MANAGUA – El Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo puso en marcha una reforma destinada a restringir la participación de la oposición en las elecciones de Nicaragua, luego de que el copresidente reclamara la aprobación de leyes que garanticen la continuidad del sandinismo en el poder.

El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, confirmó que los diputados oficialistas y el Consejo Supremo Electoral ya comenzaron a definir el contenido de la iniciativa. Según adelantó, las modificaciones podrían llegar al recinto durante la primera semana de agosto.

Porras sostuvo que el nuevo marco legal buscará impedir cualquier intervención de los “imperios” y sus aliados en la política interna. Sus declaraciones ratificaron el alcance del mensaje pronunciado por Ortega el domingo 19 de julio, durante la conmemoración del 47º aniversario de la Revolución Sandinista.

Ante miles de seguidores reunidos en Managua, Ortega aseguró que no volverá a permitir elecciones mediante las cuales sus adversarios puedan alcanzar el Gobierno. También pidió levantar un “muro” jurídico contra los sectores opositores, a los que acusó de actuar al servicio de Estados Unidos y de pretender enriquecerse con los recursos públicos.

Aunque todavía no se conoce el texto de la reforma, el anuncio pone en riesgo la posibilidad de una competencia política plural. Por el momento, no supone la eliminación formal de todas las votaciones, sino que apunta a impedir que determinadas fuerzas y candidatos opositores puedan participar.

La Asamblea Nacional, dominada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), informó que trabajará junto con la autoridad electoral para establecer los pasos constitucionales y legales del proyecto. Porras afirmó que serán los propios nicaragüenses quienes decidan “cuándo y cómo” se celebrarán las elecciones.

La reacción internacional fue inmediata. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, sostuvo que todos los ciudadanos, independientemente de sus posiciones políticas, deben tener derecho a votar y presentarse a cargos públicos.

Türk consideró que las medidas anunciadas profundizan las restricciones a las libertades fundamentales y la erosión del Estado de derecho. También reclamó al Gobierno que reabra el espacio cívico, donde, según advirtió, las opiniones independientes son reprimidas de manera sistemática.

El funcionario recordó que al menos 46 personas permanecen detenidas arbitrariamente por motivos políticos. Además, pidió información sobre el paradero y el estado de salud del obispo Abelardo Mata Guevara, de 80 años, arrestado el 29 de junio sin que las autoridades hayan brindado explicaciones públicas.

La ONU también expresó preocupación por el incremento de las medidas contra integrantes de la Iglesia católica y otras comunidades religiosas, así como por la reciente revocación de las credenciales profesionales de abogados sin fundamentos jurídicos ni comunicaciones oficiales.

El Gobierno de Estados Unidos calificó el anuncio como una confirmación del carácter autoritario del Ejecutivo nicaragüense. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que Ortega y Murillo abandonaron incluso la apariencia de contar con el consentimiento de la población.

Washington pidió a la comunidad internacional que coordine una respuesta y advirtió que Managua no puede pretender mantener relaciones normales con otros países mientras desconoce los principios democráticos del continente.

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, también cuestionó la iniciativa. Según expresó, el oficialismo hizo explícito con sus declaraciones aquello que sus acciones ya venían mostrando: el abandono de la democracia y del derecho de la población a elegir a sus autoridades.

Ortega, de 80 años, fue uno de los dirigentes del movimiento que derrocó a la dictadura de Anastasio Somoza en 1979. Gobernó durante la década de 1980, perdió las elecciones de 1990 y regresó a la Presidencia en enero de 2007. Desde entonces se mantuvo en el poder mediante sucesivas reelecciones y un control cada vez mayor sobre las instituciones estatales.

Rosario Murillo, su esposa y vicepresidenta desde 2017, fue elevada al rango de copresidenta mediante la reforma constitucional aprobada en 2025. Desde entonces, ambos encabezan formalmente el Ejecutivo, mientras el FSLN controla el Parlamento, los municipios, los gobiernos regionales y buena parte del aparato electoral.

El endurecimiento del régimen tuvo uno de sus principales puntos de inflexión en abril de 2018, cuando la represión de una ola de protestas dejó más de 300 muertos, de acuerdo con Naciones Unidas. Desde entonces aumentaron las detenciones, los cierres de medios y organizaciones civiles, las expulsiones y las confiscaciones.

Antes de las presidenciales de 2021, las autoridades encarcelaron o apartaron a varios precandidatos opositores. Ortega obtuvo entonces una nueva reelección sin enfrentar a sus principales adversarios. En los años siguientes, centenares de dirigentes políticos, periodistas, sacerdotes, activistas e intelectuales fueron expulsados o despojados de su nacionalidad y de sus bienes.

La próxima reforma podría completar ese proceso mediante la incorporación de prohibiciones electorales permanentes. Su alcance definitivo se conocerá cuando el oficialismo presente el articulado que, según anticipó Porras, será tratado a comienzos de agosto.