BUENOS AIRES — El futuro de Vaca Muerta y las perspectivas energéticas de la Argentina.

Ese fue el tema de la presentación de Carlos Arturo Ormachea, presidente de Tecpetrol y de la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos (CEPH), durante la Cena del Lunes del Círculo Italiano de Buenos Aires. La cita reúne cada semana a socios e invitados en torno a una cena con una figura del ámbito empresarial, institucional o cultural, convocada para compartir experiencias y profundizar sobre temas de actualidad.

Durante el encuentro, Ormachea expuso la visión del sector que representa sobre Vaca Muerta, la formación de petróleo y gas de la Patagonia que puso a la Argentina en el centro del mapa energético mundial.

Tras presentar las proyecciones de desarrollo para los próximos años, explicó que aprovechar su potencial requiere inversiones en la infraestructura necesaria para sostener la producción y el transporte de hidrocarburos, en un contexto en el que sigue abierto el debate sobre quién debe asumir esos costos.

Según el presidente de Tecpetrol, Vaca Muerta ya no debe considerarse una promesa para un futuro lejano, sino un recurso económico para el país que exige decisiones inmediatas. “Vaca Muerta es un proyecto de exportación hoy —subrayó—, no un proyecto de largo plazo”.

La Argentina, sostuvo, debe competir hoy con los demás países productores y aprovechar rápidamente su potencial energético. “Corremos el riesgo de pensar que el trabajo ya está hecho, pero así desaprovechamos la oportunidad de generar recursos para el futuro con una visión estratégica. Como país, debemos aprovechar estos ingresos ahora”. El objetivo es invertirlos en actividades y proyectos que mejoren concretamente la vida de las personas.

“Tenemos que competir con el petróleo de Estados Unidos y el gas ruso ahora, y exportar de inmediato, porque, con las tasas de descuento que la industria utiliza para evaluar inversiones de largo plazo, la rentabilidad se reduce drásticamente —agregó—. Además, los recursos disponibles de petróleo y gas superan ampliamente la demanda nacional y podrían cubrirla durante más de un siglo”.

Ormachea atribuyó una parte importante del éxito de Vaca Muerta a la construcción de un consenso social que se remonta a los años en que Miguel Galuccio conducía YPF, entre 2012 y 2016, inmediatamente después de la nacionalización: “En ese período se consolidó en la opinión pública la idea de que Vaca Muerta representaba una gran oportunidad para el país”.

La política, observó, tiende a seguir las orientaciones de la sociedad. Por eso, consideró poco probable que un futuro gobierno decida adoptar medidas que puedan comprometer seriamente el desarrollo del sector. También señaló que la llamada licencia social podría haberse visto favorecida por el hecho de que muchos argentinos perciben a YPF, por su carácter estatal, como un patrimonio colectivo.

Aunque advirtió sobre el riesgo de pensar que un solo recurso puede resolver todos los problemas económicos de la Argentina, Ormachea reconoció que Vaca Muerta es uno de los pocos temas de la agenda económica capaces de generar un consenso transversal.

En materia fiscal, sin embargo, el directivo advirtió que “si bien todavía existe cierto margen para aumentar los impuestos al sector, una vez superado determinado umbral, los efectos negativos sobre la producción serían inmediatos”.

Para explicar cómo una suba de impuestos podría afectar drásticamente el desarrollo de la formación, Ormachea describió el proceso de extracción del petróleo de las rocas de Vaca Muerta.

A diferencia de los yacimientos convencionales, donde el petróleo se acumula en rocas porosas y tiende a fluir naturalmente hacia el pozo, Vaca Muerta es una formación situada a unos 3.000 metros de profundidad, compuesta por rocas muy compactas, con poros microscópicos que no están conectados entre sí.

Para que el petróleo y el gas lleguen al pozo, es necesario crear conexiones artificiales mediante la fractura hidráulica. El procedimiento consiste en inyectar agua a muy alta presión para generar microfracturas en la roca, junto con una arena de características muy específicas que ocupa esas fisuras y las mantiene abiertas para permitir el flujo de hidrocarburos.

Una vez agotada la producción que permiten esas fracturas, el rendimiento del pozo disminuye y es necesario realizar nuevas perforaciones.

Por eso, la producción de shale requiere inversiones continuas. Si las perforaciones se desaceleran, la extracción cae rápidamente “y el país corre el riesgo de tener que volver a importar energía a costos mucho más elevados”. Según Ormachea, esa característica constituye “una suerte de garantía frente a eventuales errores regulatorios o fiscales particularmente graves”, es decir, una carga impositiva demasiado alta que impida sostener la rentabilidad de las empresas operadoras de los pozos. Periódicamente, es necesario volver a negociar un nuevo marco regulatorio.

Una de las cuestiones más delicadas es la infraestructura necesaria para sostener la expansión de Vaca Muerta, sobre todo la vinculada al transporte de la arena utilizada para el fracking.

Si bien las compañías reconocen que la actividad genera un intenso tránsito de camiones y un desgaste significativo de las rutas, con mayores necesidades de mantenimiento y nuevas inversiones, consideran que la construcción de infraestructura pública no debería recaer directamente sobre las petroleras.

Ormachea explicó que en la provincia de Neuquén, donde se encuentra Vaca Muerta, se adoptó una solución pragmática que la industria aceptó, aunque sin compartirla plenamente. Las empresas aportan fondos para algunas obras viales y participan directamente en la construcción de nuevas rutas.

A su juicio, sin embargo, se trata de una excepción, motivada tanto por los pedidos del gobierno provincial como por la necesidad de resolver graves cuellos de botella logísticos. En particular, en la zona de Añelo, a poco más de 100 kilómetros al noroeste de la capital neuquina, donde la congestión del tránsito había comenzado a elevar sensiblemente los costos operativos de las compañías.

Las empresas mantienen su postura de que la infraestructura pública debería financiarse con recursos del Estado y no con inversiones permanentes de las compañías. Cabe considerar, sin embargo, que la recaudación argentina depende en gran medida de los impuestos indirectos y que el IVA y los recursos de la seguridad social generan casi la mitad de los ingresos totales.

Ormachea aseguró que el sector está dispuesto, eventualmente, a adelantar fondos o contribuir mediante mecanismos similares a peajes o anticipos de regalías, pero espera que esos montos se descuenten posteriormente de sus obligaciones fiscales.

“Estamos pagando unos 2.500 millones de dólares por año en regalías y esa cifra debería duplicarse en los próximos seis años. Por eso, creemos que con esos recursos debería poder construirse todo lo necesario”, sostuvo.

El volumen de inversiones en marcha ya es considerable. El sector destina unos 20.000 millones de dólares anuales y prevé mantener ese nivel en los próximos años. Sin embargo, explicó que, una vez alcanzada la madurez productiva de la formación, las inversiones podrán disminuir y concentrarse principalmente en sostener la producción.

Se espera que el transporte de arena para los nuevos pozos alcance sus mayores volúmenes alrededor de 2030. Después, la demanda logística debería disminuir. Por eso, Ormachea mira con escepticismo algunas soluciones de infraestructura de largo plazo, como los proyectos ferroviarios que podrían entrar en funcionamiento cuando el pico de demanda ya haya pasado.

Según el presidente de la CEPH, el desafío para concretar el desarrollo de Vaca Muerta al que aspira el sector pasa por la capacidad de toda la cadena productiva para ejecutar un proyecto industrial de enorme complejidad. En ese sentido, destacó que las empresas invierten en programas de formación profesional para contar con el personal calificado necesario para sostener el crecimiento de la actividad.

“La Argentina tiene una ventaja competitiva única en América Latina: una cadena de hidrocarburos altamente integrada y con capacidades técnicas avanzadas. Sin embargo, para que Vaca Muerta pueda desplegar todo su potencial, no solo deberán crecer las compañías productoras. Todos los actores de la cadena de valor, desde los proveedores de servicios hasta las empresas manufactureras, tendrán que ampliar su capacidad productiva, sus inversiones y sus conocimientos técnicos”. Ese es, afirmó, el verdadero proyecto de país que debe acompañar el desarrollo de la formación.

Por último, Ormachea expresó algunas reservas sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), impulsado por el gobierno de Javier Milei para atraer capitales.

Si bien reconoció su importancia, consideró que, en algunos aspectos, favoreció excesivamente las importaciones: “El RIGI tuvo un defecto, una suerte de exceso. En la provisión de bienes industriales, la participación de los componentes nacionales ya es particularmente baja. Por eso, no darles a las empresas argentinas la posibilidad de competir con algunos proveedores extranjeros me parece una exageración”.

Explicó que el problema “es que se eliminan los aranceles de importación, pero no se alivia la carga fiscal que pesa sobre los proveedores locales y que sus competidores extranjeros no deben afrontar. Ese desequilibrio, a mi juicio, no fue corregido adecuadamente en el RIGI”.

Pese a ello, se mostró convencido de que los proveedores locales tienen ventajas difíciles de replicar: la cercanía geográfica, la capacidad de intervenir rápidamente para resolver problemas operativos y el conocimiento acumulado a lo largo de años de experiencia.

“En un contexto en el que la perforación de pozos se parece a un proceso industrial continuo, la confiabilidad y la calidad de la cadena de proveedores locales serán elementos esenciales para garantizar el crecimiento y la competitividad de Vaca Muerta”, aseguró.

La defensa de los proveedores locales por parte de Ormachea también puede leerse en el contexto de su larga trayectoria dentro del Grupo Techint y de su papel como presidente de Tecpetrol.

El grupo es uno de los principales actores industriales involucrados en el desarrollo de Vaca Muerta y recientemente cuestionó la decisión de adjudicar a un fabricante indio la provisión de tubos para un nuevo gasoducto, en lugar de Tenaris, controlada por Techint. En esa oportunidad, el grupo encabezado por Paolo Rocca denunció una situación de competencia desleal y evaluó acciones por dumping.

Los participantes de la Cena del Lunes aprovecharon la ocasión para preguntar tanto por esa disputa como por el problema de los camiones que transportan arena hacia Vaca Muerta. La cuestión quedó recientemente en el centro de la atención por las graves consecuencias del tránsito pesado sobre la red vial pública.

La llamada “Ruta de la Arena”, el corredor logístico de unos 1.500 kilómetros que conecta las canteras de Entre Ríos con Vaca Muerta, es recorrida cada día por más de dos mil camiones que transportan ese insumo fundamental para el fracking.

Con un impacto creciente sobre las rutas nacionales y provinciales, el tema puso el foco en el freno a la obra pública dispuesto por el Gobierno para mantener el equilibrio fiscal.