye a negociados que rodean a la actividad de las barras bravas y que “generan un tipo de financiamiento, en muchos casos avalado por las conducciones de los clubes”.

Por eso, remarcó, en el proyecto “también se castiga a los dirigentes de los clubes que facilitan entradas a las barras, que les alquilan micros, que permiten estas acciones violentas o que facilitan la entrada de elementos contundentes o de armas a las canchas”, y también a los organizadores de espectáculos ya que “hemos encontrado en muchas ocasiones armas de fuego, armas blancas y otro tipo de armas que pasaron sin que nadie supiese los controles”.

La ministra destacó que, si bien 2024 fue el año “con mayor cantidad de personas que no pudieron entrar a las canchas, con más derecho de admisión, con más capturas, eso no alcanza” porque las barras bravas “muchas veces se alquilan por dinero, generan custodias en lugares de la economía informal, se meten en negocios o negociados de camisetas, de entradas y una cantidad de cosas que plantean un clima de apriete permanente”.

Por eso, apuntó, “habiendo votado hace pocos días la ley antimafia que va contra las organizaciones criminales, contra el crimen organizado, nos permite avanzar sobre un tipo de violencia y un tipo de organización que le hace muy mal a la Argentina”, mientras que además “vamos a seguir con el mecanismo de inhabilitación administrativa de las personas que están imputadas o las que generan conductas violentas, y no van a poder ingresar a los estadios”.

Berlin, por su parte, apuntó que el eje fundamental de esta nueva ley pasa por “terminar con el barrabrava y tipificarlo penalmente como una organización criminal” en lugar de considerarlo como “el folklore del fútbol”, además de “erradicar la violencia en el fútbol de una vez por todas”.

Qué dijo Bullrich sobre el fotógrafo Pablo Grillo

La funcionaria abordó el caso del fotógrafo Pablo Grillo, herido por un cartucho de gas lacrimógeno lanzado por un gendarme durante las manifestaciones. Bullrich manifestó su “solidaridad” hacia el joven y su familia, presentó una explicación que contradice las pruebas audiovisuales difundidas.

Sostuvo que las reconstrucciones sobre el incidente -que realizó El Mapa de la Policía, donde se observa el trayecto del proyectil y se logra identificar al gendarme que lo propició- carecen de rigor técnico: "El disparo no fue directo a la cabeza, eso no es verdad —dijo—. Fue hecho de acuerdo al protocolo que tiene la Gendarmería Nacional Argentina en su página 407 que dice que ‘existe un mecanismo donde el efectivo debe ejecutarlo en forma oblicua hacia el suelo’”.

Esta postura choca con los múltiples registros que documentan el momento exacto del ataque. Para Bullrich la dificultad para visualizar detalles se debió a la densidad del humo. “Nosotros tuvimos bastante dificultad en encontrar las imágenes porque había mucho humo, pero ese disparo no va a la cabeza. Eso no es verdad. Rebota, estamos viendo si una o dos veces, y luego atraviesa un cartel que estaba tirado en el piso con fuego y lamentablemente esa desviación de ese cartel pega sobre la cabeza. No sabemos si fue el mismo cartucho o el pedazo de metal”.

Sobre los disturbios registrados aquel día —incluido el incendio de un móvil policial que, de manera llamativa, habia sido abandonado con las puertas abiertas—, desestimó la teoría de infiltrados: “Cada vez que destruyen algo, en vez de asumir que son los violentos, barra bravas, patoteros, los que han perdido el poder, los que no tiene más los comedores y se quedaron sin plata, los que dejaron de cobrar y robarles los planes sociales a la gente, los que se quedaron sin esas cifras enormes de dinero, dicen que fueron infiltrados”.

Bullrich, en línea con los dichos del Gobierno nacional, sostuvo que el objetivo de la manifestación a favor de los jubilados fue la de desestabilizar: “Fue un intento no de defender derechos sino de alterar, destruir el orden público ganado en la Argentina en todo el 2024”.

Además, la ministra anunció que a partir de hoy se pondrá en marcha “un mecanismo, en el 134, para que denuncien a los violentos que rompieron todo. Y ahí vamos a tener muchísima más información de la gente”, que asistió a la manifestación y, sostiene Bullrich, generó destrozos.

La Justicia Federal estará en la marcha del miércoles

Luego de la represión del 12 de marzo, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11 decidió observar la manifestación en apoyo a los jubilados de manera presencial este miércoles.

La iniciativa busca supervisar in situ el cumplimiento del Protocolo Antipiquetes establecido por el Gobierno de Javier Milei y recolectar pruebas de oficio relevantes para sustentar el reclamo de inconstitucionalidad presentado por múltiples organizaciones, entre las que se encuentran Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el sindicato de prensa SIPREBA. El tribunal enfatizó en su resolución que las acciones registradas el día 12 “se desvían de los principios republicanos establecidos en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de jerarquía constitucional que rigen el ordenamiento jurídico argentino”.

Al ser consultada al respecto, Bullrich respondió que “no tiene ningún problema en acompañar” al juez Martín Cormick, a cargo de la decisión.

“Esperemos que el miércoles sea una marcha pacífica, nosotros vamos a hacer todo para que los violentos no lleguen. Y esperemos que, como en muchos países de Europa, aquellos que tienen antecedentes por violencia no puedan participar de una marcha”, finalizó la ministra.