BUENOS AIRES - Trabajadores judiciales mantienen este martes la toma del edificio de la Justicia Nacional del Trabajo ubicado en Avenida Roque Sáenz Peña 760 y sostienen un paro total de actividades que mantiene paralizados los juzgados laborales en la Ciudad de Buenos Aires.

La medida comenzó el lunes por la mañana, cuando cientos de empleados ingresaron al inmueble tras una asamblea y decidieron ocuparlo en rechazo al artículo 91 de la reforma laboral. La protesta afecta la tramitación de juicios por despidos, indemnizaciones y conflictos sindicales, en un fuero que recibe cerca de 60.000 causas nuevas por año.

El eje del conflicto es el proyecto que el Senado tiene previsto tratar esta semana. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción de Diputados, incluye el acuerdo de transferencia de competencias desde la Nación hacia la Ciudad de Buenos Aires y establece un plazo de 180 días para implementarlo.

Aunque el texto habla de “traspaso”, el esquema implica que las nuevas demandas laborales comiencen a tramitar ante tribunales porteños, mientras que los juzgados nacionales quedarían únicamente con los expedientes en curso hasta finalizarlos. En los hechos, eso supone el cierre progresivo del fuero laboral nacional tal como funciona actualmente.

La Justicia Nacional del Trabajo es el fuero que interviene en los conflictos entre empleados y empleadores en la Ciudad. Aplica las leyes laborales vigentes en todo el país, pero depende administrativamente del Poder Judicial de la Nación, una estructura heredada de la época en que Buenos Aires era Capital Federal.

El Gobierno sostiene que el cambio responde a la autonomía reconocida a la Ciudad en la reforma constitucional de 1994. El artículo 129 le otorgó facultades propias de jurisdicción, similares a las de una provincia, y desde el oficialismo consideran que la permanencia de tribunales nacionales que aplican derecho común en territorio porteño es una anomalía pendiente de resolver.

Fuentes oficiales señalan que la transferencia busca “ordenar el sistema judicial” y equiparar la situación de la Ciudad con la del resto del país. En paralelo, el oficialismo cuestiona el nivel de litigiosidad y habla de la llamada “industria del juicio”, una expresión utilizada para referirse al volumen de demandas laborales y al impacto económico de las sentencias sobre las empresas.

Del lado de los trabajadores judiciales y de sectores del fuero, la lectura es distinta. La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación estima que más de 1.600 empleados podrían quedar en una situación de incertidumbre si avanza el traspaso y reclama garantías de continuidad laboral.

La Federación Judicial Argentina expresó su respaldo a la protesta y afirmó en un comunicado que el conflicto afecta “la estabilidad de las y los trabajadores, el funcionamiento del Poder Judicial y la tutela efectiva de los derechos laborales”. También sostuvo que “cualquier salida debe construirse a través del diálogo democrático” y advirtió: “Rechazamos de forma categórica cualquier intento de resolver la situación mediante acciones represivas o intimidatorias”.

El comunicado de FJA.

El debate también anticipa un capítulo judicial. El juez laboral Javier Nagata sostuvo en declaraciones a Radio Perfil que la iniciativa “va a terminar judicializada”, al considerar que no se trata de un simple cambio administrativo sino de la modificación estructural de un fuero completo.