BUENOS AIRES – ¿Cambio de postura o retirada estratégica? Una pulseada judicial y una fuerte movilización popular convencieron al gobierno de Javier Milei de dar marcha atrás con la derogación de la Ley de Tierras, que había eliminado los límites a la venta de campos a compradores extranjeros.

Así, el proyecto sobre la inviolabilidad de la propiedad privada terminó por incorporar dos artículos que restituyen la norma original, aprobada en 2011, durante el gobierno de Cristina Kirchner, que fija un tope del 15% a la tenencia de tierras en manos extranjeras.

Ahora, la iniciativa volverá al Senado, donde las modificaciones podrán ratificarse o rechazarse, aunque para esta segunda posibilidad hará falta una mayoría de dos tercios.

Para comprender lo ocurrido en el Congreso, es necesario repasar los principales acontecimientos de las semanas anteriores.

La Ley de Tierras había sido derogada en 2023 mediante el decreto de desregulación económica, el DNU 70/2023. Sin embargo, a partir de una presentación judicial, la Justicia había suspendido esa derogación con una medida cautelar por considerarla inconstitucional.

Lago Mascardi al atardecer. (Foto: F. Capelli)

La Corte Suprema revocó esa medida el pasado 29 de septiembre.

“En realidad, la Corte no se pronunció sobre la cuestión de fondo de la constitucionalidad, sino sobre el hecho de que la presentación había sido impulsada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM), que no tenía legitimación legal para hacerlo por no ser un sujeto con un interés legítimo”, aclara Matías Oberlin, historiador e investigador del Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios de la Universidad de Buenos Aires e integrante del Observatorio de Tierras, un espacio de investigación y defensa del territorio.

Más allá de sus fundamentos, la decisión de la Corte Suprema volvió a liberalizar la compraventa de tierras por parte de extranjeros, sin regulación alguna.

El fallo desató una fuerte reacción política y social. Pocos días después, el 9 de octubre, la propia Corte debió suspender temporalmente la desregulación ante las multitudinarias movilizaciones populares.

Mientras tanto, los partidos de la oposición amenazaron con convocar a una sesión especial en el Congreso para rechazar definitivamente la totalidad del DNU 70/2023.

Fue entonces cuando, para evitar una dura derrota política y salvar el resto del decreto, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, inició una intensa negociación con los bloques aliados y los sectores opositores más dispuestos al diálogo: los radicales de la UCR, el PRO y algunos partidos provinciales.

Otra vista del lago Mascardi. (Foto: F. Capelli)

La decisión del Gobierno fue drástica: Milei sacrificó sus planes de liberalizar la venta de tierras para preservar el DNU 70. “El DNU 70 es crucial y el Gobierno no puede darse el lujo de perderlo”, explica Oberlin.

Pero no solo eso. También se habría desatado un “caos administrativo” y habrían quedado sin efecto las disposiciones que desregulan los alquileres, el comercio y el trabajo. Medidas a las que, al parecer, Javier Milei les atribuye todavía más importancia.

El texto modificado hace pocos días en Diputados obtuvo dos aprobaciones con resultados muy distintos.

La restitución de la Ley de Tierras se aprobó con una amplísima mayoría transversal: 239 votos a favor y solo cuatro en contra. El oficialismo y sus aliados votaron en bloque para reponer los límites que ellos mismos habían eliminado, ante la presión de la opinión pública.

En cambio, el proyecto sobre la propiedad privada, que introduce requisitos mucho más estrictos para las expropiaciones estatales y establece juicios sumarísimos de desalojo, pasó por un margen ajustado, con 124 votos a favor, 119 en contra y seis abstenciones.

“Esta ley introduce desalojos exprés en un momento en el que las familias se endeudan para hacer las compras de todos los días”, afirma. “Además, vuelve prácticamente imposibles las expropiaciones para construir infraestructura, ya que obliga al Estado a indemnizar a los propietarios a precios de mercado, más el eventual lucro cesante”.

Los desalojos exprés, además, no afectan solo a familias individuales, sino también a comunidades enteras. Es el caso, por ejemplo, de las tierras de la Patagonia que las comunidades mapuches ocupan y reclaman como propias porque les fueron arrebatadas en el pasado mediante extorsiones y violencia.

¿Qué pasará ahora? ¿Qué se puede esperar de la votación en el Senado, prevista a más tardar para el 30 de noviembre? “Creo que el Gobierno tenía, ante todo, apuro por avanzar y asegurar la norma sobre la inviolabilidad de la propiedad privada”, afirma Martín. “Después volverá a la carga con la venta de tierras”.

La forma de proceder genera dudas. “En los hechos, derogaron una norma que todavía no se había aplicado porque estaba suspendida por el Poder Judicial”, agrega.

Los partidos de la oposición deberían sacar una lección de este episodio. “Es posible unirse en torno a un tema puntual y, a partir de ahí, empezar a construir una oposición”, concluye Martín. “Se perdió demasiado tiempo con los aspectos más pintorescos de Milei, sin advertir a qué apuntaba: el fin del Estado, la venta de su patrimonio y la desregulación total de la economía”.