BUENOS AIRES – En medio del debate por la ley de ciudadanía italiana, Italia Viva Sudamérica se suma con una propuesta que su coordinador en la región, Nicolás Fuster, define como “de sentido práctico”.

“Por un lado, la situación previa al decreto Tajani era insostenible y había que decirlo –afirma–. En muchos casos obtenían la ciudadanía personas sin ningún vínculo con Italia, su idioma o su cultura desde hacía al menos un siglo. Y todo a costa de otros italianos, que financiaban con sus impuestos el trabajo de los consulados”.

Del otro lado –o mejor dicho, del otro lado del océano– aparece un país con una fuerte crisis demográfica que, según proyecciones de Eurostat, en 2027 tendrá la mayor proporción de mayores de 65 años del mundo.

Entonces, ¿qué hacer?

“No queremos quitar derechos ni traicionar el espíritu del ius sanguinis –explica Fuster–. Yo mismo soy descendiente de un hombre nacido en 1858, el abuelo de mi abuela, y Italia me dio una oportunidad. No solo un pasaporte, sino también la posibilidad de estudiar y recibirme”.

Sin embargo, también plantea que los derechos deben ir acompañados de obligaciones, empezando por el conocimiento del idioma, la cultura y las leyes del país.

“Por eso proponemos que la ciudadanía pueda ser solicitada por cualquier descendiente de italianos, sin límite generacional –señala Fuster–. El postulante debería armar el expediente con toda la documentación en Argentina, Uruguay o Brasil, por mencionar los países con mayor presencia italiana”.

Una vez validados los papeles, el consulado otorgaría un permiso que habilite a la persona a residir en Italia durante un año, por estudio o trabajo, y completar allí el trámite. “De esta manera los consulados se aliviarían de parte de la carga y a Italia llegarían jóvenes –continúa Fuster–. Durante ese año, la persona habrá construido vínculos, aprendido el idioma y conocido la cultura”.

El proceso concluiría con una entrevista en italiano, para acreditar un buen dominio de la lengua. “En ese punto creemos que muchos ‘nuevos ciudadanos’ elegirán quedarse, gracias a la integración lograda en el tejido social”.

Para Fuster, se generaría un escenario beneficioso para ambas partes: jóvenes en edad laboral que llegan a Italia, consumen y pagan impuestos, además de provenir en su mayoría de países cultural y religiosamente cercanos. “Una ley con consenso amplio –agrega– que podría conformar tanto a sectores progresistas, porque no se restringen derechos, como a los más conservadores, ya que no implicaría mayores gastos en asistencia, sino lo contrario”.

¿Y qué responder a quienes cuestionan que se priorice a descendientes de italianos del siglo XIX por sobre personas nacidas en Italia de padres extranjeros, plenamente integradas en la lengua y la cultura? “Nosotros apoyamos una ley de ius soli –afirma–. Una cosa no excluye la otra”.

Queda abierto, en cambio, el tema económico. Una iniciativa de este tipo filtra a los candidatos desde el inicio según su capacidad de afrontar un pasaje aéreo y sostener un año de residencia en Italia, algo que hoy está fuera del alcance de la mayoría de las familias argentinas.