CIUDAD DE GUATEMALA — El abogado Juan Francisco Solórzano Foppa, uno de los nombres más conocidos de la lucha contra la corrupción en Guatemala, fue asesinado a tiros el sábado a la mañana en el Campo Marte, un concurrido complejo deportivo de la capital, en medio de un partido de fútbol amateur. Tenía 43 años. Dos días después, el crimen no tiene sospechosos: los únicos dos detenidos quedaron libres y la Policía está bajo la lupa por la manera en que los capturó.

Eran las 9.40 y el partido se jugaba en una cancha sintética, a la vista de familias y chicos que pasaban la mañana en el complejo, entre ellos el hijo menor del exfiscal. Varios hombres armados entraron a la cancha y abrieron fuego. En el lugar quedaron más de 50 vainas servidas y, según las primeras pericias, Solórzano Foppa recibió unos 20 disparos.

Las balas alcanzaron también a Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, un amigo con el que compartía el partido, que murió en el lugar por un tiro en el pecho. Exjudoca, conocido como “Tavo”, trabajaba como auxiliar de Información Pública en la Federación Deportiva Nacional de Judo y, según contaron sus compañeros en el velorio, se preparaba para rendir el examen de cinturón azul. Los investigadores creen que no era el objetivo del ataque, sino una víctima colateral. Hubo además varios heridos.

“Ninguno de los dos merecía esta muerte”, dijo el presidente Bernardo Arévalo en un mensaje a la nación, en el que recordó que ambos solo compartían “una mañana de esparcimiento”.

Solórzano Foppa tenía custodia policial desde 2010, por su trabajo como fiscal contra las pandillas. Pero según el Ministerio de Gobernación, el equivalente a un ministerio del Interior, sus escoltas estaban a unos 30 o 40 metros y no llegaron a reaccionar a tiempo.

Su trayectoria explica la conmoción. Formó parte de la generación de fiscales que trabajó junto a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo respaldado por la ONU que operó entre 2007 y 2019, cuando el gobierno de Jimmy Morales le puso fin. Entre 2013 y 2016 dirigió la unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía y elaboró los esquemas que destaparon La Línea, una red de defraudación en las aduanas que en 2015 forzó la renuncia y el encarcelamiento del entonces presidente Otto Pérez Molina.

Luego encabezó hasta 2018 la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), el organismo que recauda los impuestos. En los últimos años defendió al periodista José Rubén Zamora, preso durante años, y denunció vínculos entre políticos y el Barrio 18, una de las dos grandes pandillas o “maras” de Centroamérica, junto con la MS-13.

Pocos días antes de morir había acusado en redes a mercenarios de la CIA de un operativo fallido en Huité, en el este del país, donde murieron ocho campesinos. Nada indica, por ahora, una relación entre esa denuncia y el crimen. Era además nieto de la poeta Alaíde Foppa, desaparecida en 1980 bajo la dictadura de Romeo Lucas García.

Su historia reciente también refleja los años más oscuros de la justicia guatemalteca. Entre 2018 y mayo de este año, la Fiscalía estuvo a cargo de Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y decenas de otros países por obstruir investigaciones de corrupción.

Bajo su gestión, decenas de fiscales, jueces, periodistas y activistas fueron procesados, y muchos de ellos optaron por el exilio. Solórzano Foppa fue uno de los blancos. En abril de 2023 lo detuvieron, acusado de obstruir la acción penal en el marco de la defensa de Zamora.

Tras un tiempo en prisión, aceptó los cargos en un procedimiento abreviado y recibió una pena conmutable de dos años, que le permitió recuperar la libertad. La misma Fiscalía intentó luego impedir que asumiera Arévalo, un sociólogo de centroizquierda que ganó las elecciones de 2023 con un discurso anticorrupción y llegó al poder en enero de 2024. El mandatario denunció entonces un intento de golpe de Estado.

Diez minutos después del ataque, la Policía Nacional Civil (PNC) detuvo a dos hermanos, Rigoberto y Daniel Zaqueo Choc Toz, de 30 y 18 años, y aseguró haberles secuestrado una carabina. Los dos, repartidores de una aplicación de entregas, negaron todo y denunciaron que los agentes les colocaron el arma en la mochila.

El domingo, una jueza dictó la falta de mérito a pedido del propio Ministerio Público, como se llama la Fiscalía en Guatemala. Según fuentes judiciales citadas por el diario La Hora, el fusil habría sido plantado por los policías y no sería el que se usó en el ataque. El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, había advertido que no estaban “en etapa de certezas” y deslizó que en el ataque habrían participado cuatro personas.

El expediente quedó bajo reserva total y la Fiscalía informó que trabaja con apoyo técnico de “aliados internacionales”, entre ellos el FBI. Para el fiscal general Gabriel García Luna, que reemplazó a Porras en mayo con el mandato de terminar con la persecución judicial, el caso es una prueba de fuego: deberá identificar a los autores materiales, a quienes ordenaron el crimen y también a los agentes que fraguaron las capturas.

Arévalo, que ordenó al Ministerio de Gobernación actuar de inmediato, advirtió que se equivocan quienes creen que el terror puede intimidar al país. Se sumaron la embajada de Estados Unidos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que recordó sus denuncias contra el llamado “pacto de corruptos”, como se conoce en Guatemala a la alianza informal de políticos, empresarios y operadores judiciales que frenó la lucha contra la corrupción, la Unión Europea y el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, que reclamaron una investigación exhaustiva e independiente.

Desde las primeras horas de este lunes, familiares, amigos y colegas despiden sus restos en una sala velatoria de la capital. Mañana, antes del entierro en el cementerio Los Parques, habrá un homenaje público en la Plaza de la Constitución. La fecha no es casual: el 20 de octubre Guatemala recuerda la Revolución de 1944, que abrió la primera etapa democrática del país.