SANTIAGO DE CHILE - En un paso histórico hacia la verdad y la justicia, el gobierno chileno, bajo el liderazgo del presidente Gabriel Boric, comenzó la entrega de miles de archivos confidenciales a los familiares de las víctimas de la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990).
El anuncio del gobierno chileno representa un hito en la lucha por la memoria. Por primera vez, familiares de desaparecidos de aquel país podrán acceder a este tipo de documentación. A la par, el Estado anunció la creación de un banco público de ADN, una iniciativa crucial para la identificación de los aún desaparecidos.
La entrega de las denominadas “carpetas de calificación” representa un acto de profunda significación para una nación que tiene muchas deudas con los familiares de desaparecidos y que continúa con un legado económico y político de aquella dictadura.
Estos documentos, que incluyen testimonios, informes periciales, antecedentes personales y resoluciones administrativas recabados por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig) y la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, son un patrimonio invaluable. Hasta ahora, esta información había permanecido reservada.
Un compromiso por la verdad
El presidente Boric, visiblemente emocionado durante el acto, destacó el significado de este momento: “Desde chico siempre le tuve una profunda admiración a las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Su lucha inclemente por verdad y justicia, por recordar una realidad incómoda que algunos preferirían olvidar y otros no dudan en justificar, me recuerda de las cosas importantes”.
El mandatario enfatizó que esta acción es parte de un compromiso mayor: el Plan Nacional de Búsqueda. “El Estado los hizo desaparecer, el Estado debe buscarlos y entregar respuestas”, sentenció Boric, en referencia a las más de 1.100 personas desaparecidas la dictadura, que tambien es responsable del asesinato de 3.200 personas.
Aunque algunos críticos podrían considerar esta entrega como un mero acto simbólico, el presidente Boric fue claro: “Un país se construye justamente desde los símbolos, que estos cambian la realidad, y que la garantía de no repetición para ser cierta requiere antes que todo saber la verdad. La justicia sin privilegios y la verdad sin excusas no son jamás una provocación”.
Acceso a la información y un banco de ADN
Los familiares de las víctimas de desaparición forzada y ejecución política pueden solicitar una copia de estas carpetas a partir de este lunes a través de un formulario electrónico en el sitio web del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (http://derechoshumanos.gob.cl) o de manera física en las oficinas del Programa de Derechos Humanos (PDH) y las seremis del Ministerio de Justicia en regiones.
Además de la entrega de archivos, la noticia del banco público de ADN añade una capa fundamental a este proceso de reparación y memoria. Aunque no se han revelado los detalles de su implementación, esta iniciativa es crucial para la identificación de los cuerpos de los desaparecidos, brindando una esperanza tangible a las familias que aún buscan respuestas sobre el paradero de sus seres queridos. Este banco genético permitirá cruzar información y potencialmente cerrar heridas abiertas por décadas.
La dictadura de Pinochet, que se extendió por 17 años, se caracterizó por una brutal represión política a través de organismos como la DINA, dejando un saldo de 3.200 asesinados y 1.162 desaparecidos, además de 28.000 opositores torturados y 200.000 ciudadanos exiliados. Según registros del Observatorio Justicia Transicional en más del 70% de los casos de personas ejecutadas o desaparecidas no ha habido justicia, verdad ni reparación.
La entrega de estos documentos y la creación del banco de datos genéticos son pasos fundamentales para sanar las profundas heridas que aún persisten en la sociedad chilena.
