LA PAZ - Miles de personas continúan ocupando rutas y autopistas, con bloqueos en los accesos a la capital boliviana y reclamos por la renuncia inmediata del presidente Rodrigo Paz Pereira, en el cargo desde noviembre pasado.

Bolivia atraviesa una de las etapas sociales y políticas más tensas de los últimos años. En las últimas horas, la situación volvió a agravarse en el centro de La Paz, donde se registran violentos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

Cinco marchas provenientes de la periferia llegaron al corazón de la ciudad con el objetivo de superar los cercos instalados por la Policía y el Ejército alrededor de la Plaza Murillo, sede del Parlamento y del poder político del país.

Según informó la señal local Unitel, las autoridades ordenaron desde las primeras horas de la mañana la evacuación preventiva del Palacio Legislativo y del Ministerio de Trabajo, ante el temor de que la situación se agravara.

Las imágenes difundidas por la televisión boliviana muestran barricadas en llamas, objetos incendiados y fuertes choques en las calles del centro. Las fuerzas de seguridad acusan además a algunos manifestantes de haber lanzado cartuchos de dinamita contra los agentes desplegados para proteger los edificios institucionales.

Desde hace más de dos semanas, sindicatos, movimientos sociales, organizaciones campesinas y sectores de izquierda acusan al gobierno de haber incumplido sus promesas de campaña y de impulsar medidas que consideran favorables a las élites económicas y a los intereses internacionales.

La tensión ya había aumentado en los últimos días, después de los intentos de las fuerzas de seguridad de desalojar por la fuerza los cortes de ruta. El sábado pasado, el gobierno desplegó unos 5.000 agentes para liberar algunas de las principales vías hacia La Paz. El operativo tuvo apenas un efecto temporal: según fuentes locales, solo lograron pasar 33 camiones, 30 cisternas y tres vehículos que transportaban oxígeno.

Las movilizaciones comenzaron semanas atrás, tras la promulgación de la Ley 1.720, aprobada por el Parlamento en marzo y firmada por el presidente en abril. La norma establecía una reforma agraria que, según sus opositores, favorecía la mercantilización de la tierra y ponía en riesgo los derechos territoriales de los pueblos originarios.

Frente a la creciente presión popular, el gobierno decidió derogar por completo la ley, en un intento por descomprimir el conflicto. Pero la medida no alcanzó. Las protestas continuaron y en los últimos días se radicalizaron hasta convertirse en un reclamo explícito por la salida del jefe de Estado.

Las manifestaciones y los bloqueos cuentan con el respaldo de sectores considerados cercanos al expresidente Evo Morales, entre ellos campesinos, docentes rurales, productores de coca y trabajadores afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB).

Entre los principales factores que explican la escalada social aparece, en primer lugar, la inflación: muchos ciudadanos denuncian una fuerte pérdida del poder adquisitivo.

Otro punto central es la crisis de los combustibles. Las protestas crecieron tras las acusaciones contra el gobierno por la distribución de nafta de mala calidad, que contendría un exceso de magnesio y habría provocado daños en unos 200.000 vehículos. Según las denuncias, muchos automovilistas debieron llevar sus autos varias veces al taller, con gastos de entre 1.000 y 2.000 dólares en reparaciones.

El tercer factor está vinculado con las promesas de campaña que los manifestantes consideran incumplidas. Paz Pereira había recibido el apoyo de buena parte del electorado del MAS, de la izquierda y de los sectores más pobres de la población, con el compromiso de no privatizar la economía y de no tomar nuevos préstamos internacionales. Sin embargo, una vez en el gobierno, eliminó el impuesto a la riqueza y promovió medidas percibidas como favorables a los grandes terratenientes.

La situación se agravó todavía más tras el anuncio de nuevos impuestos para pequeños comerciantes y trabajadores autónomos, los llamados “gremiales”, una categoría que reúne a cientos de miles de trabajadores informales bolivianos.

Según el gobierno, el nuevo tributo del 5% es necesario para equilibrar las cuentas públicas. Pero la medida provocó una nueva ola de malestar y amenaza con ampliar aún más el frente de protestas.

De fondo, también pesa el temor a un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Los manifestantes temen que La Paz avance con privatizaciones y severas medidas de ajuste.