BUENOS AIRES — La interrupción del servicio de practicaje y pilotaje mantiene frenado el movimiento de embarcaciones en las principales terminales argentinas y abrió un conflicto que ya desborda al sector marítimo. Al menos 45 buques vinculados con la agroexportación aguardaban este martes autorización para zarpar, mientras cámaras empresarias advertían sobre demoras en otras actividades, entre ellas la distribución de combustibles.

Los prácticos son los profesionales que suben a los barcos para asesorar a sus capitanes durante el ingreso, la salida y la navegación por canales, ríos y zonas portuarias complejas. Sin esa asistencia, obligatoria en buena parte de la Vía Navegable Troncal, las embarcaciones no pueden completar sus maniobras.

La Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales, Ciara-CEC, estimaron que cada barco inmovilizado genera sobrecostos de entre US$50.000 y US$100.000 diarios. Aplicado a los 45 cerealeros demorados, el perjuicio podría alcanzar los US$4,5 millones por jornada, según explicó su presidente, Gustavo Idígoras, a La Nación.

La cifra se refiere a ese grupo de embarcaciones agroindustriales. En un relevamiento más amplio, el Centro de Navegación había registrado 140 buques pendientes de confirmación del servicio. Con las nuevas demoras incorporadas este martes, algunos recuentos sectoriales elevaban el universo afectado hasta alrededor de 185 barcos.

El conflicto comenzó después de la entrada en vigencia del Decreto 690/2026, publicado el 31 de julio. La norma reemplazó el régimen vigente desde 1991, creó un registro abierto de prestadores, habilitó su contratación directa y facultó a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación para establecer tarifas máximas.

Además, amplió los casos en los que un capitán puede prescindir del servicio, flexibilizó el uso de embarcaciones para trasladar profesionales y autorizó a la Prefectura o la Armada a asumir las tareas en situaciones excepcionales. Para el Gobierno, la reforma busca aumentar la competencia y reducir costos que considera muy superiores a los internacionales.

Los prácticos sostienen, en cambio, que algunos de esos cambios debilitan controles esenciales y pueden comprometer la seguridad de la navegación. Como son profesionales independientes, la protesta no constituye formalmente una huelga sindical. La mayoría dejó de aceptar nuevas contrataciones a título individual, aunque de manera coordinada. Entidades del sector también anunciaron acciones de amparo y una denuncia penal contra los firmantes del decreto, según informó el medio especializado GlobalPorts.

La Prefectura respondió con una intimación a 536 profesionales para que retomaran inmediatamente sus actividades. El organismo advirtió sobre sanciones administrativas y eventuales denuncias penales por entorpecimiento del transporte. El vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó que “habrá sanciones”, aunque reconoció que el Ejecutivo todavía no contaba con una estimación oficial de las pérdidas.

Mientras las terminales continúan recibiendo camiones dentro de su capacidad de almacenamiento, las cámaras advierten que la acumulación de granos podría obligarlas a cerrar los cupos. También se reportaron desvíos de operaciones hacia Montevideo y puertos del sur de Brasil, además de riesgos para el transporte de combustibles y proyectos energéticos.