BUENOS AIRES – Al igual que otros imputados en la misma causa, Cristina Kirchner pidió cumplir la pena bajo arresto domiciliario, argumentando motivos vinculados a su edad y a su seguridad personal. Con 72 años, cumple con los requisitos legales para solicitar este tipo de detención alternativa a la prisión común.
Sus abogados también remarcan que, por haber sido jefa de Estado, le corresponde una custodia permanente, especialmente teniendo en cuenta que en 2022 fue víctima de un intento de atentado.
Ahora la decisión final está en manos del Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py, que ya envió a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, un pedido formal para que se le asigne una estructura adecuada donde cumplir la pena, en caso de que no se le conceda el arresto domiciliario.
El documento señala que la ex presidenta debería ser alojada en una sede de alguna de las fuerzas federales – Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Servicio Penitenciario Federal o Policía de Seguridad Aeroportuaria – que garantice condiciones de seguridad acordes a su situación.
El juez Andrés Basso, en su resolución, pidió que se tenga en cuenta no solo la edad y el rol institucional que tuvo Cristina Kirchner, sino también las condiciones especiales de custodia que implica haber ocupado la Presidencia de la Nación.
También se menciona el atentado que sufrió, actualmente objeto de un proceso judicial en curso, como un elemento que no debe pasarse por alto.
Luego de la confirmación de la condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, Cristina Fernández de Kirchner deberá enfrentar también el decomiso de bienes por un total de 84.835 millones de pesos. La decisión alcanza también a los otros ocho condenados en la conocida causa “Vialidad”.
Según su declaración jurada de fin de mandato, presentada ante la Oficina Anticorrupción a fines de 2023, la expresidenta (y luego vicepresidenta de Alberto Fernández) declaró un patrimonio de 249.421.220 pesos.
