SANTIAGO — El Congreso chileno selló este martes la mayor victoria legislativa del gobierno de José Antonio Kast desde que asumió la presidencia en marzo pasado. La Cámara de Diputados aprobó por 85 votos a favor y 59 en contra el grueso de la Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social, la pieza central de la agenda económica de la administración ultraderechista.

El corazón de la iniciativa es una reducción gradual del impuesto a la renta corporativa del 27% al 23% hacia 2029, lo que acercaría la carga tributaria chilena al promedio de los países de la OCDE. A eso se suman beneficios concretos para los grandes inversores: exención de IVA en la compra de vivienda, un régimen especial para la repatriación de capitales y una cláusula de invariabilidad tributaria por 20 años que congela la presión fiscal para proyectos de envergadura.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, celebró el resultado con énfasis: afirmó que la Cámara "ratificó en un 99% el proyecto de ley y la necesidad imperiosa que tiene Chile de volver a tener competitividad tributaria". La votación se extendió por casi cuatro horas y estuvo cruzada por fuertes enfrentamientos entre el oficialismo y la oposición.

El proyecto no podrá promulgarse todavía: un artículo vinculado a las compensaciones municipales quedó pendiente en comisión mixta y deberá resolverse antes de que Kast pueda firmar la ley. Es el último escollo de una tramitación que pasó primero por la cámara baja en mayo, luego por el Senado el 16 de julio —en una sesión de 12 horas que se extendió hasta la madrugada— y volvió a Diputados por las modificaciones introducidas.

El cambio de rumbo es significativo. Desde 2014, los sucesivos gobiernos de centroizquierda habían apostado por aumentar la presión tributaria corporativa y ampliar el rol del Estado. La reforma invierte esa lógica, algo que el propio ministro Quiroz destacó como el fin de una era.

Sin embargo, el contexto económico en el que se inserta la medida es exigente. El PIB chileno creció apenas un 2,5% en 2025 y registró caídas en los primeros meses de 2026. El FMI recortó en julio su proyección de crecimiento para el país a 1,8% anual y advirtió que la reforma debe "priorizarse y secuenciarse cuidadosamente" para no poner en riesgo la sostenibilidad fiscal. El propio gobierno ajustó su meta de expansión del 4% al 3,5% anual hacia 2030.

La oposición no logró frenar el proyecto, pero tampoco se dio por vencida: anunció que llevará al Tribunal Constitucional la cláusula de invariabilidad tributaria y el mecanismo de reembolso a empresas afectadas por anulaciones de permisos ambientales. Si esos recursos prosperan, la reforma podría quedar más acotada de lo que el gobierno espera.