LA PAZ - La crisis política en Bolivia sumó esta semana un nuevo capítulo de alta tensión. Un tribunal de la ciudad de Tarija ordenó la captura del expresidente Evo Morales luego de que no se presentara al inicio del juicio oral en su contra por una causa de presunta trata agravada de personas.

La audiencia comenzó a primera hora de la mañana sin la presencia del líder del Movimiento al Socialismo (MAS) ni de sus abogados particulares. Ante esa situación, la Justicia lo declaró “en rebeldía”, dispuso una orden de aprehensión y dictó arraigo para impedir que abandone el país.

“El juicio queda suspendido mientras comparezcan o se haga comparecer, por la fuerza pública, a los acusados”, informó el fiscal del caso, Luis Gutiérrez.

La causa investiga una presunta relación que Morales habría mantenido en 2015 con una adolescente de 15 años vinculada a la organización juvenil “Generación Evo”. Según la acusación fiscal, de ese vínculo habría nacido una hija en 2016. La investigación también involucra a los padres de la joven, acusados de haber recibido beneficios políticos y económicos.

Morales rechaza las acusaciones y sostiene que se trata de una persecución política impulsada por sectores enfrentados con su espacio. Su defensa cuestionó además la legalidad de las notificaciones judiciales y argumentó que el exmandatario no recibió una citación formal.

El exjefe de Estado permanece desde 2024 en el Trópico de Cochabamba, su histórico bastión político y sindical, donde organizaciones cocaleras y grupos afines mantienen una fuerte estructura de protección para evitar una eventual detención.

Tras conocerse la decisión judicial, dirigentes cercanos al expresidente lanzaron duras advertencias contra el gobierno de Rodrigo Paz. Dieter Mendoza, uno de los referentes sindicales del sector, aseguró que cualquier operativo policial podría desencadenar una “insurgencia” y una “convulsión social” en todo el país.

La amenaza ocurre en medio de una escalada de protestas y bloqueos que ya afecta distintas regiones bolivianas. Solo este lunes se registraron más de 30 cortes de rutas, especialmente en el departamento de La Paz, donde comenzaron a reportarse problemas de abastecimiento y pérdidas económicas.

El Gobierno responsabilizó directamente a Morales por la conflictividad. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, denunció que las movilizaciones están siendo financiadas desde Cochabamba con el objetivo de forzar la caída del presidente.

“Quieren salir a bloquear sin ninguna propuesta. Es para que caiga el gobierno”, afirmó el funcionario.

A la tensión política se sumó la convocatoria de la Central Obrera Boliviana (COB) a una huelga por tiempo indeterminado para exigir aumentos salariales y rechazar reformas económicas impulsadas por el Ejecutivo. También participan organizaciones campesinas, maestros y sectores indígenas que reclaman la renuncia de Paz y rechazan proyectos vinculados a hidrocarburos y minería.

En paralelo, Morales convocó a una movilización hacia La Paz bajo la consigna “Marcha por la vida para salvar Bolivia”. El exmandatario acusa al gobierno de aplicar políticas de ajuste, avanzar con privatizaciones y entregar recursos naturales a intereses extranjeros.

Horas después de conocerse la orden judicial, Morales volvió a apuntar contra el oficialismo con un mensaje publicado en X. “La bronca en las calles y caminos no se tapará con difamaciones y persecuciones judiciales”, escribió el líder del MAS, quien habló de una “rebelión contra el neocolonialismo y neoliberalismo” y acusó al gobierno de impulsar una “criminalización de la protesta social”.

El conflicto marca el momento de mayor fragilidad política desde la llegada de Rodrigo Paz al poder y profundiza la ruptura definitiva entre el actual gobierno y el histórico líder del MAS, que gobernó Bolivia entre 2006 y 2019.