LA HAYA - Concluyeron en La Haya las audiencias ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por la histórica disputa territorial entre Venezuela y Guyana por el control del Esequibo, una extensa región rica en recursos naturales que ambos países se disputan desde hace más de un siglo.

Tras el cierre de las exposiciones orales, la Corte inició formalmente sus deliberaciones. Según estimaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guyana, el fallo podría conocerse antes de fin de año, aunque la CIJ todavía no informó una fecha exacta para la sentencia pública.

La controversia involucra un territorio de unos 160 mil kilómetros cuadrados administrado por Guyana pero reclamado por Venezuela. Se trata de una zona estratégica no solo por su ubicación geográfica sino también por las enormes reservas energéticas y mineras presentes tanto en tierra firme como en aguas offshore.

En los últimos años, el Esequibo se convirtió en uno de los principales polos energéticos del mundo tras los descubrimientos petroleros en el bloque Stabroek, donde operan ExxonMobil, Chevron y la china CNOOC.

Durante la última audiencia oral, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez reafirmó la postura de Caracas y aseguró que el país “nunca renunciará a sus derechos históricos ni a la defensa de su soberanía e integridad territorial”. Según el gobierno venezolano, el laudo arbitral de 1899 —que otorgó el territorio al Reino Unido, entonces potencia colonial de la Guyana Británica— sería nulo por supuestas irregularidades.

Venezuela sostiene además que el Acuerdo de Ginebra de 1966 es el único instrumento jurídico válido para resolver el conflicto, ya que reconoce la existencia de una controversia territorial todavía abierta.

Guyana, por su parte, considera que el laudo arbitral de 1899 definió de manera definitiva la frontera internacional y entiende que la CIJ es el ámbito legítimo para alcanzar una resolución final y vinculante.

El gobierno del presidente Irfaan Ali afirmó confiar en la “solidez” de sus argumentos y sostiene que las audiencias reforzaron aún más la posición guyanesa. Las autoridades del país también acusaron a Venezuela de mostrar una actitud de “desprecio” hacia la Corte y el derecho internacional.

Detrás del litigio territorial se juega además una fuerte disputa geopolítica y energética. Desde 2015, cuando ExxonMobil descubrió el yacimiento Liza-1, Guyana registró 47 hallazgos offshore, 41 de ellos en el bloque Stabroek, y pasó en menos de una década de ser uno de los países más pobres de Sudamérica a convertirse en una de las economías de mayor crecimiento del hemisferio occidental.

Para Venezuela, esas actividades petroleras violan el espíritu del Acuerdo de Ginebra porque Georgetown autorizó exploraciones y explotaciones en aguas todavía en disputa sin alcanzar antes un acuerdo con Caracas.

El crecimiento de la industria petrolera guyanesa atrajo además respaldo político y financiero de Estados Unidos y de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Parte de los ingresos petroleros de Guyana son administrados a través del Natural Resource Fund depositado en la Reserva Federal de Nueva York, un elemento que, según la interpretación venezolana, refuerza todavía más la influencia estadounidense sobre el sector energético guyanés.

De acuerdo con las estimaciones, las reservas superan los 11 mil millones de barriles equivalentes de petróleo y la producción podría pasar el millón de barriles diarios antes de 2030, ubicando a Guyana al nivel de países de la OPEP como Angola y Nigeria.

La tensión entre ambos países se mantiene alta desde hace años y se profundizó después de los grandes descubrimientos petroleros offshore que transformaron a Guyana en uno de los nuevos protagonistas energéticos de la región.

Durante el gobierno de Nicolás Maduro, el conflicto estuvo en algunos momentos cerca de una escalada militar. En ese escenario, la Comunidad del Caribe (Caricom) cumplió un papel diplomático importante para intentar contener las tensiones y favorecer el diálogo.

El bloque regional respaldó la jurisdicción de la CIJ y el camino judicial impulsado por Guyana, e intervino también en momentos de fuerte tensión entre ambos países, como en 2021 tras la detención de barcos pesqueros guyaneses por parte de autoridades venezolanas.

La disputa ya impacta además sobre el equilibrio estratégico regional. Mientras Caricom mantiene su apoyo a Guyana y a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, Brasil sigue de cerca el desarrollo del nuevo eje energético atlántico y busca fortalecer su presencia offshore en la zona.