BUENOS AIRES - La Marcha Federal Universitaria ya quedó atrás, pero el conflicto entre el Gobierno y las universidades públicas entró en una nueva etapa. Después de una movilización masiva en Plaza de Mayo y en distintas ciudades del país, la administración de Javier Milei eligió endurecer el discurso y trasladar la discusión más allá del reclamo presupuestario.

Para la dirigencia sindical universitaria, la protesta del martes fue “contundente”, transversal y con capacidad de reactivar el conflicto político alrededor del sistema universitario. En cambio, desde la Casa Rosada minimizaron el impacto de la movilización y reforzaron las críticas sobre el funcionamiento de las universidades públicas.

“Vos podés juntar 100 mil personas, un millón o cinco millones, pero al día siguiente la restricción presupuestaria sigue estando ahí”, afirmó el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, en declaraciones radiales posteriores a la protesta.

El funcionario también sostuvo que la Ley de Financiamiento Universitario “nació muerta” porque, según argumentó, no establece una fuente concreta de financiamiento y volvió a insistir en la necesidad de discutir el ingreso irrestricto, el sistema de admisión y los criterios de asignación de recursos.

Las declaraciones marcaron un cambio de tono respecto de los primeros meses del conflicto universitario. Ya no se trata solamente de una disputa por salarios o partidas de funcionamiento: el Gobierno empezó a plantear una discusión más amplia sobre el modelo de universidad pública.

En ese marco, Álvarez cuestionó la existencia de carreras con pocos estudiantes, habló de una “desvirtuación” del sistema y aseguró que parte del presupuesto universitario termina financiando “estructuras políticas” en lugar de destinarse a la formación académica.

También volvió a defender la posibilidad de arancelar a estudiantes extranjeros con residencia temporaria y planteó que el ingreso irrestricto implica costos que el Estado “tiene que financiar”.

Las declaraciones cayeron mal entre docentes, rectores y dirigentes gremiales, que interpretaron la reacción oficial como una señal de mayor confrontación después de la movilización.

“Esto atraviesa a toda la sociedad argentina. El Gobierno se metió con un tema muy sensible”, aseguró Pablo Perazzi, secretario general de FEDUBA, quien consideró que la convocatoria del martes obligará tanto a la Casa Rosada como a distintos gobernadores a “tomar cartas en el asunto”.

En la misma línea, dirigentes de CONADU y CONADU Histórica destacaron que la protesta logró reunir no solo a estudiantes y docentes, sino también a organizaciones sociales, jubilados, sindicatos y sectores políticos opositores.

“Estamos en unidad con otros sectores que también están en lucha. La universidad no solo fomenta el ascenso social sino también el pensamiento crítico”, afirmó Francisca “Paquita” Staiti, secretaria general de CONADU Histórica.

Después de la movilización, los gremios universitarios ya comenzaron a discutir cómo continuar el plan de lucha. Entre las posibilidades aparecen nuevas protestas, plenarios federales y medidas coordinadas con otros sectores afectados por el ajuste.

La discusión también seguirá en el plano judicial. El conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario continúa abierto luego de que el Gobierno apelara los fallos que ordenaban su aplicación y el expediente llegara a la Corte Suprema.

Mientras tanto, desde el sistema universitario insisten en que la situación presupuestaria sigue siendo crítica. Rectores, docentes e investigadores advierten sobre el deterioro salarial, la pérdida de personal académico, la caída de partidas para funcionamiento y las dificultades que enfrentan hospitales universitarios y organismos científicos.

Según datos difundidos por universidades nacionales, el presupuesto universitario pasó de representar el 0,72% del PBI en 2023 al 0,47% proyectado para 2026. A eso se suma la pérdida de poder adquisitivo de docentes y no docentes desde el inicio de la gestión libertaria.

En paralelo, especialistas y organizaciones vinculadas al sector educativo cuestionaron algunas de las afirmaciones oficiales. Un informe reciente de Chequeado señaló que los estudiantes extranjeros representan apenas el 4,2% del total del sistema universitario y que, sin actualización de partidas, el presupuesto universitario registraría una nueva caída en términos reales.

Con ese escenario, en las universidades creen que la marcha del martes no cerró el conflicto, sino que abrió una etapa más profunda de disputa política e ideológica sobre el futuro de la educación superior pública en la Argentina.