BUENOS AIRES — La Argentina y Estados Unidos sumaron el miércoles una pieza más a su alianza estratégica. Los gobiernos de Javier Milei y Donald Trump lanzaron el “Corredor Andes-Atlántico”, un acuerdo de infraestructura para conectar las zonas mineras de litio y cobre del noroeste argentino y Vaca Muerta con los puertos del Atlántico. La firma estuvo a cargo del canciller Pablo Quirno y de Christopher Landau, número dos del Departamento de Estado, en Nueva York, al margen de la semana de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Vaca Muerta es una formación de petróleo y gas no convencional de la Patagonia, en la provincia de Neuquén, y figura entre las más grandes del mundo. Su desarrollo depende de obras que el país arrastra como deuda pendiente: rutas, trenes, ductos y puertos.
La declaración conjunta organiza la cooperación en cuatro sectores. En transporte, ambos gobiernos buscarán identificar proyectos prioritarios de ferrocarriles, vías navegables y puertos, con lugar para empresas estadounidenses como oferentes o subcontratistas. En energía, el foco es el desarrollo comercial de Vaca Muerta mediante préstamos directos, garantías y seguros.
El texto también abarca los minerales críticos y la seguridad digital. Los instrumentos financieros quedan en manos de tres organismos del gobierno estadounidense: la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo (DFC), el banco de exportaciones e importaciones EXIM y la Agencia de Comercio y Desarrollo. El corredor formará parte, además, de la Asociación para la Infraestructura e Inversión Global del G7.
La declaración conjunta no incluye montos y las cifras figuran en la hoja informativa del Departamento de Estado. Allí se menciona una propuesta indicativa del EXIM de hasta u$s6.000 millones para un proyecto de gas natural licuado en Vaca Muerta y un marco de financiamiento de hasta u$s7.000 millones a 2027.
El grueso de esos fondos apunta a Argentina LNG, el proyecto que YPF desarrolla junto a la italiana ENI y a XRG, brazo inversor de ADNOC, la petrolera estatal de Abu Dabi. Su objetivo es producir y exportar gas natural licuado desde Vaca Muerta, con una capacidad prevista de 12 millones de toneladas anuales en dos unidades flotantes de licuefacción. Es además la iniciativa con el mayor pedido de adhesión al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), que otorga beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros a los grandes proyectos: u$s51.000 millones. ENI ubica la decisión final de inversión hacia fines de 2026. El titular de YPF, Horacio Marín, apunta a noviembre.
Del lado argentino, el Gobierno se comprometió a fortalecer su marco legal y regulatorio y la protección de la inversión extranjera, con reglas “transparentes, predecibles y efectivas” para las concesiones de infraestructura.
Hay, sin embargo, restricciones concretas. Según ADNSUR, el cuadro de límites del EXIM vigente desde el 30 de julio admite financiamiento de hasta siete años para deudores argentinos, públicos y privados, y nada por encima de ese plazo. Es un horizonte acotado para obras que se amortizan en décadas. Toda exposición de la DFC superior a u$s50 millones requiere aprobación de su directorio, un trámite que el propio organismo estima en un mínimo de seis a nueve meses.
A esto se suma un frente político. La agenda del corredor se inscribe en el acuerdo comercial firmado en febrero, que según la Cancillería compromete a Estados Unidos a respaldar a través del EXIM y la DFC el financiamiento de inversiones en sectores críticos. Pero, según publicó Bloomberg, asesores de Milei comunicaron a la administración Trump que no tienen los votos para ratificarlo en el Congreso.
La agenda continúa en octubre. Landau viajará a la Argentina, y una delegación del Departamento de Estado, el EXIM y la DFC recorrerá Buenos Aires, Jujuy y Salta para identificar proyectos. Los desembolsos efectivos dependerán de que cada proyecto cierre sus contratos, condiciones crediticias y decisiones de inversión.
El anuncio se inscribe en una ofensiva hemisférica más amplia de Washington. En la misma semana, Chile adhirió al Escudo de las Américas, la iniciativa de seguridad regional impulsada por Trump. Para el gobierno de Milei, el corredor es un respaldo político de peso. Para Eni, que aporta al proyecto la tecnología de licuefacción, el interés estadounidense puede despejar una de las definiciones pendientes antes de la decisión final: el esquema de financiamiento.