BOGOTÁ – Las elecciones presidenciales de Colombia se resolverán en el balotaje del 21 de junio, después de una primera vuelta que confirmó la profunda división del país y marcó el ascenso inesperado del turbolibertario Abelardo de la Espriella.
En la primera ronda, el candidato de la derecha radical obtuvo el 43,74% de los votos y superó a Iván Cepeda, representante del Pacto Histórico, la coalición del presidente saliente Gustavo Petro, que alcanzó el 40,90%.
El resultado abre una nueva etapa electoral en la que, según Giacomo Finzi, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia, no solo está en juego la continuidad del proyecto progresista impulsado por el actual gobierno, sino también el futuro de un delicado equilibrio político y social.
“El país está partido en dos desde hace al menos una década”, explica Finzi, quien identifica como punto de inflexión los acuerdos de paz firmados en 2016 entre el gobierno y las FARC.
A partir de entonces, sostiene, la izquierda colombiana, que antes expresaba gran parte de su apoyo mediante la lucha armada y la movilización social, comenzó a consolidar una presencia relevante en el plano institucional. Ese proceso culminó en 2022 con la llegada de Gustavo Petro a la presidencia.
“Iván Cepeda y Aída Quilcué, candidata a vicepresidenta, son dos figuras muy representativas de los movimientos sociales en Colombia: él es filósofo y defensor de los derechos humanos, mientras que ella proviene del movimiento indígena, especialmente del Cauca”, señala.
El académico destaca que, pese a haber quedado en segundo lugar, la fórmula del Pacto Histórico confirmó un crecimiento electoral en términos absolutos. “Es un dato que hay que tener en cuenta: reunieron 9,7 millones de votos, más que los obtenidos por Petro en la primera vuelta de hace cuatro años”, afirma.
La diferencia es que en 2022 la izquierda había terminado en primer lugar, mientras que ahora quedó detrás de De la Espriella, abogado y figura altamente polarizadora que construyó su candidatura alrededor de Defensores de la Patria, un movimiento diseñado en torno a su liderazgo y en competencia con la derecha tradicional.
“La sorpresa es un candidato outsider, sin ninguna referencia histórica”, sostiene Finzi, quien interpreta el fenómeno como parte de “un viento antipolítico presente en otros países de la región”, protagonizado por “figuras que provienen del sector privado y no de la política profesional”.
El avance de De la Espriella tampoco puede separarse del flojo desempeño de la fórmula integrada por Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, candidatos del Centro Democrático, la fuerza vinculada al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Para Finzi, esa fue “la gran derrota” de la primera vuelta.
“Paloma Valencia es una representante pura del uribismo, expresión de una determinada élite del Valle del Cauca, ligada a la gran propiedad rural y a una derecha católica, reaccionaria y homofóbica. Juan Daniel Oviedo, en cambio, tiene un discurso legalista y además representa a la comunidad LGBTQ+. Eran dos perfiles incompatibles”, explica. Según el especialista, el resultado fue “un traspaso casi natural de votos hacia De la Espriella”.
Sin embargo, eso no implica que el espacio político construido por Uribe haya desaparecido. “Los votos son prácticamente los mismos; simplemente se desplazaron hacia otra fuerza, incluso más conservadora. Fue un castigo al partido y a sus decisiones, no necesariamente al sector político que representa”, sostiene.
La dificultad, agrega, está en la sucesión del histórico líder de la derecha colombiana. “El uribismo sin Uribe siempre fue complejo”, afirma, y considera que el Centro Democrático “no logró construir un candidato convincente”.
En ese contexto, De la Espriella parece haber conectado mejor con el electorado conservador.
Ahora se abre una nueva disputa. Mientras los votantes de derecha parecen encaminarse a respaldar en bloque a Defensores de la Patria, Cepeda deberá buscar apoyos más allá del Pacto Histórico, intentando captar también a quienes en la primera vuelta eligieron a Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín y candidato de Dignidad y Compromiso, o a Claudia López, exalcaldesa de Bogotá y referente del Partido Verde Oxígeno.
“No es seguro que, por un supuesto ‘sentimiento antifascista’, esos votos vayan automáticamente hacia Iván Cepeda. En un balotaje las cartas se mezclan: aparecen nuevos votantes, indecisos y personas que no participaron en la primera vuelta”, advierte Finzi.
La participación será clave, especialmente en un país donde históricamente la asistencia a las urnas es menor que en otros Estados de la región y donde la segunda vuelta suele movilizar a sectores que habían permanecido al margen.
Entre ellos podrían tener un papel relevante los jóvenes, protagonistas de las movilizaciones estudiantiles de 2018 y de las protestas de 2019 y 2021.
Tras los resultados de la primera vuelta, una parte de la juventud urbana y universitaria reaccionó de inmediato. “Ya se movilizaron en los días posteriores, con una intensidad que no se había visto durante la campaña”, relata el docente.
“Buena parte de los movimientos sociales fue absorbida por el petrismo o mantuvo una especie de apoyo silencioso, porque Colombia nunca había tenido un gobierno progresista”, explica. Y concluye: “Si regresara la extrema derecha, volvería la fuerza de las movilizaciones callejeras y, lamentablemente, también la violencia política”.
La distribución territorial del voto también refleja un país dividido. “La zona central, más poblada, eligió mayoritariamente a De la Espriella. Las regiones periféricas, indígenas, afrodescendientes y marcadas por el conflicto votaron mucho más por Cepeda”, señala.
Bogotá constituye una excepción parcial, debido a una tradición progresista todavía visible. Sin embargo, Finzi advierte que el crecimiento de la derecha en los barrios populares es una señal que no debe ignorarse.
“Es una alarma para la izquierda”, afirma, y traza un paralelismo con el éxito de la propuesta libertaria de Javier Milei en sectores sociales similares de la Argentina.
La disputa entre Cepeda y De la Espriella trasciende la competencia habitual entre oficialismo y oposición. Lo que se enfrentan son dos modelos de sociedad.
“Los programas políticos son diametralmente opuestos”, sostiene Finzi. Según su análisis, si triunfara De la Espriella, la continuidad de las políticas sociales impulsadas por el petrismo quedaría seriamente comprometida. “El aumento del salario mínimo, las jubilaciones, la inversión en educación pública y los beneficios sociales de los últimos cuatro años podrían desaparecer”, afirma.
El terreno más delicado sigue siendo el de la violencia. El temor es que una victoria de la derecha ponga en riesgo los acuerdos firmados en 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, devolviendo al país a una lógica de conflicto paramilitar.
Existe además el riesgo de que, ante un regreso de las políticas de “mano dura”, algunos sectores de izquierda, especialmente en las regiones donde el conflicto nunca terminó de apagarse, “puedan volver a sentirse atraídos por la lucha armada”.
Para Finzi, eso distingue a Colombia de otros países latinoamericanos. La polarización no se desarrolla únicamente en los medios, las redes sociales o las calles, sino en territorios donde todavía existen grupos armados organizados, economías ilegales y estructuras paramilitares.
“No es la misma violencia política que puede existir en Chile, Argentina o Bolivia. Es hija de un conflicto armado de varias décadas. El riesgo no es solamente un aumento de las protestas, las detenciones o las desapariciones forzadas, sino directamente una guerra civil”, advierte.
La seguridad es uno de los temas donde la distancia entre ambos candidatos aparece más marcada. Cepeda hereda de Petro una visión “más humanista y social”, basada en la presencia estatal, las políticas públicas y el trabajo en las zonas marginadas.
“La idea es no combatir el delito únicamente mediante la represión, sino intervenir en territorios donde faltan oportunidades de estudio, empleo y una presencia real del Estado”, explica.
De la Espriella, por el contrario, propone una agenda de mano dura, con referencias a la construcción de megacárceles y un discurso de seguridad que lo acerca, al menos desde el punto de vista mediático, al presidente salvadoreño Nayib Bukele.
Sin embargo, Finzi considera que la comparación más útil es con el Ecuador de Daniel Noboa, que “en los últimos años se colombianizó de alguna manera”, enfrentando problemas similares a los que Bogotá atravesó en las décadas de 1990 y 2000. El paralelo incluye la militarización de la seguridad, el uso del estado de excepción y la idea de declarar una guerra interna contra el crimen organizado.
No obstante, por la propia historia colombiana, una deriva autoritaria en Bogotá tendría consecuencias más graves que las observadas en Ecuador o El Salvador.
“Milei y Bukele casi parecen moderados al lado de De la Espriella”, sostiene. “Su discurso político, sus alianzas y su insistencia en la mano dura hacen temer un retorno del paramilitarismo y de la persecución política contra militantes de izquierda, sindicalistas, opositores, comunidades LGBT y movimientos sociales”.
El balotaje colombiano también tiene una dimensión internacional. “La derecha saldría fortalecida en todo el continente”, explica Finzi, recordando que “Colombia, junto con México, fue en estos años uno de los principales referentes del progresismo latinoamericano, e incluso mundial, en temas de política exterior, ambiente, políticas sociales y conflictos internacionales”.
El fin del petrismo no significaría solamente volver al escenario previo a 2022, sino retroceder hacia las políticas de seguridad de los años noventa y comienzos de los 2000.
“Sería el regreso de la guerra contra las drogas, con grandes inversiones en tecnología y operaciones militares, incluso con posibles bombardeos contra campamentos guerrilleros”, afirma.
Ese escenario aumentaría la presión sobre Venezuela y Cuba, dos países con los que Petro intentó mantener una relación de diálogo, y volvería a colocar a Colombia, por su ubicación geográfica y su peso militar, como una pieza central de la estrategia de Estados Unidos en la región.