BUENOS AIRES - Setenta años después de los fusilamientos de José León Suárez, la Justicia federal reconoció que aquellos hechos constituyeron crímenes de lesa humanidad y atribuyó al Estado argentino la responsabilidad por su planificación, ejecución y posterior encubrimiento.

La decisión fue adoptada por la jueza federal de San Martín Alicia Vence en el marco de un Juicio por la Verdad impulsado por familiares de las víctimas. Además de establecer la responsabilidad estatal, la magistrada dispuso una serie de medidas reparatorias destinadas a preservar la memoria de los hechos y reparar simbólicamente a las víctimas y sus descendientes.

La sentencia se refiere a los acontecimientos ocurridos entre la noche del 9 y la madrugada del 10 de junio de 1956, en el contexto de la represión desplegada por la autodenominada Revolución Libertadora tras el levantamiento encabezado por el general Juan José Valle contra el gobierno de facto.

Según dio por probado el tribunal, fuerzas policiales realizaron un allanamiento ilegal en una vivienda de la localidad bonaerense de Florida, donde fueron detenidas 12 personas. Los arrestados fueron trasladados primero a dependencias policiales y luego a los basurales de José León Suárez, donde se concretaron los fusilamientos.

Como resultado de ese operativo fueron asesinados Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez, Carlos Lizaso y Mario Brión. Otros siete detenidos lograron sobrevivir.

Entre ellos se encontraba Juan Carlos Livraga, cuyo testimonio fue una pieza central para reconstruir los hechos y que décadas atrás permitió a Rodolfo Walsh iniciar la investigación periodística que derivó en la publicación de Operación Masacre.

En su resolución, Vence calificó los hechos como allanamiento ilegal, privación ilegítima de la libertad agravada, homicidios agravados y tentativas de homicidio. También identificó responsabilidades en la cadena de mando de la época, incluyendo a los dictadores Pedro Eugenio Aramburu e Isaac Rojas, al entonces titular de la SIDE Juan Constantino Quaranta y a jefes de la Policía Bonaerense.

Aunque todos los involucrados fallecieron y ya no es posible avanzar con sanciones penales, la jueza sostuvo que, de haber sido juzgados, les habría correspondido la pena de prisión perpetua.

El fallo incorpora además una serie de medidas orientadas a la reparación histórica.

Entre ellas figuran la difusión pública de la sentencia, la colocación de señalizaciones en los lugares vinculados con los secuestros y fusilamientos, la creación de un sitio de memoria en el predio de los antiguos basurales de José León Suárez y la inclusión de las víctimas en registros estatales de violencia institucional.

La resolución se conoce a siete décadas de los hechos y constituye el primer reconocimiento judicial formal de que los fusilamientos de José León Suárez, uno de los episodios represivos más significativos ocurridos durante la Revolución Libertadora, deben ser considerados crímenes de lesa humanidad.