ASUNCIÓN — El juez penal de Garantías de Delitos Económicos Humberto Otazú ordenó este sábado que Santiago Peña permanezca en prisión preventiva, horas después de que la Fiscalía lo imputara por lesión de confianza, en calidad de instigador, y por administración en provecho propio, como autor, en la causa por el derrumbe de Ueno Bank. El expresidente, de 47 años, seguirá recluido en el Regimiento Escolta Presidencial, la unidad militar adonde fue trasladado el viernes por la noche después de que manifestantes y policías se enfrentaran frente a su casa. Ante el magistrado, Peña se abstuvo de declarar.

Según explicó Otazú a la prensa al término de la audiencia de imposición de medidas, la detención busca “garantizar su sometimiento a este procedimiento”. El Ministerio Público pidió además la inhibición general de bienes del exmandatario y de Carlos Carvallo, extitular del Banco Central del Paraguay (BCP), imputado en la misma causa. La fiscal Nancy Salomón precisó que cada uno de los delitos atribuidos prevé penas de hasta diez años de cárcel.

Los fiscales sostienen que, desde la presidencia, Peña habría intervenido en la colocación, renovación y permanencia de importantes sumas de organismos estatales y cajas previsionales en Ueno, un banco con cuyo holding mantenía una relación económica y corporativa previa. La investigación ya suma 27 imputados, entre ellos Miguel Vázquez, uno de los fundadores de la entidad.

La caída del banco digital se precipitó el lunes 2 de noviembre, cuando el directorio del BCP resolvió por unanimidad iniciar su procedimiento de resolución tras detectar que el índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo legal. La medida, comunicada al día siguiente, congeló los fondos de unos 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes, además de depósitos de entidades públicas y jubilatorias. Carvallo, que antes de asumir en el BCP en 2023 había dirigido la financiera que luego se transformó en Ueno, renunció a pedido del propio Peña.

Ese gesto no alcanzó para frenar la crisis política. El mandatario presentó su renuncia, pero la sesión del Congreso convocada para tratarla quedó sin quórum y el proceso avanzó por la vía del juicio político. El viernes, el Senado lo declaró culpable por unanimidad de “mal desempeño de funciones” en una sesión a la que no asistió, y el vicepresidente Pedro Alliana juró como nuevo jefe de Estado. Poco después, la Policía Nacional confirmó su detención.

Este sábado, el gobierno de Alliana aseguró que Paraguay salió “fortalecido de esta crisis puntual”, aunque en las calles de Asunción los ahorristas siguen sin una fecha cierta para recuperar la totalidad de su dinero. El BCP habilitó una plataforma para que los clientes consulten qué banco les fue asignado para cobrar el anticipo de la garantía de depósitos, que no cubre los montos más altos.

El derrumbe de Peña, un economista formado en el Fondo Monetario Internacional y referente de la derecha sudamericana, tiene eco más allá de sus fronteras. Aliado cercano de Javier Milei, su salida del poder fue leída por los mercados como otra señal de fragilidad en el bloque de gobiernos afines a Buenos Aires, en una semana en la que los bonos argentinos tocaron su peor nivel del año. En Asunción, mientras tanto, la discusión ya no pasa por el futuro político del exmandatario sino por el tiempo que pasará detenido.